Los sindicatos instan al Parlament a aprobar, “por obligación moral”, unos presupuestos sociales

El Govern necesita aprobar los presupuestos de este año si quiere garantizar su estabilidad, pero Esquerra Republicana, ahora en minoría en el Ejecutivo, lo tiene más difícil tras la ruptura con Junts, y tiene que mirar a otros grupos políticos para buscar potenciales socios. También está mirando más allá del arco parlamentario, y se ha reunido con las patronales y los sindicatos para escuchar sus propuestas, con la esperanza de que un acuerdo con los agentes sociales arrastre a los partidos políticos. CC OO y UGT han presentado este jueves en una rueda de prensa conjunta la batería de medidas que trasladarán al Govern en una nueva reunión la semana que viene, y que incluyen un plan de choque ante la actual situación de aumento de los precios, y políticas a largo plazo para la transformación económica y para garantizar la protección del Estado del Bienestar.

“Si nos buscan es porque nos necesitan. Eso está bien, porque nos hacen caso. Antes solo nos los presentaban y opinábamos pero los presupuestos ya estaban decididos, ahora se ha recuperado este diálogo social. Tiene el valor de que cuando hay acuerdo social acostumbra a haber acompañamiento de los partidos”, ha explicado el secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, que ha instado al Parlament a acordar unos presupuestos sociales: “Tienen la obligación moral de no mirar la calculadora electoral y mirar por el país”. Su homólogo en CC OO, Javier Pacheco, ha destacado que las centrales trabajarán para que salgan adelante las cuentas y para “dar estabilidad a un gobierno que está en inferioridad representativa”. Tiene que haber presupuestos “sí o sí”, han dicho ambos, para no renunciar al anticipo adicional de 3.100 millones de euros que se prevén para estas cuentas, y que tienen que servir para ayudar “a las familias que lo están pasando mal por la crisis de los precios”.

Los líderes sindicales han explicado que la semana pasada tuvieron una reunión con el Govern para iniciar el diálogo sobre los presupuestos,que la semana que viene presentarán sus propuestas en otra reunión, y que tienen contactos con otras formaciones políticas. El gobierno de Pere Aragonès, por su parte, se reunió el pasado viernes con las patronales catalanas para explicarles las líneas maestras de las cuentas. “Aunque sea porque el Gobierno tiene poca representatividad, es importante que haya este tipo de acuerdos, porque significa que habrá más consensos”, ha explicado Ros. En este movimiento envolvente también entran las aritméticas parlamentarias en el Congreso. Pacheco ha expresado que sería “muy bueno para todas las políticas que hubiese mayorías de izquierdas en Madrid y en Cataluña”, en referencia a la posibilidad de que ERC apoye al Gobierno de Sánchez en los presupuestos generales, a cambio de que el PSC acuerde con el Govern los catalanes.

Entre las propuestas que han presentado los sindicatos están las medidas de un plan de choque para hacer frente al contexto actual de inflación y crisis energética: crear un fondo de protección ante el aumento del precio de las hipotecas; crear un bono social de suministro con un pago único de 150 euros; impedir los cortes de suministro y dar una solución a las deudas acumuladas por las familias; bonificar permanentemente los abonos de transporte público; o actualizar el índice de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), congelado desde hace 12 años, que determina los importes y los baremos para acceder a ayudas sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía. “El Govern tiene que ser coherente: mientras el índice estatal ha aumentado en los últimos tres años un 8,7% desde 2017, y el IRSC, que se creó precisamente para superar el indicador estatal, está congelado y ya está por debajo”, ha dicho Ros. En este sentido, los sindicatos también reclaman que se amplíe la cobertura de la Renta Garantizada, y que se establezca un salario mínimo de referencia en Cataluña de 18.477 euros brutos anuales (1.319,8 euros brutos al mes en 14 pagas), que tendría que servir para marcar el mínimo en las contrataciones públicas y para que sirva de referencia en la negociación de convenios. En cuanto a las políticas a largo plazo, los dos sindicatos han reclamado que se dedique el 6% del PIB a educación, el 7,5% a sanidad, el 2% a dependencia y el 2,2% a inversiones en investigación, y han presentado medidas en relación a la vivienda o a la formación profesional.

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