El fiscal general reivindica su “neutralidad y objetividad” tras tomar posesión

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado posesión de su cargo, un trámite que se había quedado pendiente después de que fuera renovado por el Gobierno y compareciera ante el Congreso. El acto se ha celebrado finalmente este miércoles en el Tribunal Supremo y, posteriormente, ya en la sede de la Fiscalía, García Ortiz ha querido centrar sus primeras palabras en reivindicar la “neutralidad y objetividad” de la figura del fiscal general, después de que el PP, Vox y el sector más conservador de la carrera fiscal hayan criticado duramente la decisión del Ejecutivo de mantenerlo en el cargo.

“El fiscal general del Estado es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales; velador, y valedor, de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad”, ha señalado García Ortiz, que ha recordado que las instituciones públicas y sus dirigentes tienen “un deber inexcusable de imparcialidad”.

En su comparecencia en el Congreso en diciembre, García Ortiz aludió directamente al Consejo General del Poder Judicial, que, semanas antes, se había opuesto, por primera vez en la democracia, a avalar a un fiscal general nombrado por el Consejo de Ministros. Esta vez, no ha mencionado explícitamente a ninguna institución, ni tampoco al sector de la Fiscalía que ha cargado contra él por rechazar pronunciarse en público sobre la proposición de ley de amnistía. Pero de sus palabras han podido extraerse mensajes para unos y otros.

Además de pedir “lealtad a las instituciones”, García Ortiz ha advertido de que “el compromiso de pertenencia a una institución clave” como es la Fiscalía “debe reflejarse en los comportamientos individuales”. “Para sumar, para aportar, para conformar esa voluntad colectiva que supone la verdadera fuerza y potencia de una Fiscalía preparada y exigente consigo misma”, ha señalado.

“Quiero reiterar así que nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos —la de todas las ciudadanas y ciudadanos— tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad”, ha afirmado el fiscal, quien ha rechazado erigirse en “un comentarista de la actualidad política o judicial”. “Me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio de lo jurídico. Si el fiscal general abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional”, ha añadido.

Respecto a su proyecto al frente del ministerio público, García Ortiz ha subrayado su intención de “liderar la transformación del sistema penal” español, así como de “dotarlo de condiciones, cauces y garantías para atajar las nuevas y más complejas formas de delincuencia”. “El devenir de los tiempos, las nuevas formas de delincuencia, las transformaciones sociales, el propio concepto y ejercicio del servicio público, el incremento de la plantilla de fiscales, la profesionalización de nuestras estructuras, el fortalecimiento de nuestras potencialidades y la necesidad de dar respuesta a una sociedad cada vez más exigente, provocan que en la actualidad determinadas formas de trabajo y concepciones de nuestra profesión no sean eficientes”, ha advertido.

Tras su discurso oficial, García Ortiz ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que hasta asumir el cargo no podía tomar decisiones ni firmar informes, como el que tiene pendiente el ministerio público sobre la proposición de ley de amnistía al procés y que solicitó el Senado, con mayoría absoluta del PP, el 5 de diciembre. El fiscal general no ha querido dar detalles sobre ese dictamen ni precisar cuándo estará listo, pero ha asegurado que se pondrá a ello “mañana mismo”. La ley de amnistía se encuentra aún en fase de enmiendas en el Congreso, que la aprobará previsiblemente antes de final de mes como paso previo a enviarla a la Cámara alta.

García Ortiz, también se ha referido a la información que le solicitó hace unas semanas a todas las Fiscalías que han llevado o estén llevando casos que se puedan ver afectados por la amnistía, como las del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o las de Cataluña. Algunas ya han remitido su información, pero falta aún la de Barcelona, que es la que más causas acumula.