El juez frena los intentos de convertir el ‘caso Koldo’ en una “causa general” contra el Gobierno

El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha frenado los intentos de convertir este sumario en una “causa general”. A través de varias resoluciones dictadas en los últimos meses, el magistrado ha marcado cuáles son los límites de sus pesquisas —que tienen como epicentro la trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos (PSOE) para conseguir contratos públicos de compraventa de mascarillas en la pandemia— y, además, ha rechazado las pretensiones de varias acusaciones populares de citar a declarar como testigos o imputados a una decena de altos cargos vinculados con los Gobiernos socialistas que no han sido señalados ni por el propio juez, ni por la Fiscalía Anticorrupción ni por la Guardia Civil.

El magistrado ha denegado, entre otros, los interrogatorios de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su esposa Begoña Gómez; de Óscar Puente, actual ministro de Transportes; de Nadia Calviño, exvicepresidenta del Ejecutivo y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones; de Francina Armengol, presidenta del Congreso y exjefa del Gobierno balear; y de Leonardo Marcos González, exdirector de la Guardia Civil.

Desde que arrancó la investigación hace dos años y medio, la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ido con pies de plomo. Los agentes y el ministerio público han escalado por la trama a medida que contaban con indicios suficientes para subir un escalón más —lo que les ha permitido llegar hasta Ábalos, a quien el Tribunal Supremo encausó la pasada semana—. Esta es la “vía correcta” para evitar cualquier extralimitación, según ha señalado el magistrado en uno de sus escritos. Sin embargo, varias acusaciones populares han desplegado una intensa ofensiva para ir más allá y extender la causa por el Gobierno de Sánchez.

La formación ultraderechista Vox forma parte de ese grupo de acusaciones populares. El partido ha tratado desde un primer momento de señalar a la cúspide del Ejecutivo y del PSOE: “Sánchez, conocías a [Víctor de] Aldama, [uno de los empresarios imputados]. Con él has montado la mayor trama de corrupción que se ha conocido en Moncloa. Dimite, sinvergüenza. Y ponte a disposición judicial”, tuiteó su líder, Santiago Abascal, a finales de este octubre. En esa línea, Vox ha llegado a pedir a la Audiencia Nacional que recabe las actas de todos los Consejos de Ministros celebrados entre enero y agosto de 2020 que tuviesen alguna referencia a contrataciones por la covid. Pero el magistrado Moreno lo rechazó porque, de dar luz verde a ello, “convertiría el procedimiento en una causa general sobre las adjudicaciones de suministro de material sanitario”.

El grupo ultracatólico Hazte Oír, también personado como acusación popular, ha tratado igualmente que Pedro Sánchez y Nadia Calviño declaren como testigos en el sumario, después de que el informe de la UCO sobre Ábalos señalase que Víctor de Aldama trató de influir en el rescate de Air Europa. “Sus declaraciones nada nuevo van a aportar”, respondió el magistrado de forma contundente al descartarlas, a la vez que insistía en que no indaga en esta causa sobre “las posibles irregularidades que hubieran podido existir en las ayudas concedidas” en dicha operación. Es más, Anticorrupción y el juez han recalcado que, de momento, no existen indicios de que la trama realmente lograse influir en el rescate.

Aun así, estos intentos de extender la investigación al rescate de Air Europa se suceden desde hace meses. En abril, el instructor ya denegó dos veces citar como testigo a Begoña Gómez, tal y como le pidieron por la supuesta relación que la mujer del presidente podría haber tejido con Aldama y Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, propietaria de la aerolínea. “Son meras informaciones periodísticas no contrastadas”, desechó el juez, que habló de meras “especulaciones”.

La lista de negativas es aún más larga. El juez rechazó hace dos semanas imputar a Francina Armengol; a su antigua consejera autonómica de Salud, Patricia Gómez Picard; y a otros tres ex altos cargos de la Administración regional por los contratos que obtuvo la trama en Baleares. En el caso de la presidenta del Congreso, el magistrado no entró ni en el fondo del asunto al ser aforada, pero añadió sobre los otros cuatro: “A día de la fecha, no se dispone de un mínimo soporte probatorio que permita justificar la imputación de estas personas como autoras o partícipes de los hechos objeto de investigación”. A su vez, Moreno rechazó llamar como testigo a Iago Negueruela, quien fuera consejero de Comercio con Armengol.

En la misma línea, el magistrado ha afirmado que “carece de interés para el procedimiento” la declaración de Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, a quien las acusaciones querían interrogar sobre su relación con Koldo García, exasesor de Ábalos. En una conversación intervenida, Koldo García aseguró a otro imputado que Marcos le reveló que existían unas pesquisas en marcha contra él. Sin embargo, al igual que el juez, la UCO y Anticorrupción restaron importancia a esas palabras y dijeron que “Koldo se refiere con ligereza a sus relaciones con personas relevantes para darse importancia”. Esta valoración no impidió que el PP citase a Marcos a declarar en la comisión de investigación que los populares impulsan en el Senado sobre el caso Koldo, donde el exdirector del instituto armado negó que diese cualquier chivatazo e, incluso, aseveró que no conoce a Koldo García.