En busca de jóvenes terroristas: historia de dos reclutadores de la yihad a los que unió la cárcel

Cuando Mustafá Maya Amaya y Deniz Ibryam Redzheb dieron con sus huesos en prisión, allá por 2014, no tenían intención de dejar atrás su pasado terrorista. Encarcelados entonces por pertenecer a dos células distintas dedicadas en España a la captación de combatientes yihadistas, ambos conjuraron entre rejas su odio a la sociedad occidental durante ocho años y, cuando salieron libres en 2022, no dudaron en volver a la carga. Así lo explican fuentes de la Policía Nacional, que los detuvieron de nuevo el pasado lunes, acusados de “persistir” en sus labores de adoctrinamiento, sobre todo de jóvenes”. Este jueves, tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, el magistrado Joaquín Gadea los ha enviado a ambos a prisión provisional por nuevos delitos de terrorismo yihadista. La causa sigue secreta.

El juez ha seguido así el camino señalado por la Fiscalía, que había pedido la inmediata reclusión de Maya Amaya y Ibryam Redzheb, capturados respectivamente en Melilla y Fuenlabrada (Madrid). La acusación les atribuye delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento, adoctrinamiento sobre terceros y autocapacitación: “Todos ellos con fines terroristas”, según ha informado el ministerio público, que ha defendido este jueves el encarcelamiento de ambos ante la existencia de un elevado “riesgo” de fuga, de que oculten pruebas y de que puedan cometer más crímenes de seguir en libertad.

Mustafá Maya Amaya y Deniz Ibryam Redzheb son dos viejos conocidos de los agentes. Sus nombres ya habían aparecido en otros sumarios de terrorismo e, incluso, los dos han pasado por prisión, condenados por pertenecer a células asentadas en España y dedicadas al reclutamiento de combatientes yihadistas. Aunque aparentemente sus vidas resultan muy diferentes, ambos han construido una historia con muchos puntos en común. Y, tras salir de la cárcel, habían vuelto presuntamente a las andadas. “Habían retomado sus contactos con personas afines a la yihad, con el objetivo de realizar acciones violentas de manera conjunta o individual”, ha resumido la Policía este jueves: “Estarían persistiendo en sus labores de adoctrinamiento, sobre todo de jóvenes, utilizando las aplicaciones de mensajería para el envío de material propagandístico de organizaciones yihadistas, así como para la creación y edición de contenidos”.

Según fuentes de la investigación, bautizada como Operación Moules, los dos yihadistas coincidieron en una prisión de Andalucía, donde hicieron amistades en común y comenzaron a tejer vínculos. Según estas mismas fuentes, también empezaron a tener contactos a través de intermediarios y mediante mensajes ocultos, que reforzaron una vez salieron de la cárcel: Maya quedó libre en marzo de 2022, y su compañero apenas unos meses después, en junio de ese mismo año. La Policía Nacional mantiene que crearon de esta forma una especie de estructura, no jerarquizada, pero que sí compartía un objetivo común: la difusión del “yihadismo combativo” y el reclutamiento de nuevos adeptos, para lo que utilizaban principalmente las redes sociales. “Ambos realizaban un adoctrinamiento muy peligroso”.

Sin embargo, el perfil de los dos arrestados resulta muy diferente. A sus 60 años, Maya pasa difícilmente inadvertido: sufría una cojera que se acentuó hasta dejarlo postrado en una silla de ruedas. Nacido en Bruselas de padres españoles —se le conoce con el alias del Yihadista gitano, ya que él mismo se presenta como el “hijo de gitano español y madre castellana andaluza”—, adoptó el nombre de Mustafá al convertirse al islam. Sin pudor, ha exhibido durante décadas un radicalismo extremo y, a principios de siglo, colocó un manifiesto en la puerta de una mezquita de Málaga titulado Los talibanes y las mujeres, en el que defendía la obligación del uso del burka por parte de ellas.

