Una jura con la amnistía de fondo

La casualidad ha hecho coincidir en el tiempo dos procesos de profundo calado para la democracia española: la jura de la Constitución de la princesa Leonor el día que cumple 18 años y la negociación del PSOE con partidos independentistas para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

El primero entronca con el artículo 1.3 de la Constitución, que asegura que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Los actos celebrados este martes han culminado un mecanismo reglado que garantiza la sucesión en la Corona, actos que han transcurrido dentro de la más absoluta normalidad institucional. La ausencia de la jura de grupos nacionalistas o de algunos miembros del Gobierno no son más que un desaire que refleja la complejidad de una España que poco tiene que ver con la de 1986, cuando Felipe VI afrontó el mismo trámite.

La jura de la Princesa da oxígeno a una Corona que ha sufrido en los últimos años una grave crisis de credibilidad debido a los escándalos económicos y sentimentales de Juan Carlos I, desaparecido hoy de la escena oficial, y que sumó numerosos desafectos en Cataluña como consecuencia de la respuesta que Felipe VI dio al órdago ilegal del secesionismo en 2017.

Por su parte, la negociación de los socialistas entronca con el artículo 99 de la Constitución, que establece el procedimiento para conseguir la investidura. El hecho de que esta dependa de los votos de Junts y ERC, y que el precio a pagar sea la amnistía de los encausados en el procés, está causando un enorme malestar en buena parte de la ciudadanía, y no solo entre el segmento del electorado identificado con la derecha. Conceder la medida de gracia a Carles Puigdemont, huido de la justicia y responsable principal del desgarro que vivió España en 2017, irrita también a numerosos votantes progresistas. Esta incomodidad es mayor al contemplar cómo el PSOE está dando pasos claros para la amnistía sin atisbar un movimiento recíproco en el independentismo. Queda todo por saber de la ley, pero es de prever que quienes se acojan a ella tengan que adquirir algún compromiso. No se trata de que renuncien a sus ideas, amparadas en la Constitución que impugnan, sino de que al menos asuman que estas ideas han de defenderse dentro de la legalidad.

Esta negociación está propiciando nuevos discursos hiperbólicos sobre la supuesta ruptura de España y la demolición de la Monarquía, augurios que se repican desde hace dos décadas sin que nada de esto haya ocurrido. Y la garantía de que esto es y será así recae, sobre todo, en el PSOE, un partido de alma republicana. Los socialistas son los únicos que podrían cambiar el fiel de la balanza, pero ninguno de sus secretarios generales, desde Felipe González a Pedro Sánchez, ha expresado jamás su intención de abrir el debate de la forma de Estado. Es más, todos han manifestado una lealtad sin discusión a la Corona.

En 1986, cuando Felipe VI juró la Constitución, los detractores de la Monarquía eran insignificantes y el PSOE tenía una holgada mayoría absoluta. En la España de 2023, los desafectos a la Corona se han multiplicado (una encuesta de 40dB. de 2021 reveló que el 39,4% de los españoles se declaraba republicano por un 31% que defendía la actual forma de Estado) y la fragmentación obliga a los dos grandes partidos del sistema político, el PSOE y el PP, a pactos indeseados.

En la España de hoy, la heredera del trono es una mujer y la gobernabilidad del país depende de quienes no creen en este proyecto común. Una España distinta a la de 1986 y a la de la Transición, pero que sí puede mirar a ese pasado para hacer viable el entendimiento.