Sánchez estrena el Gobierno a la ofensiva con una agenda social intensa frente a la tensión por la amnistía

La oposición ha demostrado su fuerza en los últimos meses, con manifestaciones masivas en las calles y una movilización importante contra la investidura de Pedro Sánchez, y el Gobierno estuvo durante la mayor parte de ese tiempo casi en silencio, en medio de unas complejas negociaciones con los independentistas catalanes que podían descarrilar con cualquier frase mal colocada. Pero ahora ya hay Gobierno, que tomó posesión en pleno este martes, y este miércoles es ya el primer Consejo de Ministros, donde no se esperan grandes decisiones, más allá de nombramientos de equipos, algunas declaraciones institucionales y la conocida foto de familia. El Ejecutivo pone ya a tope su maquinaria en marcha para recuperar la iniciativa perdida en estos meses en funciones y sobre todo para intentar salir del monotema de la amnistía y la correspondiente tensión a la que quiere llevarle la oposición y centrarse en su agenda social, que iniciará muy pronto, en los Presupuestos, que ya se están preparando, y en la agenda internacional del presidente, que este miércoles viaja a Israel, Palestina y Egipto.

Pedro Sánchez ha armado un Gobierno muy político y ya desde este martes, en los primeros discursos, se vio que los ministros van a salir a la ofensiva sobre todo con una agenda social muy definida, que desgranó en particular Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, con los líderes de la patronal en primera fila —Antonio Garamendi fue el único que no aplaudió con entusiasmo cuando la también ministra de Trabajo habló de la gran subida del salario mínimo que promoverá el Ejecutivo o la reducción de la jornada laboral— y que ya había apuntado Sánchez en su discurso de investidura, cuando habló también de subir las pensiones, de hacer gratuito el transporte público para jóvenes y jubilados, de grandes planes de construcción de vivienda pública, pero también con otras agendas de inversiones, que planteó sobre todo el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, y una agenda política muy clara que esbozó el nuevo superministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que insistió en que la renovación del Consejo General del Poder Judicial “no es una opción, sino una obligación”.

Bolaños, el hombre fuerte del Gobierno después de la última remodelación, tras la que acumula más poder que ningún otro ministro, ha sido recibido con mucha dureza por la oposición. En las primeras horas del Ejecutivo, incluso antes de que tomara posesión, la reacción del PP y Vox ha mostrado muy claramente el efecto del diseño que ha hecho Sánchez del nuevo Ejecutivo. En la anterior legislatura, una de las cuestiones que más se debatía internamente en el PSOE es que tras la salida de Pablo Iglesias, que era un gran centro de las críticas de toda la derecha, pero también de Carmen Calvo y José Luis Ábalos, Sánchez se había quedado con pocos parapetos y toda la presión iba sobre él. Es el epicentro de la crítica de la oposición.

Todos los gobiernos suelen tener algún cortafuegos para evitar este tipo de estrategias de la oposición. En el nuevo diseño, y tras la reacción de la oposición, parece evidente que ese parapeto está compuesto sobre todo por un tridente, aunque todos los ministros están obligados en esta etapa a hacer más política, a contestar más a la oposición, a entrar al choque y a no dejar que todos los golpes lleguen a Sánchez. Ese tridente de protección del presidente está encabezado claramente por Bolaños, ya el centro de todas las dianas de la derecha, algo con lo que bromeó en su toma de posesión —“no me han dado ni un día de gracia”—, pero también Puente, que insiste en que él “no es un gallo de pelea” sino que ha venido “a gestionar, no a combatir”, porque tiene un ministerio con muchísima inversión, lo cierto es que ya se le está colocando en ese papel que él nunca ha rehuido. Y el otro puntal de ese tridente de protección es Pilar Alegría, la nueva portavoz, una mujer de partido con mucha experiencia que sin duda ejercerá esa resistencia a los embates de la oposición desde la silla del Consejo de Ministros.

