Los letrados del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, han resuelto que la Mesa de la Cámara alta tiene que aceptar la tramitación de la ley de amnistía aunque el artículo 104 de su Reglamento no lo especifique expresamente, según los criterios del Tribunal Constitucional. Los servicios jurídicos censuran a su vez el contenido de la norma: la tachan de “inconstitucional” y aseguran que la proposición de ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso constituye una “reforma constitucional encubierta”. El informe de los letrados, adelantado por La Razón y al que ha accedido este periódico, se ha hecho público un día antes de que la ley de amnistía sea calificada por la Mesa en su reunión de este martes.

Gobernada por el PP, la Mesa pidió en enero dos dictámenes: uno sobre el contenido de la norma y otro sobre las consecuencias de no admitir a trámite la iniciativa cuando la norma sea remitida desde el Congreso, como pedía Vox. Eso sí, los populares tenían prácticamente claro que no podían negarse, según fuentes del partido, pero necesitaban un aval contra los ataques de la ultraderecha. Y así se ha ratificado en los documentos emitidos. En el texto, los letrados aprecian que “la Mesa del Senado no puede oponer una calificación distinta en esta fase, no puede negarse a la tramitación, fuere el que fuere el resultado de esta (vetar, enmendar, o no pronunciarse)”, porque de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 90.1 de la Constitución.

Con el razonamiento jurídico en la mano, la Mesa del Senado ya tiene una propuesta de acuerdo que se aprobará previsiblemente en la reunión de este martes. En dicho escrito se aclara que se acordará “admitir a trámite la iniciativa, considerando que la Mesa del Senado no podría adoptar un acuerdo de no admisión, a la vista de lo preceptuado en el artículo 90.1 de la Constitución, del cual se deduce que hay una obligación automática ex constitutione de someter el texto legislativo remitido por el Congreso de los Diputados a la deliberación del Senado”.

Críticas contra la ley

El PP renovó a finales de enero a toda la cúpula de los servicios jurídicos. La nueva letrada mayor, Sara Sieira Mucientes, es considerada una especialista en el procés. Además de promover la admisión a trámite de la ley de amnistía, los letrados censuran a renglón seguido el contenido de la norma, aprobada por mayoría absoluta en el pleno del Congreso celebrado el jueves. “No está de más señalar las dificultades que el aplicador del Derecho tiene cuál es la intensidad que ha de tener la inconstitucionalidad para poder ser calificada de evidente y palmaria”, indica el informe. Y hace un llamamiento: “Quizá sea el momento en que el Tribunal Constitucional deba revisar esta doctrina. La inconstitucionalidad no admite grados”.

En esa línea, y aprovechando el pronunciamiento de los letrados solicitado por los populares en medio de la ofensiva contra la medida de gracia, la propuesta a trámite de la Mesa sostiene también que la ley de amnistía “se trata de una iniciativa calificada por el Congreso como Proposición de Ley, cuando en realidad constituye una reforma constitucional encubierta”. Algo que, según el texto de la propuesta, “supone un vicio de procedimiento y la vulneración del artículo 23 de la Constitución, por la utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios, ya que en el Pleno del Congreso se han exigido mayorías de ley orgánica, insuficientes para acometer una reforma constitucional; y en el Senado, tal tramitación como Proposición de Ley Orgánica —que la Cámara no puede variar— supone ignorar las mayorías cualificadas que se exigen en la misma para tramitar tales reformas constitucionales”.

De procedimiento de urgencia a ordinario

El grupo parlamentario popular en el Senado impulsó en noviembre una reforma del Reglamento para que las leyes remitidas desde el Congreso que hayan sido calificadas de urgencia puedan ser frenadas por la Cámara alta. De esa forma, su camino en el Senado podrá lastrarse hasta dos meses en lugar de 20 días. Los letrados también se han referido a esta modificación y recuerdan que el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre este extremo, tras el recurso interpuesto por el PSOE ante el tribunal de garantías.

Los populares se han movido ya este lunes, y han registrado un escrito ante la Mesa para que mañana martes cambie el proceso de urgencia de la ley de amnistía al proceso ordinario. Esto es, de 20 días a dos meses. Con lo cual, y según el calendario, la norma saldría del Senado a mediados de mayo. Y con la previsible enmienda, parcial o total, que el PP pretende plantear una vez sea remitida a la Comisión correspondiente. Fuentes de la Presidencia de la Cámara alta avanzan que esa Comisión será la de Justicia o la Constitucional.