El asesino de Arturo Ruiz asegura que trabajó para la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA

José Ignacio Fernández Guaza, el fugitivo ultra localizado por EL PAÍS en Buenos Aires (Argentina) tras años huido de España por haber cometido el asesinato del estudiante de 19 años Arturo Ruiz en 1977, arrastra un pasado conectado a la guerra sucia contra ETA. El pistolero indicó a este diario que formó parte de un comando que mató supuestamente a miembros de la banda terrorista en el sur de Francia a mediados de los setenta. Su grupo, según relató, estaba formado por 15 civiles con entrenamiento militar, trabajaba para la Guardia Civil y cobraba de los fondos reservados.

Fernández Guaza sostiene que sus víctimas, cuya identidad elude desvelar, pertenecían “a la máxima jerarquía” de la organización terrorista vasca. El sumario del caso de Arturo Ruiz contiene testimonios e indicios que relacionan a este pistolero con la Guardia Civil y la guerra sucia contra ETA.

Las acciones del grupo al que perteneció el ultra se desarrollaron –según el prófugo- en colaboración con la policía gala. Y coinciden en el tiempo con la campaña de colocación de bombas y ataques de grupos de extrema derecha contra ETA tras el atentado mortal de la banda contra el expresidente del Gobierno Luis Carrero Blanco en 1973.

— Cruzábamos la frontera [entre España y Francia] para buscar información y, también, para agarrar a algún muchacho de ETA. […] Yo siempre cobré muy bien. Soy muy bueno en mi trabajo. […] Nos pagaban en efectivo.

Armados con pistolas ametralladoras Ingram, la milicia ultra, según el fugitivo, se alojaba en pisos francos, donde permanecía hasta dos meses. El grupo mataba a sus víctimas a bocajarro.

— La Dirección General de Seguridad sabía qué pasaba. […] Teníamos carta blanca. […] Nos acercábamos y matábamos como ellos. Nada de con un rifle con mira telescópica. […] También destruimos su aparato económico. Les volamos restaurantes y negocios. Tocamos donde más les dolía, la plata.

Los cuarteles de la Guardia Civil de Gernika (Bizkaia) y Bilbao actuaban, prosigue este septuagenario, como base de una organización que trabajaba coordinada con los servicios secretos franceses.

― Gernika, Bilbao, Lekeitio (Bizkaia). Eran nuestras casas.

El enigma del DNI

El hombre que mató a Arturo Ruiz carece de DNI en las bases de datos policiales españolas, pese a que sobre él pesaron órdenes internacionales de busca y captura, ya expiradas, según ha comprobado EL PAÍS. Un gesto que el ultra agradece a sus benefactores.

― Fue gente que se preocupó de mí. Me dijeron: “Vamos a hacerle desaparecer”. Yo nunca existí.

Una fuente policial justifica que el asesino no tenga DNI en el contexto del manto protector que amparó a los comandos de extrema derecha que colaboraron en la guerra sucia. “Es muy grave e insólito. Hace cuatro décadas, antes de la digitalización, podía ser más fácil ocultar información. Solo un reducido grupo de funcionarios accedía a los datos”, añade un inspector de la Policía Nacional.

Fernández Guaza se esfumó de España en enero de 1977, tras descerrajarle dos tiros al estudiante de bachillerato Arturo Ruiz en una manifestación por la amnistía de los presos políticos en el corazón de Madrid. Sucedió la víspera de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha. Cuatro letrados y un trabajador de un bufete de Madrid vinculado a Comisiones Obreras y al Partido Comunista murieron en este atentado de extrema derecha, que inauguró una semana en la que grupúsculos fascistas maniobraron para dinamitar la democracia.

La huida permitió al pistolero esquivar el juicio, la prisión y una condena segura y se fraguó mediante un viaje de Irún (Gipuzkoa) a París en coche con un pasaporte falso elaborado por los “servicios de seguridad españoles”, según Fernández Guaza. El ultra permaneció un año escondido en un pequeño apartamento de la capital francesa.

― Me marché de París porque ETA iba detrás de mí.

