Sevilla carece de puntos públicos de recarga para coches eléctricos pese a que anunció 700 hace un año

Sevilla prometió hace más de un año que pondría una alfombra roja a los conductores de coches eléctricos, cada vez más numerosos. Pero hoy no hay ni un pelo de moqueta extendida en las calles. El fiasco en la capital andaluza retrasa el adiós a los coches de combustión después de anunciar a bombo y platillo en junio de 2022 que pondría de una tacada 700 puntos de recarga públicos, la mayor apuesta del país. Hoy no hay ninguno en funcionamiento para desesperación de los conductores y de las empresas concesionarias, algunas de las cuales culpan a Endesa de entorpecer la movilidad eléctrica y la distribuidora rebate que la pelota no está en su tejado. Este salto para dejar atrás los humos en las calles es clave para paliar el aumento de temperaturas previsto en una ciudad acostumbrada a batir récords con el mercurio.

Sevilla está hoy a la cola de las grandes ciudades para facilitar la recarga a los híbridos enchufables y eléctricos, con 132 puntos repartidos por gasolineras, centros comerciales y hoteles. Si Barcelona está a la cabeza con 1.711, Madrid tiene 1.165, Valencia 282 y Zaragoza 171, según datos de la patronal de fabricantes Anfac. Desde el pasado noviembre, el empeño de las cuatro empresas ganadoras del concurso para agilizar los trámites en la capital andaluza sigue atascado, con el Ayuntamiento (PP) como mediador porque la red va a paso de tortuga y sigue sin brotar. Solo un punto de recarga de los 700 previstos dispone de CUPS (el identificador para poder dar energía), pero aún carece de monolito de recarga y sigue inactivo.

“La red eléctrica de Sevilla tiene una evidente falta de capacidad y Endesa tiene que invertir, forma parte de su cometido y en algunos puntos solo esperamos su visto bueno. Es una burocracia impuesta por la distribuidora, que tiene una red de subcontratas detrás”, critica Marco Antonio Alcoba, representante en Andalucía de Eranovum, una de las cuatro empresas operadoras y que debe culminar la puesta en marcha de 200 puntos de recarga.

Entre este año y el próximo, la red eléctrica de Sevilla debe sumar 34 megavatios a la tensión urbana disponible, ya que entrarán en funcionamiento 175 cargadores semirrápidos de 44 kilovatios, 140 cargadores rápidos de 100 kilovatios y 35 cargadores ultrarrápidos con 350 kilovatios. El Ayuntamiento promete que a finales de año estarán en funcionamiento los 175 cargadores semirrápidos, pero el anuncio no casa con los datos de Endesa, que se traducen en un ritmo de implantación mucho más lento.

La distribuidora tiene un enorme problema en la capital andaluza con su red de tensión, lo que provoca frecuentes cortes de luz a 38.000 sevillanos, que se manifiestan con regularidad bajo la plataforma Barrios Hartos. Los vecinos acusan a Endesa de no invertir en nuevos transformadores, que acaban ardiendo por las subidas de tensión, mientras que la compañía culpa a los narcopisos y sus plantaciones de marihuana, que conectan a la red miles de lámparas para que sus cosechas se multipliquen.

Sobre el lento ritmo que arrastra la red de cargadores, la distribuidora echa balones fuera y dice que solo tiene encima de la mesa 119 solicitudes de acceso a la red, del total de 350 puntos dobles de recarga previstos. Es decir, que menos de la mitad de los 700 puntos previstos están en trámite y la red puede tardar años en completarse. Por si fuera poco, Endesa alega que de esos 119 cargadores, solo uno está por contratar, 25 están en ejecución de obra, 14 pendientes de contestar por Endesa y la mayoría, 79, deben aún ser aceptados por las operadoras. “Cumplimos los plazos en la fórmula para ordenar el trabajo, es todo progresivo”, alega una portavoz de Endesa.

¿Qué ha pasado con los 231 puntos restantes que están en un limbo sin tramitar? Eranovum asegura que fueron solicitadas en un principio, pero recibieron la respuesta negativa de Endesa. Y dado que la comunicación es a través de una plataforma de la distribuidora, esta solo contesta con una negativa a la petición de una potencia concreta, sin aclarar el tope disponible. De este modo, la operadora vuelve a requerir a ciegas otra potencia menor, y el plazo de un mes vuelve a contar con el reloj a cero.