Pero sobre todo, estos primeros discursos de los ministros demostraron que el Gobierno sale a la ofensiva y está dispuesto a marcar la agenda, como es obligación de cualquier Ejecutivo, que tiene la gran ventaja de controlar la iniciativa de las reformas y las decisiones. Y también que Sánchez ha dado una línea clara: nadie se va a arredrar por la ofensiva de la oposición. Bolaños lo resumió en una idea, consciente de que tiene en contra el sector conservador de la justicia y habrá muchas resistencias para llevar adelante su agenda, especialmente con la polémica ley de amnistía, de la que es el principal artífice. “Todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré. Tendremos debates intensos, pero tenemos instituciones fuertes”, dijo el ministro. “Buscar la convivencia es un mandato constitucional”, remató para defender su ley de amnistía.

La efervescencia del carrusel de tomas de posesión y traspasos de carteras de este martes supuso un alivio para el Gobierno tras semanas muy difíciles por la ley de amnistía negociada, con las explicaciones justas, con los independentistas catalanes, y por las protestas ultras y el acoso contra las casas del pueblo y cuadros socialistas. Fuentes de La Moncloa auguran que la legislatura será “tensa” para el PP y Vox, que dibujan un panorama de crisis sin precedentes mientras la Bolsa sube y la economía española resiste como la más puntera de la UE. Esas fuentes confían en que el ambiente inflamado se disolverá con el puente de la Constitución y las fiestas navideñas ante un Gobierno “con un peso político fuerte y muy cohesionado”, cimentado en perfiles de ministros “muy potentes” que contribuirán a la estabilidad del Ejecutivo. Frente a las críticas de las exministras Irene Montero e Ione Belarra, que acusaron a Sánchez de echar a Podemos del Gobierno, la parte socialista del Ejecutivo resaltó el “bagaje jurídico y la trayectoria política arraigada en Castilla y León” de Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad.

Traspasos

Uno de los traspasos de carteras que atrajo a más cargos públicos y del PSOE fue el que Pilar Alegría compartió con Isabel Rodríguez y Miquel Iceta. Dirigentes que han defendido los últimos años posiciones diferentes y procedentes de federaciones tan variopintas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana se agolparon en el hall del Ministerio de Educación. Toda una demostración de la capacidad para tejer alianzas y forjar vínculos en el PSOE de una de las integrantes del Gobierno con más proyección y que, salvo por la distancia con el expresidente aragonés, Javier Lambán, tiene muy buenas conexiones con el aparato del partido por toda España. “Una nunca imagina que le van a ofrecer la posibilidad de ser ministra. Cuando vienes de un pueblo de 400 habitantes, de familia humilde... piensas que es todavía más imposible”, reconoció emocionada antes de subrayar que trabajará “desde el diálogo”. “Ser ministra de Educación y Formación Profesional y ahora de Deportes es lo mejor que me ha pasado en la vida política y personalmente”, afirmó.

Alegría, que entró en el Ejecutivo en la gran remodelación de verano de 2021 que supuso el relevo de tres pesos pesados como Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo, ha salido muy reforzada de la última formación de Gobierno. A las competencias que ya tenía añade Deportes y una tarea de altísimo voltaje, la de portavoz, que hereda de Rodríguez —son amigas declaradas y se les conoce como Pili y Mili, como bromearon— en una legislatura en la que la coalición no tendrá tregua. Alegría tendrá que dejar la portavocía del PSOE, que ocupaba hasta ahora, aunque su relevo aún no está decidido.

La presencia de cuadros y miembros del Gobierno también fue nutrida en la toma de la cartera de Ángel Víctor Torres. El expresidente de Canarias será el quinto ministro de Política Territorial en los cinco años de mandato de Sánchez. Su prioridad será rebajar el clima de crispación, en un ministerio que tendrá que lidiar en el día a día con la oposición de las 11 comunidades presididas por el PP. El principal partido de la oposición exige la celebración de la conferencia de presidentes, que no se reúne desde marzo de 2022 en la isla de La Palma. Fuentes del Ejecutivo trasladan que aún es pronto para hablar de fechas.