Los conservadores del CGPJ fuerzan un pronunciamiento sobre las comisiones pactadas por el PSOE y los independentistas

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este jueves un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el Gobierno y sus socios parlamentarios. Nueve de los 10 vocales propuestos por el PP para formar parte del órgano han registrado una petición para que se incluya en el orden del día del próximo pleno, previsto para el 21 de diciembre, un punto en el que se analice la “legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los jueces”. La petición responde a la reciente creación en el Congreso de tres comisiones de investigación pactadas entre el PSOE y los independentistas catalanes y en las que, según el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts, podría analizarse la existencia de casos de lawfare (persecución judicial con fines políticos). Ninguna norma prevé que el Consejo se pronuncie sobre la creación de esas comisiones en el Parlamento, pero los conservadores pretenden que se analice su legalidad y, sobre todo, dar cobertura a los jueces para que rechacen acudir si el Congreso les cita.

El presidente suplente del órgano, Vicente Guilarte, es el único de los vocales propuestos por el PP que no firma la petición, pero tendrá que aceptarla porque el reglamento del Consejo reconoce a los miembros del órgano su derecho “a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo”. Es decir, si hay una petición oficial de que se incluya un tema en el orden del día de un pleno, el presidente está abocado a aceptarla.

El escrito registrado este jueves formula el nuevo punto que se quiere incluir en el orden del día como “examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado: legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los Jueces”. El documento incluye una explicación de por qué es pertinente debatir este punto redactado con una enorme carga política: “El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los Jueces y Magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones Parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho”.

El objetivo del sector conservador del Consejo es adelantarse a la puesta en marcha de las tres comisiones a las que dio luz verde el Congreso el pasado martes, y que se centrarán en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017; el caso Pegasus, el espionaje que sufrieron dirigentes independentistas y miembros del Gobierno de Pedro Sánchez con un programa informático israelí solo al alcance de gobiernos; y las actividades en Cataluña de la llamada brigada patriótica, el grupo parapolicial surgido en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El pacto entre socialistas y Junts aludía a estas comisiones y señalaba que en sus conclusiones “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esta referencia levantó gran polvareda entre todos los operadores jurídicos y el grupo mayoritario del Consejo ha dirigido varios escritos a instituciones europeas denunciando que el Gobierno y sus socios pretenden perseguir a los jueces.

Amparo a los jueces

La petición de los conservadores pretende, además, que el pleno del CGPJ ampare a los jueces que puedan ser citados por esas comisiones y que decidan no acudir. Este planteamiento llega después de que se conociera que el Parlament de Cataluña, siguiendo el procedimiento recogido en su reglamento, había llevado a la Fiscalía la negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas —el encargado del control judicial del CNI, y, por tanto, de autorizar los pinchazos telefónicos— de comparecer en la comisión de investigación del caso Pegasus. La Fiscalía archivó esta denuncia, como la presentada contra Pedro Sánchez y otros dirigentes políticos que se negaron a comparecer en esa comisión, entre ellos, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta Carmen Calvo; las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz; o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El magistrado Lucas, en su escrito de respuesta al Parlament tras ser citado, invocó, entre otros argumentos, el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fija que las autoridades civiles y militares “se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia”. Esta norma, según las fuentes consultadas, servirá también de base para el texto que pretenden aprobar los conservadores en el pleno para amparar a los jueces que sean citados por las comisiones del Congreso.