El PP acusa al Tribunal de Cuentas de “blanquear las irregularidades” de los contratos de la pandemia

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha abierto este lunes las comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia, y lo ha hecho afirmando que esa contratación “se hizo lo mejor que se pudo”, habida cuenta de la situación de emergencia. El PP y Vox han cargado contra el tribunal por no ser capaz de detectar ni prevenir la corrupción, hasta el punto de que el diputado popular José Vicente Marí ha acusado al órgano fiscalizador de “blanquear las irregularidades”. El PSOE ha salido en defensa del prestigio de la institución, mientras ERC y Junts han comparado la supuesta persecución sufrida por los líderes independentistas —a quienes el Tribunal de Cuentas ha juzgado por malversación— con la falta de acciones frente al fraude de las mascarillas. Sumar ha pedido medidas para evitar que un escándalo como el del presunto cobro de comisiones ilegales en los contratos de material sanitario pueda repetirse.

El Tribunal de Cuentas —el órgano que controla la gestión económica de todas las administraciones públicas y juzga las posibles irregularidades contables cometidas por estas— analizó en su día los contratos de material sanitario realizados durante la pandemia. Y concluyó que, aunque la mayoría no cumplió con las reglas de contratación (no hubo concurrencia de ofertas, las adjudicaciones se hicieron a dedo, los precios estaban inflados y las empresas carecían en muchos casos de solvencia y experiencia), no había nada ilegal en ello porque, durante el estado de alarma, el Gobierno dejó en suspenso la normativa de contratación para poder agilizar las compras.

Enriqueta Chicano ha intentado defender al tribunal de los ataques del portavoz del PP, José Vicente Marí, que le ha acusado de “blanquear las irregularidades”, y el de Vox, Carlos Flores, quien ha preguntado a Chicano si milita en el PSOE y si fue candidata de ese partido en 2000. Ella ha respondido que sí fue candidata al Senado ese año pero que no es militante socialista. Marí ha aseverado que ha quedado demostrado que, aunque la presunta corrupción le pase cerca, el tribunal “ni la huele”. Y ha asegurado que muchos ciudadanos se preguntan “para qué sirve el Tribunal de Cuentas”. “Es lo primero que me pregunto yo cuando me levanto, para hacer lo mejor que pueda mi trabajo”, ha respondido Chicano. Para Mercedes González (PSOE), las preguntas de Martí sólo demuestran “el ejercicio obsesivo-compulsivo del PP para desprestigiar las instituciones”.

La presidenta del órgano fiscalizador subrayó la excepcionalidad de la situación generada por la pandemia. Remarcó, además, que el Tribunal de Cuentas “no es un órgano antifraude ni anticorrupción”, y que el control que ejerce es “ex post”, posterior a los hechos, pero no en busca de delitos. Esa labor, ha dicho, corresponde a la Fiscalía. Chicano precisó que el órgano fiscalizador ha analizado por el sistema de muestreo 1.328 contratos cerrados durante la pandemia.

En respuesta a María Engracia Rivera, de Sumar, la presidenta del Tribunal de Cuentas explicó que la emergencia sanitaria dio lugar a un “mercado caótico”. Y citó un informe de la Comisión Europea abogando en aquel momento por adoptar “soluciones rápidas e inteligentes” para proteger la salud pública. Rivera estimó muy decepcionante comprobar que “nuestras administraciones tienen un problema” para detectar la corrupción, por las deficiencias de sus sistemas de control. “Tanto si hay una pandemia como si no la hay”, señaló. Varios portavoces aludieron al exministro de Sanidad Salvador Illa, considerando que algunos de los contratos que pasaron por su departamento están en la lista de los irregulares.

El portavoz de ERC, Francesc Marc Álvaro, comparó el “celo muy alto” del Tribunal de Cuentas en su investigación sobre la malversación del procés independentista frente al “tono funcionarial, plano, y la atonía” aplicados, en su opinión, a los contratos de la pandemia. “Hay dos varas de medir”, dijo, a lo que Chicano replicó: “No es así”. La portavoz de Junts, Pilar Calvo, coincidió en que los líderes del procés han sido “atornillados hasta el último momento” por el órgano fiscalizador, mientras que algunos de los contratos autorizados por el ministerio de Illa no han sido revisados. Calvo preguntó también qué controles se han hecho respecto a la Comunidad de Madrid, a lo que la presidenta del Tribunal de Cuentas respondió que esa administración autonómica tiene “su propio órgano fiscalizador”.