Fernando Grande-Marlaska viaja a Senegal para intentar frenar la llegada de cayucos a Canarias

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido este lunes en Dakar con su homólogo senegalés, Sidiki Kaba, con un objetivo sobre la mesa: reducir la salida de cayucos desde Senegal hacia las islas Canarias. La receta para conseguirlo es cada vez más laboriosa, pero Grande-Marlaska busca que las autoridades senegalesas controlen más sus costas y que acepten vuelos de repatriación, la cuestión más espinosa de todas. Para Interior, la no devolución de los senegaleses es un incentivo para otros miles de candidatos a la inmigración irregular, pero en estos últimos años no ha logrado que el Ejecutivo senegalés acepte más que algunas deportaciones a cuentagotas en vuelos comerciales. Ninguno de los dos ministros se refirió a este polémico asunto, a pesar de que fue tratado en la reunión.

En el lenguaje institucional, la misión es más sutil. “Hemos venido para comprobar el estado de las relaciones entre nuestras distintas instituciones en la lucha contra las redes que trafican con los migrantes”, ha dicho el ministro en un vídeo enviado a los periodistas. “He podido comprobar la relevancia de dicha coordinación, su seriedad, y cómo este trabajo conjunto ha permitido evitar la salida de más de 7.000 migrantes”, añadió.

Las salidas desde Senegal han disparado la actividad en la ruta migratoria hacia Canarias, que permanecía más o menos controlada desde el año pasado. Desde que comenzó 2023, las islas suman casi 30.000 entradas irregulares, el 57% a bordo de cayucos que partieron de Senegal, según fuentes policiales. La cifra de llegadas está ya muy cerca de superar el que hasta ahora era el récord histórico, los 31.678 migrantes que se registraron en 2006 durante la llamada crisis de los cayucos. El éxodo sin precedentes ha batido récords este mes de octubre, cuando más de 13.000 personas han desembarcado en el archipiélago. Nunca había llegado tanta gente a las islas en un periodo tan corto de tiempo.

Las autoridades españolas han visto, con impotencia, cómo cualquier previsión migratoria en esta ruta ha volado por los aires. Las aguas calmas y el buen tiempo han facilitado estas largas travesías, pero la crisis política que atraviesa Senegal ha sido un incentivo imbatible para emigrar. En esos cayucos se marcha una juventud cada vez más contestataria y descontenta con el Gobierno actual.

La Marina senegalesa controla sus costas y da cuenta de ello en las redes sociales, con cientos de personas interceptadas cada día. Solo en el mes de octubre, ha anunciado el ministro senegalés, ha interceptado a 4.471 emigrantes que intentaban llegar a Canarias, de los cuales 3.838 en las últimas dos semanas. Pero entre los que han llegado a Canarias es recurrente el relato de que parte del precio de su pasaje estaba destinado a sobornar a las autoridades locales para que mirasen para otro lado cuando su cayuco ponía rumbo a las islas.

Grande-Marlaska llega a un país al que no es tan fácil motivar en la coyuntura actual. No solo por la situación política, sino porque cada vez son más los países que aspiran para sí las grandes partidas financieras que se entregan a otros como Turquía, Libia o Marruecos.

Dakar ya tiene una misión de la Guardia Civil con 33 agentes, cuatro embarcaciones, un helicóptero y 13 todoterrenos para evitar las salidas. En estos años, se han impulsado programas de formación de control fronterizo para las fuerzas de seguridad senegalesas y se ha reforzado la cooperación policial con cinco efectivos de la Policía Nacional. Cada año, además, España entrega a Senegal unos tres millones de euros para frenar la inmigración de sus ciudadanos. En este viaje, Grande-Marlaska ha hecho entrega de seis drones a la policía senegalesa que se suman a un avión de la Guardia Civil recién enviado a Dakar, con el que el ministerio celebra haber facilitado casi un millar de interceptaciones entre el 17 y el 18 de octubre.

“La cuestión principal es salvar vidas. Trabajamos para desmantelar las redes de migración irregular y por la cooperación transversal entre Senegal y España y Senegal y la UE. La migración es un desafío, no un problema”, dijo el ministro Grande-Marlaska tras la reunión. “La cooperación entre los dos países ha sido muy importante y eficiente desde 2006, estamos comprometidos a reforzarla”, añadió. El ministro Kaba, por su parte, dijo: “Senegal ha mostrado su determinación a movilizar al conjunto de fuerzas de defensa y seguridad para intentar detener los barcos con migrantes que salen de todas partes con la complicidad de redes que están en el origen de este tráfico”.

Un asunto espinoso

La prioridad española de poder expulsar a los senegaleses que están llegando inquieta a la población y sus medios le dedican portadas. En 2006, las devoluciones se consideraron clave para frenar la llegada de cayucos, pero las cosas han cambiado mucho desde entonces.

Aceptar a sus ciudadanos de vuelta es un asunto demasiado sensible para los países emisores de emigrantes y, especialmente, para Senegal en el momento delicado en el que se encuentra. El país atraviesa una profunda crisis política desde 2020, cuando comenzó un ciclo de intensas protestas que ha provocado al menos medio centenar de muertos y el encarcelamiento de más de 1.000 personas, en su mayor parte jóvenes descontentos con el actual Gobierno. La detención del principal líder opositor, Ousmane Sonko, en junio, y su posterior ingreso en prisión e ilegalización de su partido, el Pastef, en agosto, han generado un enfado y frustración en muchos jóvenes que habían depositado en esta opción política sus esperanzas de cambio. España ya ha intentado, al menos en dos ocasiones, que Senegal acepte un avión lleno con sus ciudadanos devueltos, pero no lo ha conseguido. Hasta ahora, las expulsiones se han hecho de forma puntual en vuelos comerciales. “Eso y nada es lo mismo”, se quejan fuentes policiales.

La salida de miles senegaleses está motivada por la situación política y la deriva antidemocrática —el Gobierno ha prohibido toda manifestación y la principal universidad del país no ha reabierto desde el curso pasado por temor a que vuelva a ser foco de nuevas protestas—, pero se suma a una coyuntura en crisis. Los precios de los productos de primera necesidad, como la gasolina, el arroz, el aceite o el azúcar, han vivido un constante incremento desde la pandemia y, más tarde, por las perturbaciones comerciales derivadas de la guerra en Ucrania. Ello ahonda aún más en el malestar de la parte más vulnerable de la sociedad, que sufre para sobrevivir. Los pescadores, actores necesarios en este repunte migratorio, denuncian la falta de pescado y acusan a los grandes barcos industriales que pescan en sus aguas de arrebatarles las capturas. “Nuestros jóvenes ya no tienen esperanza ni en la pesca ni en este país. Se está yendo lo mejor que tenemos”, asegura Youssoupha Fall, pescador de Kayar, uno de los principales puntos de partida de cayucos hacia Canarias.