Un compromiso por Cataluña

Parece bastante evidente que Cataluña [/CAP3]está inmersa en una triple crisis de gobernanza, económica y social y de reputación. La pandemia pone al descubierto, crudamente, las debilidades estructurales de Cataluña en terrenos tan sensibles como sanidad, educación, empleo o tejido industrial y la debilidad de nuestras instituciones, Parlament, Govern y Presidencia de la Generalitat, prisioneras a menudo de posiciones nominalmente radicales que no conducen a ninguna parte. Nunca como hoy Cataluña había tenido tan poca influencia en España y Europa.

En pocas semanas, el Gobierno autonómico ha pasado de afirmar que habría gestionado mejor por su cuenta la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia y de endosar al estado el origen de los problemas (nueva versión del “España nos roba”) a mostrar su falta de determinación y autoridad para abordar los rebrotes.

La crisis es reflejo de la incapacidad del Gobierno independentista de asumir sus responsabilidades en la administración cotidiana de lo que preocupa a la mayoría ciudadana, como la evolución de la pandemia, la situación de la economía y de las empresas o la educación, y también subraya las diferencias entre los socios de Junts per Catalunya y ERC ante la perspectiva de unas elecciones en otoño, en abierta competición por atraerse al electorado independentista aunque sea desdibujando sus respectivos planteamientos ideológicos.

Los comicios son necesarios para clarificar el panorama político catalán, para decidir las estrategias que permitan al país salir de la depresión social y económica y le ayuden a recuperar la autoestima, pero corren el peligro de convertirse en otra paralizante disputa entre las dos fuerzas independentistas mayoritarias.

En este marco, la oferta liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont supone una vuelta al pasado: la fe ciega en un relato tan mágico como imposible que no encuentra eco fuera de su entorno pero sirve para controlar los mecanismos de poder y de influencia en la institución autonómica, con un presupuesto de más de 25.000 millones de euros y 200.000 empleados públicos. Es un camino conocido: más parálisis y desgaste, más erosión al gobierno progresista de España y más alejamiento de Europa cuando es más necesaria que nunca.

En Cataluña tenemos un problema político que se debería resolver mediante el diálogo y los pactos, como correspondería a una sociedad madura, plural y diversa. La solución no vendrá de las decisiones unilaterales pero tampoco de las estrictamente judiciales. No hay otro camino que conseguir un amplio compromiso por asegurar la cohesión social y la unidad civil, por obtener más autogobierno pero también mayor efectividad en el gobierno. Por defender la realidad nacional y cultural de Cataluña y por comprometerse con la gobernabilidad y la pluralidad de España, por la voluntad de querer jugar un papel relevante en Europa contando con el gran activo que es la ciudad de Barcelona.

Existe, estoy seguro, una vía diferente y posible de progreso para Cataluña de la mano del catalanismo transversal e integrador y de las fuerzas políticas que se reconocen en él. Estoy convencido de que el catalanismo, plural y diverso como la propia sociedad, inclusivo, europeísta y solidario tiene la obligación de ponerse de acuerdo para ofrecer soluciones al conjunto de la comunidad.

Mario Romeo, notario, es presidente de Portes Obertes del Catalanisme