Cataluña insta al Gobierno a que obligue a los bancos a tener cajeros en todos los municipios

El Gobierno catalán quiere tomar medidas para que los pueblos que sufren exclusión financiera (es decir, que han perdido los servicios bancarios tras la reducción de oficinas por parte de las entidades financieras) tengan, al menos, un cajero automático. Pero no tiene competencias para ello, así que ha elaborado una proposición de ley estatal, que entregará a los grupos políticos del Congreso para que, si están interesados, lo tramiten y aprueben para que tenga aplicación en todo el territorio español. La propuesta prevé una fase en la que los bancos voluntariamente puedan instalar cajeros en los municipios afectados. Donde no haya voluntarios, sería la administración la que pondría los cajeros, aunque la financiación procedería de un fondo alimentado por los bancos, que estarían obligados a aportar dinero según su cuota de mercado en el territorio. El Govern calcula que si se tramita la ley en el Congreso, el proceso tardaría un año en implementarse.

La exclusión financiera es un problema que afecta a buena parte de los municipios del entorno rural, y que preocupa a las administraciones, que en sus distintos niveles han ido presentando medidas. Precisamente el Senado dio este miércoles un plazo de tres meses para que el Gobierno legisle contra la retirada masiva de la presencia bancaria. La semana pasada, la vicepresidenta Nadia Calviño exigió medidas a los bancos después de reunirse con un jubilado que está impulsando una campaña en change.org para que las entidades ofrezcan atención presencial a las personas mayores. También el miércoles, la diputación de Barcelona presentó un plan de incentivos para que los bancos vuelvan a los municipios que han abandonado en los últimos años, una medida para la que la administración provincial destinará un millón de euros. Y la diputación de Guadalajara, en Castilla La Mancha, también ha destinado fondos para instalar un centenar de cajeros en el ámbito rural. También existen otros convenios entre municipios o diputaciones y entidades financieras para garantizar este servicio, aunque de forma puntual en el territorio.

El debate, pues, está a la orden del día, y la Generalitat quiere impulsar que la cuestión llegue al Congreso, aunque reconoce que no puede llevar a cabo medidas concretas al no tener las competencias. El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha presentado este jueves la proposición de ley, y se ha referido a las demás iniciativas: “Las respetamos todas, porque todo el mundo está tomando consciencia de que este es un problema grave. Pero creo que no se tiene que utilizar ni un euro público para un servicio básico que prestan entidades privadas. Me parecería una anomalía”.

En Cataluña, 443 municipios (casi la mitad del total) no tienen oficina bancaria ni cajero automático. Esto afecta a unos 250.000 habitantes. La situación se debe a la progresiva concentración bancaria y a la irrupción de la banca online: Cataluña ha perdido 5.582 oficinas desde 2008, una disminución del 68%. “No nos podemos permitir abandonar el territorio, ya que la exclusión financiera correlaciona directamente con la pobreza. Las personas mayores y con pocos recursos son las víctimas de este proceso bancario, y no es exagerado hablar de pobreza bancaria igual que hablamos de pobreza energética”, ha aseverado Giró. “Además, la deserticación bancaria tiene un efecto devastador en el territorio, que difícilmente atraerá empresas o nueva población”, ha añadido.

El consejero, que se ha reunido con representantes de asociaciones municipalistas que le han dado apoyo en la propuesta, se ha mostrado confiado en que los bancos no se opondrán a una proposición de ley que ve “viable y realista”, aunque ha reconocido que no ha hablado con el Banco de España ni con patronales bancarias, y que no tiene asegurado que este texto se tramite en el Congreso.

De tramitarse, la proposición de ley prevé varias fases en un calendario que se demoraría un año en implantarse. Primero, se daría un plazo de un mes para que el Banco de España elaborase una lista de los municipios que no tienen cajeros automáticos. Más tarde, los municipios afectados detallarán qué locales se pueden usar para poner los cajeros (o si prefieren una opción móvil como un autobús con un cajero que pase por los municipios periódicamente) y se presentará esta lista a las entidades bancarias para que decidan voluntariamente dónde quieren instalarse. Por último, ahí donde no se haya presentado ninguna entidad voluntariamente, serían las administraciones locales o supramunicipales las que, subsidiariamente, asumirían la responsabilidad de instalar un cajero, ya que la proposición de ley prevé que el acceso a los servicios bancarios sea un derecho subjetivo.

El coste de la instalación y el mantenimiento se financiaría gracias a un fondo en el que los bancos que no se hayan presentado antes voluntariamente estarían obligados a aportar dinero según la cuota de mercado (número de cuentas e hipotecas) que tengan en el territorio afectado. El departamento calcula que para cada cajero es necesario destinar unos 20.000 euros más un 10% de mantenimiento. En cualquier caso, retirar dinero de estos cajeros no implicará pagar una comisión.