Fiscales progresistas reprochan al Supremo que “merme” la autonomía del fiscal general con la sentencia sobre el nombramiento de Delgado

La decisión del Tribunal Supremo de anular el ascenso de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de sala, ha levantado ampollas entre los fiscales progresistas. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Delgado y a la que pertenecía el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de llegar a este cargo, considera que la sentencia dictada este martes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo “anula” la capacidad discrecional del jefe de la Fiscalía de realizar nombramientos y, de esta forma, “merma la autonomía del Ministerio Fiscal”.

La resolución del alto tribunal, dictada con la unanimidad de cinco jueces de distintas sensibilidades, recoge una durísima crítica hacia la actuación de García Ortiz, al que atribuyen “desviación de poder”. Los magistrados consideran que la motivación del fiscal general del Estado al proponer a Delgado como responsable de la Fiscalía Togada —la militar— fue asegurarle un ascenso, y que con ello se apartó de su deber de cubrir las vacantes en la Fiscalía “fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito”. Al cesar como fiscal general del Estado, en julio de 2022, Delgado volvió a su plaza de fiscal rasa en la Audiencia Nacional, pero, en septiembre de ese año, García Ortiz la propuso para fiscal de sala de la Fiscalía Togada, nombramiento que aprobó el Consejo de Ministros.

Delgado ya no es fiscal de sala de lo Militar, porque en junio fue nombrada fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. No obstante, este último nombramiento fue posible porque Delgado ya tenía la categoría máxima, por lo que, anulado ese primer ascenso, la Fiscalía tiene ahora que ver si eso afecta a su actual destino. Fuentes fiscales aseguran que la decisión del Supremo no afecta a su actual puesto como jefa de la Fiscalía de Memoria Democrática, pero fuentes jurídicas señalan que sí. Delgado ha anunciado en declaraciones a la SER que “va a combatir” ante el Constitucional la sentencia, que considera “injusta”.

Mientras se decide cómo ejecutar la sentencia, los fiscales progresistas han expresado este miércoles, en un comunicado, su disconformidad con los argumentos en los que se basa la decisión del Supremo. La UPF sostiene que el nombramiento ahora anulado se basaba en la ”extensa y razonada” propuesta del fiscal general del Estado en la que se hacía referencia al “vasto currículum y la dilatada experiencia” de Delgado que, “junto a su profundo conocimiento de la jurisdicción penal, tanto en su aspecto institucional, organizativo como directivo” era “clave” para la plaza de Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

De forma muy minuciosa, la propuesta del fiscal se refería a la experiencia de Delgado durante casi 30 años de carrera en materias tan complejas como la criminalidad organizada, la lucha contra el terrorismo y su financiación, el narcotráfico o el blanqueo de capitales, así como su labor durante más de 13 años como fiscal de Fiscalía de la Audiencia Nacional como coordinadora contra el terrorismo yihadista.

“No podemos entender que, habiendo sido recogida de forma tan extensa y razonada en la propuesta el curriculum vitae de nuestra compañera, éste no haya sido valorado, ni siquiera mencionado, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, se quejan los fiscales progresistas, que reprochan al Supremo que la sentencia no recoja “ninguna valoración de los extensos méritos que la candidata propuesta tenía para hacerla merecedora de la plaza” de fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Supremo.

La UPF advierte de que los argumentos en los que el Supremo basa su decisión y la mención sobre la “desviación de poder” se sostienen sobre las manifestaciones realizadas por García Ortiz, “en el ejercicio de su autonomía”, sobre la conveniencia de que los fiscales generales del Estado que no tengan la máxima categoría de la carrera, sean ascendidos cuando dejen el caro. Sobre todo, afirma la asociación progresista, cuando “los méritos y la capacidad son sobrados para el desempeño de la plaza”. “Como muestra, basta recordar que igual se hizo con la ex fiscal general del Estado, María José Segarra, siendo dicha argumentación avalada entonces por el pleno del Consejo Fiscal”.

“Nos preocupa la fundamentación de esta sentencia ya que el informe GRECO [Grupo de Estados contra la Corrupción] de 2021 valoró muy positivamente este mismo razonamiento, que ahora se desdeña, como forma de refuerzo de la autonomía de la figura del fiscal general del Estado”, recuerda a UPF, que considera que se ha “minusvalorado” a Delgado “so pretexto de entender que la intencionalidad no era hacer valer su mérito y capacidad, cuestión que queda despejada al leer el currículum de la compañera”.

La UPF considera que el Supremo reincide al anular un nombramiento discrecional del fiscal general, en referencia al caso de Eduardo Esteban, el fiscal de sala de Menores, cuya designación ha tumbado el alto tribunal en dos ocasiones. “Nos encontramos ante un cambio no fundamentado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde los méritos y la capacidad, así como el trabajo jurisdiccional, no parecen resultar suficientes frente a otras pretensiones que no benefician a la carrera fiscal y al servicio público que prestamos a diario”, concluyen los fiscales progresistas.