Debates electorales: ni obligatorios ni regulados

La política moderna se juega en gran medida en la televisión. Los debates electorales son una plataforma desde la que los políticos se presentan ante el gran público. Forman parte de la liturgia de unos comicios, pero no se perciben como un derecho de los votantes. Quedan al arbitrio de los partidos y de sus estrategias. Los candidatos imponen formatos o seleccionan adversarios a su conveniencia, impulsan o esquivan los cara a cara según el dictamen de las encuestas o la intuición de sus asesores. Al margen de los intereses partidistas, los duelos entre los principales candidatos han entrado a formar parte del paisaje electoral y cada vez son más los países que los promueven al considerar que una de las acciones más importantes en la carrera de un político es enfrentarse en plató a su oponente.

Ante las legislativas del 23 de julio, los cabeza de lista del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, se medirán en un único cara a cara: el que organizará el 10 día Atresmedia (propietario de Antena 3, La Sexta y Onda Cero). El líder de los populares ha rechazado los debates a cuatro propuestos por ese mismo grupo, además de las invitaciones cursadas por RTVE y el Grupo Prisa (editor de EL PAÍS). Feijóo huye incluso de estos encuentros que han aceptado Sánchez; la líder de Sumar, Yolanda Díaz; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, previstos para el día 14, el del Prisa, y el 19, el de RTVE. El día 13 habrá en la sede de Prado del Rey de RTVE otro encuentro a siete con portavoces parlamentarios El líder de la oposición tiene, sin embargo, su propio plan: quiere medirse con los candidatos de PSOE, Sumar, Vox, PNV, ERC y Bildu, una opción que no está sobre la mesa.

Sopesar el riesgo y calibrar su impacto en la movilización del electorado son factores esenciales para aceptar o rechazar los debates. El catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada Óscar G. Luengo sostiene que son importantes pero cristalizan el voto en menos porcentaje de lo que se podría pensar a tenor de la enorme atracción mediática que suscitan. “Suelen mover un máximo del 5% del voto”, asegura, pero observa que “en elecciones muy competidas es determinantes y estas que se presentan parece que van a serlo”. Percibe que hay unas ligeras transferencias de voto entre algunos partidos y eso puede ser clave para configurar el mapa electoral.

Teóricamente, los debates dan más juego a los partidos que acceden al poder. “Por eso es llamativo que Feijóo esté planteando algunos problemas”, expone Luengo. “En realidad el que más tiene que perder es el quien tiene el poder. Esa es la norma general. Luego entran otras cuestiones particulares, como la capacidad discursiva de Pedro Sánchez, que es visiblemente mejor que la de Feijóo”. Pese a todo, valora la importancia de ese género y admite que el cara a cara es “un formato mucho más vulnerable porque los candidatos se miden en tiempo real, sin espacio de reaccionar y sin consultores cerca. Los candidatos se dirigen a todos los votantes: a los propios, a los ajenos y a los indecisos”.

El PP ha dado sonoro portazo a la posibilidad de que Feijóo acuda en la televisión pública y Génova tampoco contempla enviar a un sustituto, como hizo en 2015 cuando el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que aceptó un duelo con Sánchez, envió en el cruce a cuatro a Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidente se enfrentó en aquella ocasión al líder socialista y a los candidatos del Ciudadanos y Unidas Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, respectivamente. Y todos los participantes afearon la ausencia del cabeza de lista del PP. “Quiero saludar a Rajoy, que nos estará viendo”, dijo jocoso Iglesias.

Los debates se enmarcan en un contexto económico, político y de campaña electoral. Estos factores, según la politóloga Eva Anduiza, dificultan identificar “en qué medida ellos y no otras cosas que los rodean contribuyen a aumentar la participación electoral”. Aunque depende de las circunstancias concretas, expone que se sabe que “suelen beneficiar la valoración de los candidatos participantes (si bien no hay necesariamente un juego de suma cero en el que lo que un candidato gana lo pierde otro), y también a los menos conocidos”, Además, “contribuyen a informar a los votantes sobre la posición de los partidos (y la autopercepción de los votantes de estar informados, que no es lo mismo) y tienden a reforzar las preferencias preexistentes. Y cuando se centran en las propuestas políticas pueden tener efectos reductores de la polarización”, señala Anduiza, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estos encuentros generan también microefectos. Luengo detecta dos variables firmes. La primera es la expectativa que tiene el ciudadano. La segunda, mucho más previsible, es la predisposición ideológica: “Los votantes de izquierda tenderán a ver mejor a los candidatos de izquierda que a los de derecha y viceversa”.

