El PP busca hoy internacionalizar la batalla contra la amnistía con el pleno que impulsó en el Parlamento Europeo

El Partido Popular Europeo (PPE) está activando todos sus recursos en la UE contra la proposición de ley de amnistía para los encausados por el procés catalán. Los populares quieren internacionalizar el tema y el presidente del grupo, el socialcristiano alemán Manfred Weber, se ha implicado y movilizado a fondo contra la medida, acordada por el PSOE y Junts, que ha derivado en el apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Este martes, Weber ha reclamado una “reacción clara” de la Comisión Europea sobre la propuesta de ley, que el Gobierno de Sánchez envió la semana pasada a Bruselas y que el Ejecutivo comunitario ya está analizando. “Nos preocupa el estado del Estado de derecho en España”, ha lanzado el alemán en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde este miércoles, a iniciativa del PPE, se celebra un debate en el pleno sobre la amnistía que se espera de alta tensión.

El de la amnistía es un tema crucial para los populares europeos, que han ido perdiendo terreno en los países más grandes de la UE y habían puesto grandes esperanzas en volver a gobernar en España (donde abrieron la puerta a pactar con los ultras euroescépticos de Vox para hacerlo), uno de los Estados miembros más poblados. No demasiadas voces del PPE se han pronunciado claramente todavía sobre la medida de gracia en una formación política que sigue a casi a rajatabla la disciplina de partido y en la que Weber se ha erigido como la gran voz en Europa contra la iniciativa legal. Sí han hablado de él, por ejemplo, el portugués Paulo Rangel, que participó en la manifestación en oposición a la medida en Madrid, y el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, líder de Forza Italia (de la familia del PPE), que ha clamado contra la amnistía y ha cargado contra Sánchez. “En una Europa cada vez más interconectada es inevitable que algunos acontecimientos de política interior tengan resonancia en el debate europeo más amplio porque pueden incidir en toda la UE”, remarcó Tajani hace unos días en el Parlamento italiano.

Weber (que es el presidente del partido y del grupo europarlamentario) ha colocado la amnistía y la situación en España en el centro de su discurso. El PPE ve el asunto no solo en clave de política española, sino también de cara a las elecciones europeas de junio de 2024, a la vuelta de la esquina y para las que los partidos ya están empezando el empuje político. El presidente de los populares europeos y la vicepresidenta del grupo y portavoz de la delegación española en la Eurocámara, Dolors Montserrat, han asegurado que su oposición no “busca cuestionar la legitimidad” del Gobierno de coalición de los socialistas con Sumar, aunque también han hablado del “egoísmo” de Sánchez y han asegurado que el pacto que ha alumbrado la propuesta de ley de amnistía demuestra que “se agarra al poder”.

La presidenta del grupo de los socialistas y demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha condenado que el PP decida batirse en las instituciones comunitarias con temas nacionales para “atacar a los gobiernos progresistas”. “Cuando uno come, las digestiones a veces se hacen rápido y otras más lentas y pesadas. Eso es lo que le está ocurriendo al PP, que no está digiriendo los resultados electorales”, ha abundado García, que ha defendido la propuesta de ley de amnistía —”respeta al 100% la Constitución”, ha dicho— y ha lanzado que “algunos” quieren ganar en Europa “lo que no han ganado en España”

Que el debate llegue a fondo a las instituciones comunitarias es el principal objetivo del Partido Popular, que en su argumentario ha resaltado las banderas de la UE en las manifestaciones que ha convocado, una seña que impacta en Bruselas. También es la meta de Ciudadanos, que busca espacio de cara a las próximas elecciones europeas y ha recibido el respaldo en este asunto de su familia europea, Renew. Pese a su carácter euroescéptico y de sus críticas a “los burócratas de Bruselas”, Vox —también respaldada por los ultraconservadores de ECR— busca asimismo europeizar el debate: este miércoles, Santiago Abascal, presidente de Vox, tiene previsto acerarse a Estrasburgo. Los tres partidos saben que cualquier pronunciamiento de Bruselas en un país tan europeísta como España haría daño.

Los populares, en una estrategia muy similar a la que mantuvieron los independentistas catalanes durante el procés, han iniciado una campaña también con los medios de comunicación europeos para trasladarles su visión de la propuesta. En Estrasburgo, Montserrat ha explicado que quiere “hacer sonar la alarma” para que la Comisión “vigile de cerca” al Gobierno de Sánchez. La eurodiputada española ha recordado que los delitos de corrupción (como el de malversación, porque varias personas fueron condenados por desviar fondos para realizar el referéndum 2017) y terrorismo podrían acogerse a la amnistía (no hay ningún condenado por ello, pero la Audiencia Nacional sí investiga la causa de Tsunami Democràtic, vinculada a las protestas posteriores a la sentencia del Supremo).

Montserrat también han mencionado la introducción del concepto de lawfare —que podría dar lugar a la revisión de penas por una supuesta “judicialización de la política”— que se halla en el acuerdo entre Junts y el PSOE y no en la propuesta de ley, que espera ahora las enmiendas de los grupos. “Esto es una música que ya hemos escuchado en los últimos tiempos en la Unión Europea, sea una rapsodia húngara o un vals polaco”, ha lanzado la eurodiputada popular.

Comparación con Polonia y Hungría

El PP quiere que se compare España y la propuesta de ley de amnistía con la situación en Polonia y Hungría, apercibidos por las instituciones por sus vulneraciones continuadas al Estado de derecho, por elementos como sus reformas de la justicia, leyes para controlar los medios de comunicación o normas que vulneran los derechos de las mujeres, las minorías y las personas LGTBI+. En sus exámenes anuales del Estado de derecho de los Estados miembros, el Ejecutivo comunitario ha reclamado a España continuadamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —que tiene el mandato caducado desde hace cinco años—, bloqueada por el Partido Popular.

Hace dos semanas el comisario de Justicia, Didier Reynders, pidió explicaciones al Gobierno de España sobre la ley de amnistía cuando todavía no había siquiera un borrador ni se había cerrado el acuerdo entre partidos, alegando que había recibido numerosas cartas de ciudadanos sobre el asunto. Mientras, desde hace semanas se mantiene una campaña en redes sociales para enviar quejas a las instituciones comunitarias sobre el tema y numerosos directores generales e incluso comisarios que llevan carteras que no tienen nada que ver con el tema han recibido decenas de correos electrónicos con el mismo texto de queja. Hasta que Reynders envió su misiva a los entonces ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y Justicia, Pilar Llop, la Comisión se había mantenido al margen de todo lo relacionado con el debate de Cataluña y el tema del independentismo, recalcando que es un “asunto interno” de España.

En el asunto de la amnistía, para el que emitirá una evaluación que aún puede tardar si espera a las enmiendas de los grupos políticos, Bruselas quiere cubrirse las espaldas, pero no tiene demasiado margen de maniobra: solo si vulnera los principios fundamentales de la UE —como la igualdad de todos los ciudadanos o la separación de poderes— o se ven afectados fondos comunitarios. La propuesta de ley, no obstante, deja fuera el perdón que involucre fondos europeos. El comisario Reynders conversó el lunes con Bolaños, ahora ministro también de Justicia y relaciones con las Cortes, y se prevé que mantengan una reunión preliminar sobre el tema la próxima semana.