Entre los operadores y Endesa, el Ayuntamiento intenta desatascar el parón “para equilibrar los intereses de unos y otros”, aduce una portavoz municipal. “La agencia local de la energía está mediando con Endesa y trabaja para encontrar soluciones para los puntos con problemas en su ubicación”, añade. La última reunión entre responsables municipales y las cuatro empresas instaladoras -Eranovum, Cable, Wenea y Endesa X Way- se celebró hace una semana. El Ayuntamiento se comprometió a garantizar ubicaciones que no interfieran con la red pública de alumbrado y telefonía, para allanar el camino a Endesa. De momento, los puntos avanzan en Cartuja, Bellavista-La Palmera, Cerro Amate y Nervión, pero hay muchos más barrios sin estaciones de recarga con los trámites en marcha.

Tras solicitar las operadoras a Endesa el lugar exacto y la potencia que quieren para un poste de recarga concreto, la distribuidora dispone de 30 días para comunicar las condiciones técnicas y económicas de la obra necesaria. A continuación, la compañía solicitante dispone de seis meses para aceptar dichas condiciones y pagar los derechos de extensión de la red. La mayor presencia de cargadores de baja o alta potencia se traducirá en que los coches necesiten estar enchufados entre tres y cinco horas, 40 o 50 minutos, o solo 20 minutos, lo que hará que la rotación de vehículos sea más intensa y eficaz.

Un retraso enquistado en todo el país

Los 325.000 vehículos eléctricos que hay en España (puros e híbridos enchufables) crecen a un ritmo exponencial, pero este podría ser mucho mayor si la red de cargadores se multiplicara, pasando de los 25.000 puestos actuales al objetivo lejano del Gobierno para fin de año, 100.000 puntos de recarga. De un plumazo desaparecerían los miedos y las dificultades de muchos conductores que viven en pisos sin garajes y no en casas.

Las empresas que despliegan la red de electrolineras y puntos públicos por todo el país se quejan de la escasa colaboración de las distribuidoras eléctricas, que frenan su explosión. “La comunicación y peticiones con las distribuidoras es a través de sus plataformas, un proceso poco eficiente porque cargas información y esperas a que te actualicen. No te dan alternativas, es jugar a los barcos”, ejemplifica Adrián Pérez, director de estrategia y márketing de Zunder, empresa que ha ganado concursos en ciudades como Zaragoza o Vitoria. Las distribuidoras aún no hacen pública la capacidad de red disponible en cada punto, lo que impide que las empresas sepan desde el principio qué potencia pueden pedir para cada ubicación.

Al margen de las trabas de las distribuidoras, la burocracia administrativa también ralentiza la instalación de puntos de recarga: “Sufrimos situaciones ridículas de hablar con hasta 10 entes para un solo punto, mientras que en Francia solo interactúas con el Ayuntamiento, hay ventanilla única”, lamenta Pérez. En el país vecino la instalación de puestos de recarga suele tardar unos tres meses y en España se puede dilatar más de un año e incluso dos. Mientras en Francia tan pronto la operadora paga los derechos de acceso a la red a la distribuidora eléctrica, esta debe empezar los trabajos, en España la distribuidora puede guardar el dinero en caja durante meses, a la espera de que la operadora acabe sus trabajos y el punto esté listo, y solo entonces comienza sus obras. “El sector industrial que opera electrolineras a gran escala confirma plazos de hasta dos años para la puesta en operación de los puntos de recarga”, confirma una portavoz de Seopan, la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está pendiente de regular tras el verano las condiciones de acceso a la red para desatascar el parón. Mientras llega esta norma, cada distribuidora eléctrica aplica sus propias reglas. “En Cataluña por ejemplo hemos constatado que los trabajos asociados a la extensión de red por parte de la distribuidora [Endesa] han supuesto una limitación a la hora de agilizar el desarrollo de puntos de carga”, recuerda Arturo Pérez de Lucia, director general de la presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive). Esta asociación denunció el pasado mayo ante la CNMC que todavía hay un centenar de municipios que exigen una licencia de obras a las empresas para instalar puestos de recarga, pese a que desde 2021 un Real Decreto permite hacerlo con una simple declaración responsable, otra traba burocrática más.