El denunciante del ‘caso Perla Negra’ reitera el “despropósito” que llevó a un sobrecoste de 20 millones

Tras 11 años de instrucción, el juicio por el caso de la Perla Negra, que pretende dilucidar si hubo corrupción por parte del Gobierno de Castilla y León en la compra de un edificio hace tres lustros, ha comenzado este lunes. El carrusel de presuntas irregularidades, relaciones entre empresarios y políticos, avisos no atendidos y denuncias cruzadas será desgranado en los próximos días en la Audiencia Provincial de Valladolid. El nombre de Perla Negra deriva del mote que se puso al edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) adquirido en 2009 por la Consejería de Economía por 60,5 millones de euros y no por 50, como se había tasado. A esos 10 millones de sobrecoste su sumaron después otros 10 que tendría que haber abonado la promotora Urban Proyecta pero que terminó pagando la consejería.

Los 12 investigados —cinco ex altos cargos de la Consejería de Economía entre 2005 y 2012, y siete empresarios con relaciones comerciales y personales con el PP, partido hegemónico en Castilla y León desde 1987— habían tratado de postergar el juicio solicitando la prescripción de los hechos. Entre ellos destacan los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, a quienes la Fiscalía reclama 11 años de prisión y multas millonarias. El ministerio público pide un total de 70 años de cárcel a los 12 señalados; la acusación particular ejercida por el PSOE, eleva esa petición de pena a un total de 221 años.

Este lunes ha declarado como testigo por videoconferencia Jesús Carlón, de 82 años, exgerente de Gesturcal, la entidad pública implicada en la causa y denunciante de los tejemanejes. Carlón, uno de los 90 testigos citados, ha insistido ante el juez en las “barbaridades” y “despropósitos” apreciados entonces, aderezados con nombramientos “a dedo” y favores entre cargos. El testigo, que fue responsable del ente público salpicado por el caso Perla Negra, ha mantenido firmemente sus posiciones contra la trama investigada. Ha asegurado que constató el trato de favor a “familiares de políticos” y decisiones “a dedo”. “Me indignó lo que veía y me hizo actuar”, ha dicho ante el tribunal. “Veía que entraban todos a dedo y muchos familiares de políticos”. Según él, estos familiares permanecieron en Gesturcal tras aplicarse un ERE en el que fue despedida el resto de la plantilla.

Carlón ha recordado su sorpresa por la compra indiscriminada de hectáreas por medio de expropiaciones y ha asegurado que esas actuaciones lo acabaron cansando, de ahí que pidiera la jubilación. También ha incidido en otro de los elementos de la causa, pues además de la compra a precio desmedido del suelo y del edificio en Arroyo —cuyo color negro y gran volumen acabaron dando lugar al apodo corsario por la película Piratas del Caribe—, el juicio se centra en unos suelos de Portillo, otra localidad cercana a Valladolid. La consejería y sus empresas públicas compraron unos terrenos a precio inflado sin que llegara a ejecutarse un parque industrial y empresarial inicialmente planteado. Carlón ha indicado que él rechazó la decisión de instalarse en Portillo cuando había un proyecto alternativo en Cuéllar (Segovia), una localidad mucho mayor.

En la sesión de este lunes se ha escuchado el testimonio también de cuatro empleados de ADE, otra de las empresas públicas relacionadas con la presunta trama corrupta, nacida de la fusión de Gesturcal con una compañía pública de parques tecnológicos. Los cuatro trabajadores han admitido que la única propuesta recibida, de la investigada Urban Proyecta, cumplía los aspectos demandados y que hubo contradicciones en los informes de calificación sobre el edificio posteriormente judicializado. Todos ellos han desmentido haber tenido relación con los cargos de la consejería imputados por los hechos.

La Audiencia Provincial albergará 26 sesiones por donde desfilarán políticos, empresarios, funcionarios y trabajadores. Los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández insistieron durante la fase de instrucción en acusar a Tomás Villanueva, exconsejero de Economía y figura clave en la Junta de Castilla y León, hasta su muerte en 2017.

Procurador en Las Cortes

Este martes comparecerá Pablo Trillo, actual procurador del PP en las Cortes y consejero de Gesturcal cuando se produjeron los hechos. Trillo avisó al entonces presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP), de lo “disparatado” de la operación y el altísimo importe solicitado pese a las tasaciones. Herrera desoyó las advertencias, todo siguió su curso y por eso el exmandatario también deberá acudir como testigo a la sede judicial. El PSOE ha calificado la causa como “el mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León”.