Los pagos en negro a los ‘mossos’-escoltas

Cuando las vidas de un presunto estafador internacional y de un mosso convertido en empresario de seguridad se cruzaron, todo salió mal. Alain Nicolas, libanés de 25 años, se sentía amenazado por un exsocio y en abril contrató los servicios de Double Group, una empresa pilotada por un policía en excedencia, Marc Fortiana, especializada en proteger a personalidades como Leo Messi. Fortiana cubrió las espaldas de Nicolas con dos vigilantes y un Range Rover. El precio: 900 euros al día que, muy pronto, el libanés dejó de pagar.

Por el motivo que sea, Fortiana confió en un cliente que se presentó como empresario de la moda y experto en criptomonedas. El joven logró instalarse con su novia, Inés I., en una mansión de Sant Cugat sin pagar un euro, tras convencer al propietario de su solvencia. El mosso le pagó un viaje en avión privado a Marbella, le dio un préstamo sin intereses y hasta pagó la seguridad de su padre en Líbano. A finales de mes, el joven le debía más de 63.000 euros. Enfurecido, Fortiana entró en su casa: “¡Quiero mi dinero ya! ¡No me voy de esta casa hasta que no tenga mi puto dinero!”

Así consta, al menos, en la denuncia presentada por Nicolas, origen de una investigación de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos que ha destapado una presunta red de sobresueldos opacos a policías en activo. Un juez de Rubí (Barcelona) investiga si Fortiana y sus colaboradores ―entre ellos, varios agentes― retuvieron a Nicolas e Inés en la casa de Sant Cugat contra su voluntad y, bajo coacción, se apropiaron de sus pertenencias, incluido “un diamante amarillo engastado” valorado en 800.000 euros que, presuntamente, perteneció a la bisabuela de la chica.

Pero la causa, a la que ha accedido EL PAÍS, tiene otra derivada que afecta a la reputación de los Mossos. El juez indaga si Fortiana hacía “pagos no declarados” a policías “en activo” a cambio de trabajos esporádicos en el ámbito de la seguridad y, también, de informaciones que solo podían obtener desde su posición privilegiada de funcionarios: por ejemplo, la consulta de bases de datos oficiales. Asuntos Internos sospecha que fueron pagos en metálico para “no dejar rastro”. Según la denuncia de la chica por el presunto robo con fuerza, Fortiana alardeó de tener una gran cantidad de efectivo y de que había mandado construirse una casa de millón y medio de euros en Vallromanes (Barcelona) con “dinero en negro”. Las conversaciones telefónicas cuya intervención ordenó el juez apuntan en la misma dirección: Fortiana habla de pagar “8 en nómina y 10 en cash” y menciona la entrega de sobres de 500 y 1.000 euros.

Para Fortiana, en excedencia desde 2017 e impulsor de un puñado de empresas (control de accesos, vigilantes, coches de lujo, limpieza), contar con agentes de la policía catalana le servía para “dar un valor añadido y de calidad a los servicios de su empresa”, según consta en uno de los informes de Asuntos Internos. Cuando un cliente se interesa por un servicio de acompañamiento por teléfono, el empresario es elocuente: “La mayoría de nuestros jefes de empresa, yo el primero, venimos del cuerpo de Mossos. Todos somos policías, o sea, de grupos especiales de Mossos”.

Las llamadas muestran la penetración de Fortiana en algunos sectores del cuerpo policial. Un tal Carles rechaza “un servicio de tres días” porque tiene trabajo. Un cabo, Amadeu, acepta hacer de escolta de un empresario árabe por 200 euros, le pide “un polo de la empresa” para dar el servicio y le pregunta qué va a hacer el tipo en Barcelona. “Yo qué sé, puede ser un puticlub o puede ser ir de compras al paseo de Gràcia (…). Tú irás con el VIP todo el día”, le dice el empresario en una llamada del mes de junio.

Esos mossos que ofrecían servicios esporádicos pueden haber infringido el régimen disciplinario que, como recuerda Asuntos Internos, les prohíbe ese tipo de actividad laboral. Pero hay otros con una vinculación mayor con el negocio que están en el epicentro de la investigación. El pasado octubre, Fortiana fue detenido junto a otros tres policías: Raquel V., su pareja, mano derecha en los negocios y policía en Ciutat Vella, y los agentes Daniel S. y José G. El Departamento de Interior los apartó. La instrucción les atribuye, según los casos, los delitos de robo con fuerza, soborno y revelación de secretos.

Una furgoneta para la coacción

Raquel V. hizo búsquedas sobre la chica denunciante el mismo día en que Fortiana irrumpió en su casa. Daniel S. también consultó bases de datos oficiales cuando la joven denunció el robo. Y José G. se presentó en la casa de Sant Cugat de uniforme y al mando de una furgoneta de ARRO (orden público) de los Mossos, la unidad en la que había servido Fortiana. Su presencia allí sirvió para “aumentar la sensación de coacción” de las presuntas víctimas.

Tras declarar ante el juez, Fortiana pagó una fianza de 85.000 euros y quedó en libertad. En un escrito remitido al juzgado, niega los delitos que se le atribuyen y critica la “falta de consistencia” de la denuncia de Nicolas, a quien él mismo acusa de estafa en una denuncia que cita una página de Facebook en la que decenas de personas señalan al libanés como estafador. El empresario admite que fue a su casa para reclamarle la cantidad adeudada, pero afirma que ni lo presionó ni se llevó nada sin su consentimiento. También niega que recibiera información confidencial de mossos a cambio de dinero.