Tras abandonar Francia, el pistolero residió un año en Buenos Aires y, posteriormente, en Ingeniero Maschwitz, un municipio de 15.000 habitantes a 45 kilómetros de la capital argentina, donde adquirió una casa a nombre de uno de sus tres hijos.

El sumario del caso Arturo Ruiz, de casi 800 folios, recoge cuatro testimonios que apuntan a la relación del ultra con la Guardia Civil y la guerra sucia. La que fuera durante siete años su pareja, C. Chacón, declaró a los instructores en 1977 que era habitual ver armas en su casa de la madrileña calle de López de Hoyos porque su novio “trabajaba para los servicios de la Guardia Civil y la Policía”. Añadió que el asesino era socio de un club de tiro olímpico de Madrid y que tenía una espingarda [arma parecida a un fusil, pero de cañón más largo], una pistola y munición. Y detalló que Fernández Guaza se ausentaba “con frecuencia” del domicilio sin desvelar su destino. “En una ocasión, me dijo que iba al norte”, recordó Chacón.

La exnovia del prófugo precisó, además, que un día después del asesinato del estudiante, Fernández Guaza le llamó para pedirle que enviara un giro de 15.000 pesetas (90 euros) al guardia civil del cuartel de Gernika J. García Cabrera. La investigación nunca determinó a qué respondió el pago. El agente confirmó esta información a la Policía y precisó que mantenía una “relación de confianza” con el ultra, al que había conocido en 1975 durante una misa en Bilbao en honor a un compañero que falleció en un atentado.

M. R. Fernández, hermana del prófugo, confesó a la Policía que custodiaba una maleta de su familiar con decenas de cartuchos del calibre 9 milímetros Parabellum. Se trata de munición empleada en la mayoría de los atentados perpetrados por la extrema derecha contra ETA.

El ultra J. Serrano Rodríguez de Verges declaró a los instructores que una vez viajó a Bilbao con Fernández Guaza, al que había conocido en un acto del partido de extrema derecha Fuerza Nueva. Enmarcó el trayecto en una misión para “neutralizar las acciones de ETA”.

La investigación judicial concluyó con la condena de Jorge Cesarsky, un argentino vinculado a la Triple A que fue sentenciado a seis años de prisión por terrorismo y tenencia ilícita de armas y que solo cumplió un año de cárcel por portar la pistola homicida. Fernández Guaza, que nunca se sentó en el banquillo, ha vivido con impunidad 46 años.

El fugitivo reconoce su amistad con Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, el policía de la Brigada Político Social acusado de torturas por decenas de represaliados de la Dictadura que murió en 2020.

Según señala a este diario un mercenario de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), la organización parapolicial que entre 1983 y 1987 asesinó a 27 etarras, la mayoría de comandos de extrema derecha vinculados a la guerra sucia mantenían “fuertes lazos” con la Brigada Político Social y la Guardia Civil.

La venganza es el argumento que esgrime Fernández Guaza para justificar su labor para las cloacas del Estado.

― Mi padre era militar y muy amigo de [Luis] Carrero Blanco. ¿Qué culpa tenía el chófer del expresidente del Gobierno que murió en el atentado? Ustedes no estuvieron cuando colocaron la bomba en la calle del Correo de Madrid [atentado de ETA en 1974 que causó 12 muertos y 71 heridos, que fue considerado la primera matanza masiva de civiles de la banda]. Está dentro de la ley humana. Ojo por ojo, diente por diente. Es muy feo cuando se te presenta una madre en un funeral y te dice: ¿por qué han matado a mi hijo?

El pistolero no se ha arrepentido del asesinato de Ruiz y presume de conservar a buen recaudo pruebas de su vidrioso relato.

― Tengo 76 años, pero una cabeza como una CPU.

Tras la muerte de Francisco Franco, en 1975, el terrorismo de extrema derecha operó bajo distintas siglas. El Batallón Vasco Español (BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) y los Grupos Armados Españoles (GAE) fueron sus organizaciones más activas. Con objeto de cortocircuitar la Transición y responder a ETA, las milicias parapoliciales perpetraron 60 asesinatos entre 1975 y 1982, según el estudio El Terrorismo en España (Ministerio del Interior).

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