El exjefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María: el lado burdo de la ley

Rafael Muñoz Leonisio nunca dejó de fumar puritos en su despacho. La Ley Antitabaco no pasó por él. Podría decirse que pocos marcos normativos de la presente democracia lo hicieron: condujo su coche sin seguro, arrasó sin permiso parte de un pinar para montar unas pistas de pádel, dispuso de la grúa municipal para devolver coches retirados a conocidos y usó sus redes para insultar compulsivamente a miembros del Gobierno y la izquierda en general. Lo curioso es que Muñoz compaginó sin sobresaltos esa vida laboral por encima de la ley durante casi 40 años con su cargo de intendente y jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María. No ha sido hasta su jubilación cuando ha acabado detenido, acusado de cobrar mordidas por la gestión de aparcamientos municipales.

Extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias: la lista de supuestas corruptelas por las que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Cádiz detuvo a Muñoz Leonisio este pasado martes es larga. Y eso que solo hace referencia a presuntas ilegalidades cometidas en su último año, antes de jubilarse el pasado mes de noviembre, cuando cumplió los 65 años. Con él, arrastró a José Manuel C. R., técnico del área municipal de Infraestructuras, como cooperador necesario de los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, según los primeros compases de la investigación que está dirigiendo el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz.

Los investigadores de la UDEF creen que el exjefe policial usó su cargo para cobrar comisiones ilegales a las entidades que durante el pasado año se hicieron cargo de los aparcamientos temporales que se crean para eventos festivos como la Feria o el festival de música Puro Latino. “No es mucho dinero porque no eran adjudicaciones largas, hablamos de unos pocos miles de euros”, apunta una fuente cercana a la investigación. Muñoz Leonisio también aprovechó supuestamente su autoridad para mediar para que retirasen multas a familiares y amigos e intervino para que su hijo pudiese explotar un tren turístico en el verano de 2023 que funcionó unas pocas semanas. A eso se suma el presunto uso de la grúa municipal “para usos particulares”, como explica la misma fuente. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con el principal investigado para obtener su versión de los hechos.

Pocos en el Ayuntamiento se sorprendieron de la detención de Muñoz Leonisio, aunque también han sido escasos los que en sus más de tres décadas largas de servicio se han atrevido a denunciar sus supuestos desmanes. Y eso que el anecdotario es tan largo que es difícil de abarcar. Un funcionario recuerda las constantes visitas de empresarios a su despacho que, en la puerta de la jefatura, “se ponían a largar de que les debía dinero”. El socialista Ángel González, concejal de Seguridad Ciudadana entre 2015 y 2019, recuerda cómo le tuvo que reprender que anunciase una academia de formación para opositores a policías locales con su teléfono corporativo y que condujese un coche particular sin seguro, que luego cambió por uno municipal. “La placa para él era un escudo de protección. Le tenían mucho miedo […] Había quien decía que cuando se jubilase se le iba a caer el pelo”, apunta el mismo trabajador.

Cuando Muñoz Leonisio se incorporó como intendente de la Policía Local de El Puerto a principios de los años 90 —después de ser teniente de Infantería de la Marina hasta 1984— se vendió como “una revolución”, explica la misma fuente. Afable y agradable en las distancias cortas, el encantamiento duró lo que tardaron en surgir los primeros problemas. En una fiesta de cotillón de la Nochevieja del 2000 plagada de irregularidades acabó señalado como el agente que presuntamente hizo la vista gorda ante los desmanes en el local, aunque la investigación quedó en nada, según relató Diario de Cádiz. Seis años después, los ecologistas le denunciaron por destrozar unos pinos sin permiso para montar unas pistas de pádel con un amigo empresario, como recuerda uno de los activistas que estuvo implicado. Después de aquella gesta, en la Jefatura se ganó el mote de Rancapino (como el cantaor flamenco), que sumó a su haber de alias junto al Pringue, por su gusto por la gomina.

Ni siquiera sus tropiezos con la grúa son nuevos. En 2011, dejó que un concejal se llevase su vehículo del depósito municipal sin abonar la tasa correspondiente después de aparcar mal. Adujo que era la autoridad. En la pandemia, volvió a hacerlo hasta dos veces más, en este caso con coches de otro policía local y de un guardia civil. “Le dijo al de la grúa que sacase el coche y que se lo llevase a la puerta del propietario”, explica el empleado. Por esos hechos, el sindicato de los agentes municipales UPLBA le denunció en una causa que también instruye el Juzgado Número 2. Es precisamente este sindicato el que más quebraderos de cabeza causó a Muñoz Leonisio —ellos también denunciaron administrativamente su pulsión por fumar puritos en la Jefatura—. A cambio, el jefe expedientó a 12 de sus trabajadores que secundaron la protesta del sindicato de negarse a trabajar por la ausencia de pantalones, una batalla que acabaron ganando los policías en el Juzgado.

Pero no fue hasta los años del coronavirus y la mascarilla cuando Muñoz Leonisio, descontento por la gestión de la pandemia, saltó a la palestra a nivel nacional, en mayo de 2020, por insultar al Gobierno —llamó “hija de puta” a la ministra María Jesús Montero o “comunista de mierda” a Pablo Iglesias— en sus redes sociales. Se manifestó con cacerola y bandera de España al ristre y fue uno de los 200 militares retirados que firmó el controvertido manifiesto contra el Ejecutivo. Para entonces ya era jefe plenipotenciario de la Policía Local, después de que el fallecimiento del 2017 del intendente mayor le despejase accidentalmente el camino. El ascenso automático fue tan repentino que, tras ausentarse de la Jefatura durante semanas a principios de 2018, entre sus subordinados cundió el rumor de que estaba de baja por ansiedad. Él resolvió la incógnita con un correo abierto a la plantilla en abril de ese año en el que negaba la mayor con tono chulesco: “Sigo fumándome mis puros, tomando mi Ribera del Duero (dos copitas al día), un par de gin-tonics Rives Especial cuando salgo los domingos…”.

Ahora que ya está jubilado, en libertad e investigado, muchos en el Ayuntamiento se preguntan cómo fue capaz de librarse de tantos aprietos, después de décadas y seis alcaldes de diverso color político. “Siempre ha estado en movidas, pero el problema es que, en nuestro caso, nunca tuvimos pruebas, todo eran rumores”, se excusa González. El actual Gobierno del PP prefiere guardar silencio, aunque recuerda que fueron ellos los que le apartaron de jefe, después de que consiguieran sacar una nueva plaza de libre designación de intendente mayor de la Policía Local que se cubrió en febrero de 2022. Aunque Javier Botella, del partido local Unión Portuense, le recuerda al alcalde Germán Beardo “la proximidad” y “la connivencia” que Muñoz Leonisio —simpatizante del PP declarado— tuvo siempre con el actual Gobierno local. Con la gresca política montada y con unas pesquisas judiciales que aún pueden acabar con más imputados, el trabajador municipal que lo trató es quien quizás mejor resume cómo Rafael Muñoz Leonisio consiguió sobrevivir: “Se mueve muy bien en el barro”.