La Diputación de Barcelona intenta llevar cajeros a 50 municipios para frenar la exclusión financiera

La provincia de Barcelona cuenta más de un centenar de municipios sin rastro bancario alguno. Ni oficinas ni cajeros automáticos que permitan a sus habitantes conseguir efectivo, lo que les obliga a kilómetros de carretera para tener efectivo. La Diputación quiere tratar de poner algo de orden a esos casos de exclusión financiera y lanzará un concurso este año con el objetivo de que las entidades financieras vuelvan a aquellas plazas de menos de 5.000 habitantes que han ido abandonando en los últimos años, al albur de un imparable recorte de oficinas y trabajadores para reducir costes y maximizar beneficios. La corporación municipal prevé destinar en torno a un millón de euros a la iniciativa, que tendrá que ser complementado por ayuntamientos con la cesión de espacios, para que entre 50 y 60 municipios vuelvan a tener esa oferta financiera.

La Diputación prevé captar el compromiso de la banca durante cuatro o cinco años a través de un concurso público en el que habrá una serie de exigencias para las entidades interesadas. Entre ellas, que haya un compromiso de incluir servicio de tutores para facilitar determinadas gestiones o cajeros con reconocimiento biométrico para facilitar el uso por parte de personas mayores. El diputado de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, Josep Arimany, ha asegurado este miércoles que serán “exigentes” con las condiciones, con lo que no descartan que el concurso acabe desierto y se tenga que volver a poner en marcha, una vez modificado. “Seremos muy estrictos, porque esto no saldrá gratis y quizás no le interese a ninguna entidad”, ha afirmado, siempre con la seguridad de que la iniciativa puede llegar a ser rentable para las entidades de crédito que apuesten por instalarse en el territorio.

El problema llegó al pleno de la Diputación en octubre pasado, que aprobó por unanimidad una moción presentada por Ciudadanos. En ella se ponía de manifiesto que la provincia de Barcelona era una en las que mayor concentración de cajeros existe, si bien “99 de los 311 ayuntamientos carecen de este tipo de máquinas [cajeros]”. En base a esa conclusión se instaba a abrir un diálogo con los bancos para que se comprometieran a instalar “oficinas ventanilla u oficinas móviles y cajeros automáticos que cubran servicios básicos”.

La solución adoptada ha sido la de iniciar un concurso con condiciones ventajosas con aquellas entidades interesadas, a cambio de facilidades económicas y logísticas, en volver a municipios que han abandonado previamente. Es una decisión que llega en pleno ruido sobre la exclusión financiera que afecta a mayores y a lugares despoblados, aquellos que pierden el interés económico de la banca por falta de masa crítica de clientela. El Ministerio de Economía ha cargado contra el descuido de la banca de determinados territorios por falta de negocio, a lo que se ha sumado el Banco de España. Como consecuencia, la patronal del sector, la Asociación Española de Banca, ha avanzado en un un protocolo de buenas prácticas para capear el temporal que mina la ya tocada reputación de las entidades financieras.

La Diputación de Barcelona asume que el éxito de su iniciativa queda a expensas de la voluntad de la banca y que, en caso de un concurso desierto, no podrá ser la corporación municipal la que dé una alternativa. “No estamos para sustituir”, ha señalado Xavier Forcadell, coordinador del área de Innovación de la Diputación. Pero Arimany también ha dejado claro que no se puede esperar más tiempo para intentar poner en marcha iniciativas, pese a que otros estamentos e iniciativas estén estudiando alternativas. Otras diputaciones ya han iniciado medidas similares a las que ahora explorará la de Barcelona.