La Audiencia Nacional, el Supremo y cuatro juzgados evitan investigar la guerra sucia de Interior

La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, las fiscalías de ambos órganos judiciales y los juzgados de instrucción de Madrid números 9, 10, 11 y 13 llevan un año evitando o rechazando investigar las múltiples pruebas —grabaciones, documentos judicializados, testimonios— de la guerra sucia que el Ministerio del Interior puso en marcha desde 2012 hasta 2016 contra dirigentes independentistas catalanes.

El abogado Jordi Pina y el bufete en el que trabaja, que defiende a empresarios y banqueros víctimas de esa guerra sucia, han presentado querellas en los distintos órganos judiciales contra dirigentes del PP, del Ministerio del Interior y contra la cúpula policial sin que hayan sido admitidas sus demandas o viendo cómo las derivan de un tribunal a otro sin que ninguno de ellos se haga cargo de investigar los hechos. “Me parece bochornoso que después de más de un año, tengamos querellas que nadie quiere siquiera investigar. Parece que todo el mundo tiene miedo”, señaló este martes Pina a este periódico. Los casos que defiende afectan a la familia Sumarroca, a los directivos del banco andorrano BPA, al expresidente del Barcelona Sandro Rosell y al exconsejero de la Generalitat y exdirectivo de Caixabank Jaume Giró.

Todos ellos aparecen en las notas informativas que redactaba el comisario José Manuel Villarejo y remitía a los mandos de Interior proponiendo investigaciones especiales, nunca amparadas por ningún juez, contra políticos, empresarios, periodistas o banqueros catalanes a los que atribuía intenciones independentistas.

Pina presentó este mismo martes distintas ampliaciones de las querellas en tres de los juzgados competentes para convencer a los instructores de que comiencen la investigación. Lo que sigue es un resumen de ese periplo judicial, de momento inútil, para que se castigue la guerra sucia contra el independentismo catalán.

Tribunal Supremo: “Vaya usted a la Audiencia Nacional”. A finales de 2022, los abogados de la familia Sumarroca presentaron una querella basada en una grabación del comisario Villarejo con la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho en la que se hablaba de objetivos independentistas a investigar. Sumarroca, amigo del expresidente Jordi Pujol, había participado en una reunión para poner en marcha el desafío independentista, según una nota informativa del 12 de octubre de 2012 elaborada por Villarejo. “Mi cliente ha estado ocho años imputado como consecuencia de esa guerra sucia y finalmente ha sido archivada la causa contra él. El daño ha sido terrible”, explica Pina.

El Supremo consideró que los hechos denunciados eran ya “objeto de una investigación judicial” en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y remitió a ese lugar a los querellantes. Manuel García Castellón, juez instructor del caso Tándem (que investiga la mafia policial dirigida por Villarejo), no fue muy receptivo.

Audiencia Nacional: “Los hechos no están conectados a esta causa”. El juez Manuel García Castellón desestimó la querella “sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en ella ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito”. El instructor consideró que los hechos narrados, muchos de ellos protagonizados por el comisario Villarejo, no se encontraban conectados con la causa abierta contra el policía en la Audiencia Nacional. Los abogados optaron entonces por acudir al juzgado número 10 de plaza de Castilla, que lo devolvió a la Audiencia Nacional con el argumento de que así lo había dicho el Supremo. Pero en la Audiencia lo devolvieron al juzgado número 10 donde sigue sin respuesta.

La persecución policial al exconsejero y exdirectivo de la Caixa Jaume Giró. Jaume Giró, ex director general adjunto de la Caixa y exconsejero catalán de Economía, denunció la persecución policial ilegal que sufrió, según las notas informativas de Villarejo incorporadas a distintos sumarios. Primero lo hizo ante la Fiscalía de Cataluña, quien derivó la causa a la Fiscalía del Supremo, que se negó a investigar con el argumento de que los hechos relatados se basaban en artículos de prensa. Los abogados presentaron una querella ante el juzgado número 11, que la desestimó al entender que los hechos podían estar prescritos y el testimonio del propio Villarejo reconociendo esos espionajes ilegales en el Congreso de los Diputados no tenían “la consideración de prueba o indicio objetivo e imparcial que permita la apertura de un nuevo procedimiento judicial”. Los abogados recurrieron el archivo y ahora intentan que este juzgado vuelva a investigar los hechos. Entre la documentación aportada para justificar la querella aparecen notas informativas sobre el “plan independentista de CDC” enviadas por Villarejo al Ministerio del Interior, donde se propone investigar a decenas de personas.

Objetivos de interés: Conde de Godó, director de La Vanguardia, Carles Villarubi, Sumarroca, Durán i Lleida. Los abogados de las supuestas víctimas de la guerra sucia policial contra el independentismo han incorporado a sus querellas notas informativas, supuestamente manejadas por el Ministerio del Interior, en las que se proponen investigaciones sobre decenas de dirigentes políticos o empresariales. En una de esas notas se da cuenta del supuesto plan independentista que preparaba en otoño de 2012 el partido de Jordi Pujol y proponía para desactivarlo investigar a, entre otros, el conde de Godó, el director de La Vanguardia y a uno de sus consejeros, al empresario Carlos Vilarrubi Carbió o al líder de Unió, Josep Antonio Durán i Lleida.

Asimismo, incorporaron a las querellas la grabación de la reunión entre Villarejo y el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, destapada por EL PAÍS, donde planificaban actuaciones contra dirigentes independentistas catalanes.