La Audiencia Nacional rectifica a Pedraz y ordena abrir un sumario por secuestro y torturas al hijo de Obiang

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que obliga al juez Santiago Pedraz a abrir un sumario contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema, por el secuestro, torturas y desaparición de cuatro opositores al régimen del dictador, uno de ellos muerto en circunstancias no aclaradas. La decisión de los magistrados obliga a dejar sin efecto el reciente auto del instructor del caso en el que renunció a investigar el caso y cedió la competencia a la Justicia de la excolonia española.

La decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, firmada por el ponente Joaquín Delgado Martín, se adoptó durante la mañana del pasado lunes, el mismo día en que Pedraz resolvía ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial dando por buena una supuesta investigación abierta por los mismos hechos en la antigua colonia española contra la cúpula de seguridad del país africano. Ovono, el hijo del autócrata; Nicolás Obama, ministro del Interior; e Isaac Nguema Endo, director director de Seguridad están siendo investigados en España por delitos de secuestro y torturas con finalidad terrorista.

Este martes, Santiago Pedraz dictó un nuevo auto en el que acata la decisión de los tres magistrados de la Sala y abre sumario. La decisión de la Sala y la marcha atrás del juez son relevantes ya que a partir de ahora las diligencias previas emprendidas por este último pasan a ser sumario ordinario y será la Sala de lo Penal la única que podrá decidir su archivo. Es decir, que Pedraz ha perdido la competencia para cerrar el caso como intentó sin éxito el pasado lunes mediante una resolución en la que afirmó que no duda de “la imparcialidad” de la justicia guineana, cuyo principal responsable es Teodoro Obiang, el presidente del país y padre del principal investigado.

Cuatro meses de dilaciones

El auto de la Sala, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda que la representación letrada de las víctimas del secuestro y torturas, con el apoyo del fiscal Vicente González Mota, habían solicitado en septiembre la incoación de sumario ya que los delitos por los que se investiga al hijo de Obiang y a los otros dos altos cargos superan los nueve años de prisión. Pedraz lo denegó mediante una providencia. La impugnación de esta decisión, también fue rechazada por el juez instructor, con el argumento de que en ese momento procesal “se estaban practicando diligencias para esclarecer la naturaleza y circunstancia del hecho así como los posibles partícipes”.

Ahora, cuatro meses después, el ponente admite el recurso de apelación presentado por los querellantes con idéntico argumento: que las penas de los posibles delitos investigados superan los nueve años, tal y como establece la ley de Enjuiciamiento Criminal para la incoacción —apertura— de sumario ordinario. Y recuerda a Pedraz algunos de sus propios escritos en los que se señala que las diligencias que instruye son por secuestro con finalidad terrorista, torturas y contra la integridad moral, desaparición forzada de personas y delito de lesa humanidad. Todos ellos con penas superiores a los nueve años de prisión. Asimismo, le informa que las diligencias que está instruyendo pueden, también, practicarse en el marco de un procedimiento ordinario (sumario).

El fiscal Vicente González Mota apoyó los recursos de los querellantes ante la Sala y destacó que la petición de convertir las diligencias previas en procedimiento ordinario, es decir en sumario, “no es de carácter instrumental sino que tiene su trascendencia a efectos de garantías procesales y de la tramitación. En este sentido podemos citar a modo de ejemplo que la resolución sobre el sobreseimiento de la causa corresponde en el sumario ordinario a la Sala y no al instructor”. Un aviso a navegantes de lo que pretendía el juez instructor. El representante del ministerio público hizo hincapié en que se trata de un procedimiento donde se ha admitido una querella, presentada por los familiares de las víctimas, por unos delitos superiores a penas de nueve años de prisión.

En las próximas semanas la Sala deberá pronunciarse, también, sobre la negativa del juez Pedraz a dictar orden de búsqueda y captura contra los tres investigados. Una solicitud que desde el pasado mes de marzo reclaman el fiscal y los querellantes. Ante la resistencia del instructor la representación de las víctimas ha recurrido a los tres magistrados de la Sala.

Segundo varapalo

La decisión de la Sala de lo Penal es el segundo varapalo que recibe el juez instructor de este caso. El pasado mes de septiembre, esta misma Sala le ordenó que se investigue el origen de los 793.000 euros que Carmelo Ovono Obiang, ingresó en billetes de 200 y 500 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. Cuenta cerrada por el banco después de las advertencias de su servicio de Cumplimiento. Los magistrados piden que se indague el uso y procedencia de este dinero por si sirvió “de herramienta imprescindible” para financiar el espionaje, secuestro y torturas a los cuatro opositores al régimen del dictador residentes en España.

Pedraz mantenía que no hay indicios de blanqueo y en su auto de archivo del pasado lunes, pese a la orden recibida, volvió a señalar idéntico argumento. Para el juez no existen indicios de que hubiera sido empleado para vigilar, engañar y secuestrar a las víctimas, una de las cuales, Julio Obama, de 61 años, falleció en enero de 2022 en Guinea Ecuatorial. Las autoridades de la antigua colonia española se han negado a repatriar su cadáver, pese a la reclamación del juez, de sus familiares y del Parlamento Europeo. Exteriores desconoce el paradero y estado de salud de los tres secuestrados y desde hace más de un año no se le ha permitido a ningún representante español visitarlos.

La defensa del hijo de Obiang y de los otros dos altos cargos investigados la ostenta Javier Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional y excompañero de Pedraz, hoy en el despacho Ramón y Cajal Abogados.

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