Tras años de agitación, Maya fue detenido en Melilla en 2014, adonde se había desplazado para vivir. Tras encausarlo, la Audiencia Nacional consideró probado que había liderado una “de la mayores redes de captación de radicales” de corte yihadista, a los que ayudaban a desplazarse a países como Mali, Siria o Libia para su integración en diversos grupos terroristas: como el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés); Al Qaeda en el Magreb Islámico; o Jabaht Al Nusra. El Yihadista gitano había sido el “promotor, director, coordinador, dinamizador y líder” de este grupúsculo, según el tribunal, que le impuso en 2018 una pena de ocho años de prisión tras pactar con la Fiscalía: “La función de Maya Amaya era esencial para los fines de la organización [...] Simultaneaba la actividad de captación con la función de asesoramiento sobre los medios de transporte a emplear, rutas, equipamiento preciso, formas de eludir controles policiales y de fronteras...”.

Por entonces, Maya ya se mostraba como un verdadero maestro de la persuasión. Comenzaba hablando a sus potenciales objetivos de paz y amor, y acababa abogando por la yihad. Todo ello, valiéndose exclusivamente de un ordenador, desde el que se adentraba en las redes sociales con seudónimos. Según fuentes cercanas a la investigación que ahora ha provocado su nuevo arresto, esa innata “capacidad de convencimiento” no se ha esfumado. Y, al salir de la cárcel en 2022, tan solo ha tenido que adaptarse al nuevo entorno digital, donde los jóvenes se mueven más por plataformas como Instagram y TikTok, en lugar de Facebook. Sus mensajes son “muy peligrosos”, resaltan estas fuentes, que describen cómo, cuando estalló la guerra entre Israel y Gaza a principios de octubre, detectaron que Maya subía un escalón más en sus arremetidas antisemitas y se focalizaba en animar a acabar con la vida de judíos.

La antigua Brigada Al-Ándalus

La vida de Deniz Ibryam Redzheb, de 44 años, camina por otros derroteros, pero también acaba en el banquillo de la Audiencia Nacional. Conocido como Abderrahman u Omar El Turco, nació en Bulgaria durante la dictadura de Todor Yivkov. Al igual que a Maya, las fuerzas antiterroristas lo detuvieron en 2014 en España: aunque, en su caso, el arresto se produjo en Madrid y por haberse integrado en una célula autodenominada Brigada Al-Ándalus, dedicada también a la captación y radicalización, así como al envío de combatientes yihadistas al extranjero. Redzheb, que desde 2012 mantenía contacto con miembros de esta red en el Centro CulturaI Islámico de la M-30, se centró en “labores de coordinación” y, desde Turquía y Francia, “organizó” los viajes a luchar de alguno de sus compañeros. Él mismo manifestó “sus claras intenciones de desplazarse a Siria”, destaca la sentencia que lo condenó en 2016 a ocho años de prisión.

Cuando lo detuvieron en 2014, los investigados encontraron en casa de Redzheb, en el barrio de Los Ángeles (al sur de la capital), un teléfono móvil que contenía mensajes de WhatsApp donde afirmaba que ya tenía “las maletas hechas” para marcharse a combatir y que solo lo impedía “un problema con el visado para entrar en Turquía”. También le intervinieron archivos de audio con canciones que ensalzaban la lucha de los muyahidines y un vídeo con el mensaje “El final de la yihad es la victoria”. Según fuentes de la Operación Moules, en esta ocasión no han detectado que quisiera marcharse a luchar, aunque los investigadores todavía no han analizado toda la documentación intervenida tras su arresto el pasado lunes.

Esta última intervención policial, que ha propiciado la captura de Maya y Redzheb, incide en la potencial peligrosidad de los islamistas radicales cuando son excarcelados. El Ministerio del Interior ha mostrado su preocupación por este fenómeno y el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2022-2025 ya señalaba que, una vez en la calle, los expresos yihadistas podían “dinamizar la actividad terrorista en los próximos años”. En la reunión celebrada el pasado viernes en la sede de Interior, Fernando Grande-Marlaska mostró a los grupos políticos que asistieron su preocupación por el papel que podían jugar estos reclusos una vez que cumplen su condena y recobran la libertad. Actualmente, por estos motivos, hay 159 reclusos bajo la lupa en los centros penitenciarios del país: 66 condenados o preventivos vinculados a delitos de terrorismo yihadista; 39 encarcelados por delitos comunes a los que se les ha detectado haciendo proselitismo del islamismo radical en las cárceles; y otros 54 que “han puesto de manifiesto actitudes o conductas que pudieran considerarse indiciarias de radicalización violenta de carácter islamista”.

En la Operación Moules han intervenido agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y de las brigadas provinciales de Información de Melilla y Madrid. Y ha contado con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la agencia europea Europol.