La oficina antifraude andaluza pide sancionar al director general de Pesca de la Junta por “incompatibilidad”

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha dictaminado de manera provisional que el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malia, del PP, incurre en incompatibilidad y conflicto de intereses por la concesión de ayudas públicas a dos sociedades pesqueras de hermanos suyos y de las que fue socio, por lo que propone sancionarle. De momento, la Junta mantiene en el puesto a su alto cargo y no aclara su destino tras el severo informe de su oficina antifraude, creada en 2021 por el propio Ejecutivo autonómico para depurar comportamientos impropios y con un canal confidencial de denuncias anónimas. El PSOE ha reclamado el cese inmediato de Martínez Malia y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de la que depende el alto cargo, ha alegado que la investigación aún no ha concluido.

Martínez Malia infringe la ley andaluza de incompatibilidades de altos cargos y ha incurrido en un posible conflicto de intereses en la tramitación de subvenciones, a juicio de la OAAF, que inició su investigación hace ocho meses. El alto cargo es director general de Pesca y Acuicultura desde 2019 y hasta el pasado julio fue apoderado general de la sociedad Pesquerías Quintino S. L. y socio de Carabina y Farruco S. L. hasta octubre de 2021. Martínez lleva en el cargo un lustro, desde que el PP gobierna en Andalucía. Ahora dispone de 10 días para presentar alegaciones al dictamen de la subdirectora de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la OAAF, María Luisa Wic.

El alto cargo tiene una larga vinculación con el ámbito pesquero. Armador de buques pesqueros, fundó la Asociación de Armadores de Barbate ―donde nació en 1967―, que presidió hasta 2007; patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate, entre 2007 y 2010, y vocal de la Federación Andaluza de Armadores de Pesca y de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores en la última legislatura gobernada por el PSOE en Andalucía, fue diputado regional del PP por Cádiz. Martínez concedió una subvención de 5.700 euros a tres hermanos suyos y otra de 3.800 euros a dos hermanos, lazos de sangre por los que debió haberse abstenido, según la Oficina Antifraude, que ve un claro conflicto de intereses en la concesión de estas ayudas.

Ambas sociedades de la familia de Martínez están dedicadas a la pesca al fresco y palangre y a la venta al por mayor del pescado capturado y su conservación mediante congelación o refrigeración, según consta en su objeto social, informa Eva Saiz. En las sucesivas declaraciones de bienes que Martínez Malia presentó desde su nombramiento en 2019 hasta octubre de 2021, reconocía ser propietario del 25% de las acciones de una entidad y del 50% de la otra, lo que contraviene la ley 3/2005 de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

El alto cargo fue administrador solidario de la sociedad Pesquerías Quintino hasta 2012 y su representante hasta el pasado julio, “lo que evidencia el interés personal”, según la oficina antifraude. Y sobre la mercantil Carabina y Farruco, Martínez fue titular hasta hace dos años y mantiene una relación de parentesco con el administrador único y algunos de los tripulantes beneficiarios de las ayudas a la sociedad.

En su resolución provisional, la OAAF da un serio tirón de orejas a la Consejería de Agricultura, Pesca, agua y Desarrollo Rural [a la que pertenece Martínez] por eludir su “necesidad de velar cautelosamente por la ausencia de conflictos de intereses y causas de incompatibilidad de los altos cargos” mediante protocolos de detección temprana y prevención.

Por la causa de incompatibilidad del director general, la Oficina Antifraude abrirá ahora un procedimiento sancionador al incumplir la ley 3/2005 sobre la dedicación exclusiva que deben mantener los altos cargos de la Administración autonómica.

La OAAF insta a la consejería que dirige Carmen Crespo a que valore “la necesidad de implantar protocolos de detección temprana y prevención y/o cualesquiera mecanismos eficaces para velar por la ausencia de conflictos de intereses y causas de incompatibilidad de los altos cargos”. En paralelo, la Oficina Antifraude traslada a la Consejería de Justicia andaluza el expediente administrativo del caso, por si estima que debe abrir un procedimiento contra Martínez, que omitió su deber de abstención de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

“Exigimos el inmediato cese del director general, no puede seguir un día más tras incurrir en un claro conflicto de intereses al conceder ayudas a familiares suyos directos. Emplazamos a la consejera [Carmen Crespo] a que dé explicaciones sobre estas incompatibilidades y explique por qué las negó en el Parlamento. Si no da explicaciones contundentes, emplazaremos al presidente Moreno para paliar esta crisis en su Gobierno”, ha manifestado el diputado socialista Josele Aguilar. Una portavoz de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha aducido que las pesquisas en curso son “un procedimiento administrativo que no investiga ningún fraude y que aún no ha terminado”.

La consejera Carmen Crespo ninguneó el pasado noviembre la denuncia de la bancada socialista en el Parlamento al considerar que su director general no había incurrido en incompatibilidad. “La reacción del PSOE es lógica, es para tapar el debate de investidura de Pedro Sánchez, que avergüenza a este país”, espetó Crespo.