Incondicionales del ‘procés’ en horas bajas
Los partidarios de Puigdemont siguen creyendo que la declaración unilateral de independencia es posible a pesar de verse contrariados desde 2015
El independentismo que cree en el milagro no ha muerto. El expresidente Carles Puigdemont lidera a quienes mantienen viva esa llama. El pasado jueves 1 de octubre a través de las redes sociales lanzó su mensaje desde Waterloo: “Cataluña ahora puede ratificar la decisión tomada hace tres años” ―en el referéndum de 2017―, “con el Estado español o sin contar con él”. Esa reiterada pretensión de dar verosimilitud a lo que hasta ahora no ha superado los límites de la ficción cuenta con un respaldo de votos difícil de precisar. Será, no obstante, el reclamo que nuevamente utilizará Junts per Catalunya en las elecciones catalanas previstas para febrero de 2021.
Con ello tratan de aglutinar a los incondicionales del procesismo: quienes creyeron que los comicios de 2015 eran plebiscitarios y se ganaron; que la independencia era cosa de 18 meses y que se cumpliría el mandato de la consulta del 1 de octubre de 2017. Electoralmente no les ha ido mal, pues con ese banderín de enganche Junts per Catalunya logró hacerse con la hegemonía independentista en los comicios de hace tres años que convocó Mariano Rajoy blandiendo el artículo 155 de la Constitución y que auparon al ahora inhabilitado Quim Torra a la presidencia. Pero hay síntomas de cambio.
En la práctica el pensamiento independentista mágico ha paralizado las instituciones catalanas. Javier Pacheco, secretario general de CC OO de Cataluña, afirma que “si hay una mayoría procesista con Puigdemont a la cabeza se mantendrá la confrontación, cuando lo que es necesario es definir modelos de concertación, diálogo social y consenso parlamentario”. “Ahora hay que aprovechar la fuerza de la inversión pública de la mano de esos 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea”, añade Pacheco.
En la sociedad catalana parece que algo se mueve. El pasado viernes el Centre d’Estudis d’Opinió, el CIS catalán, hizo pública una encuesta en la que el 58,5% de los consultados aseguraban que el Govern no sabe cómo resolver los problemas. El Ejecutivo de Torra suspendía en el estado del autogobierno, actuaciones en materia económica, lucha contra el paro, políticas contra las desigualdades sociales, lucha contra la temporalidad de los contratos, vivienda, seguridad ciudadana y justicia.
No es extraño que se aferre al vulgar materialismo una parte de la ciudadanía independentista que ha visto como se han incumplido las promesas esbozadas por el inhabilitado presidente de la Generalitat: no ha restituido a los consejeros cesados por la aplicación del artículo 155; no ha hecho ningún gesto concreto ―más allá de lo meramente verbal― respecto a la sentencia contra los 12 líderes independentistas; no ha convocado otro referéndum tras la sentencia del procés; no ha llevado a los tribunales la actuación de los mossos durante los disturbios por la sentencia de los líderes independentistas; y ha acabado acudiendo a una mesa bilateral con el Gobierno central sin mediador ni orden del día. El último episodio fue dar por agotada la legislatura en enero de 2020, declarar perdida la confianza en sus aliados de Esquerra Republicana. Ocho meses después remodeló el Govern.
Dentro del independentismo hay quien suscribe la orteguiana creencia de que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Afirmaciones como las de Torra de que “la autonomía es un obstáculo para la independencia”, suenan tan erráticas como las del fallecido el líder popular Manuel Fraga sobre el condón en tiempos de sida: “una barrera para el placer y una telaraña para el contagio”. Lo cierto es que ahora la pandemia y el cansancio han reducido la participación en las manifestaciones de apoyo a Quim Torra tras su inhabilitación, a pesar de que coincidieron con las movilizaciones por el tercer aniversario de la consulta de octubre de 2017. Y ya se sabe que la tensión es el tónico que precisa el puigdemontismo para sobrevivir. Y puede reavivarse en cualquier momento, lo que obliga a moverse al Gobierno central. Eso opinan tanto el sindicalista Javier Pacheco como el politólogo Lluís Orriols, quienes aseguran que tanto los indultos como la revisión del delito de sedición en el Código Penal destensarían la situación. “El cortoplacismo trazado por vínculos carismáticos da la victoria a Junts per Cataluña sobre Esquerra” añade Orriols, para quien “ERC debería subir su autoestima, pues en las encuestas recupera la intención de voto que perdió frente a Puigdemont en 2017″.
Desde Esquerra hay quienes aportan dosis de realismo: “Tengo el convencimiento de que ningún líder independentista se cree que seamos república y tengamos un mandato”, asegura un dirigente. Y remacha: “ERC necesita que se aprueben los presupuestos del Estado, pues el otoño y el invierno se presentan socialmente complejísimos”. La citada fuente reconoce que los indultos y la reforma del Código Penal contribuirían al acuerdo.
En los comicios de febrero próximo, el independentismo ―que ahora cuenta con el 47,8% de los votos― podría superar el umbral del 50%, al optar por la abstención parte del electorado españolista, que no se siente amenazado como en 2017. JuntsxCat aprueba este fin de semana su ponencia política que plantea, si rebasan ese umbral, pedir a la Unión Europea su mediación para forzar al Gobierno a autorizar un referéndum. En cualquier caso, la incógnita estriba en saber quién se hará con la hegemonía y si ERC resistirá la tentación de mirarse en el espejo de Junts.
