El caos en las oposiciones de la Generalitat acorrala al Gobierno catalán

El Govern de Pere Aragonès está viviendo una pesadilla inesperada tras el fiasco organizativo de las oposiciones celebradas el pasado sábado a la que estaban llamados 13.600 interinos para optar a 1.800 plazas de funcionarios. Con la convocatoria, en vísperas de la campaña electoral y del Primero de Mayo, el Ejecutivo tenía una oportunidad de limar asperezas con los sindicatos, pero ha acabado teniendo el efecto contrario. Los sindicatos IAC, CC OO y UGT y la oposición, liderada por el PSC, arremetieron en las manifestaciones del Día del Trabajo contra el Govern, que se ha abierto a repetir algunos exámenes de las pruebas que externalizó ante la cadena de anomalías denunciadas por los aspirantes: hasta siete horas de espera para hacer un examen, no garantizar el anonimato de las pruebas, aulas masificadas o aspirantes haciendo los test con el móvil encendido.

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, se reunió este domingo con los sindicatos y anunció que comparecerá en el Parlament tras las peticiones de PSC y Junts, que han vuelto, una vez más, a hacer una pinza contra los republicanos como ya ha sucedido en otros casos como el de la gestión de la sequía. Vilagrà, mano derecha de Aragonès y máxima responsable de la Función Pública, pidió perdón a los aspirantes, asumió las “irregularidades flagrantes” y avisó de que, por ello, el Ejecutivo no pagaría a la subcontrata. En un mensaje en la Red para conmemorar el Primero de Mayo, el president omitió el caso.

El fiasco de la convocatoria se ha producido para el Govern y ERC justo en el peor momento preelectoral, cuando los partidos de la oposición cuestionan su capacidad de gobernar y de gestionar, como ha sucedido con la sequía. Con un gobierno en minoría, las críticas más duras las vertieron sus socios presupuestarios. Illa, líder de la oposición, empatizó con los trabajadores afectados por toparse, después de estudiar, con ese caos organizativo. “¿La respuesta del Govern? Me parece muy pobre. Vamos a ir con mucha calma pero llegaremos al fondo”, dijo en Barcelona antes del inicio de la manifestación del Primero de Mayo. “Un Govern que no sepa organizar unas oposiciones no es el más indicado para dirigir un país”.

Por parte de los comunes y a un mes de las elecciones, quien valoró la jornada fue la alcaldesa y candidata por Barcelona, Ada Colau. También presente en la manifestación, instó al Govern a dar explicaciones y a los responsables de la Función Pública a decir “cómo piensa resolver que estas pruebas se hagan con todas las garantías”, “que se responsabilicen” de las incidencias y “las hagan con garantías”. “No ha funcionado”, dijo y presumió de que el Ayuntamiento, durante sus mandatos, ha hecho “la mayor convocatoria de oposiciones en 40 años de democracia”.

El sindicato IAC, mayoritario en la Generalitat, ya pidió este lunes la dimisión de la consejera al entender que “debería haber sido la garante de todo el proceso”. “A estas alturas todavía no se puede garantizar que no se hayan vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección en la Administración”. La empresa externa, indica el sindicato, era la responsable de la parte técnica, “no de la organización, responsabilidad y autoridad en las pruebas”.

Los líderes de CC OO y UGT apremiaron al Ejecutivo a buscar una solución que ahora mismo está en el aire. Camil Ros, secretario general de la UGT, afirmó que este no es el momento de exigir dimisiones y si soluciones: “Si es esta semana semana mejor que la siguiente, luego ya analizaremos las causas y pediremos responsabilidades”. Javier Pacheco, secretario general de CC OO, remarcó la gravedad de lo ocurrido y exigió una “reparación” para los afectados y reclamó al Govern que deje de “privatizar servicios”. Los dos sindicatos recriminaron la externalización de las oposiciones. “En lugar de cobrar, esta empresa debería de pagar”, dijo Pacheco.

El Departamento de Presidencia optó por externalizar estas oposiciones para ocupar 1.825 plazas a las que optaban 13.600 trabajadores interinos en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. La empresa Cegos, que ahora guarda silencio, ganó un contrato de 1,4 millones de euros por pruebas a realizar entre 2022 y 2024. En 2016, también tuvo el encargo de organizar pruebas en el Metro de Madrid, polémicas porque el examen estuvo en internet antes de celebrarse. El abanico de anomalías detectadas incluye las que siguen: retrasos de por lo menos dos horas en iniciar las pruebas, un grupo que no pudo hacerlas tras siete horas de espera, hojas en las que no se garantizó el anonimato, o personal subcontratado sin formación para atender a los interinos.

Buzón de denuncias

Vilagrà anunció que el Govern abrirá un buzón de denuncias y evaluará las incidencias para concluir si se inscriben en las molestias y no haber dispensado un buen trato a los aspirantes, o bien si tienen consecuencias jurídicas que afecten al principio de “igualdad, mérito y capacidad” que rige una selección de empleo público. Vista la tormenta política que ha desatado el descontrol en los exámenes, la propia Vilagrà anunció que pedirá la comparecencia en el Parlament. La consejera y los sindicatos presentes en la mesa de la Función Pública (IAC, CC OO y UGT) volverán a reunirse el miércoles.

La de este fin de semana era la primera gran convocatoria de oposiciones desde los recortes en la Generalitat a partir del año 2010, cuando la crisis económica llevó al Govern de Artur Mas (CiU) a emprender drásticas medidas de austeridad. La convocatoria de exámenes, de carácter excepcional, con un temario más reducido que en una oposición general, pretende reducir la temporalidad en la administración y estabilizar interinos convirtiéndoles en funcionarios. El objetivo es llegar al 2024 con un 8% de personal interino en la administración catalana.

Anna Grau, candidata de Ciudadanos, pidió al Ejecutivo que no de lecciones de sindicalismo y que aprenda a organizar oposiciones “sin meter la pata, sin desperdiciar dinero público y sin que los opositores tengan que repetir un examen. No quiero ni pensar qué tenía en la cabeza quien subcontrató este servicio”.

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