En España, como en la mayoría de los países del entorno europeo, los debates no son obligatorios. Los primeros se remontan a 1993, con los célebres cara a cara entre Felipe González y José María Aznar, que se libraron a dos vueltas: en Antena 3 y en Telecinco. El periodista Manuel Campo Vidal, moderador de uno de ellos, ha revelado que PP y PSOE firmaron un documento notarial secreto en el que ambas formaciones se comprometían a dos cruces. El objetivo era que quien ganara el primero (venció Aznar) no se escabullera del segundo (González remontó). Desde entonces, estas batallas se cuentan con los dedos de una mano: en 2008 se citaron José Luis Rodríguez Zapatero y el aspirante a La Moncloa, Mariano Rajoy; en 2011 se vivió un Rajoy-Pérez Rubalcaba, y en 2015 la Academia de la Televisión acogió un Rajoy-Sánchez trufado de duras acusaciones. “Usted no es una persona decente”, lanzó el candidato socialista al popular, que respondió tachando a su oponente de “ruin, mezquino y deleznable”.

Pese a su relevancia en la conversación ciudadana, los debates no están regulados por ley ni son obligatorios. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se limita a enmarcar los principios generales que deben regir en una campaña: respeto al pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. A media que las modalidades televisivas se han expandido, la Junta Electoral Central (JEC) ha ido afinando su doctrina. Los resultados de las anteriores elecciones equivalentes son el baremo para convocar a los participantes a un debate. Se pueden celebrar cara a cara entre las dos formaciones con mayor representación en el Congreso o entre candidatos de las cuatro o cinco fuerzas políticas con más diputados, pero los medios de comunicación en estos casos deben compensar a las demás candidaturas del Hemiciclo con otros debates multilaterales o con entrevistas. La JEC actúa caso a caso. En los comicios de 2019 dejó a Vox fuera de un encuentro en TVE por no tener representación parlamentaria. El partido de Abascal tampoco cumplía la condición “de grupo político significativo” como establecía otra resolución de la Junta.

En la mayoría de los países del entorno europeo tampoco son obligatorios. Luengo recuerda que con los debates “pasa como con la ley electoral y las circunscripciones, un sistema que genera plusvalías a aquellos partidos que tienen concentrado el voto en distritos pequeños”. Incide en que tanto para modificar las circunscripciones como para regular los debates se necesita una mayoría cualificada porque afecta a leyes orgánicas y para ello los dos principales partidos tienen que estar de acuerdo. “Pero estos se han beneficiado de la configuración del sistema electoral y no tienen interés tácito”, expone el catedrático de Ciencia Política, que se muestra escéptico acerca de una hipotética imposición de los debates: “Se dice que enriquecen la democracia y el contraste de proyectos políticos. Son grandes palabras muy elegantes en términos democráticos pero vacías. Al final, los candidatos que tienen la sensación de que pueden ganar más que perder son lo que van a insistir siempre en ofrecerse a un debate”. Anduiza expresa igualmente sus dudas: “No sé si el problema se resolvería haciéndolos obligatorios. La obligatoriedad apuesta por una solución de naturaleza institucional, cuando seguramente el problema tiene más que ver con elementos de la cultura política, dinámicas de los medios de comunicación, o con una manera de entender la competición política más centrada en la táctica que en los proyectos”.

En tiempos de campaña los dos grandes partidos abogan por diseñar un modelo estable de debates. El PSOE alega que en 2015 fue una propuesta en firme. “Siempre hemos sido favorables a que tengan un marco fijo y obligatorio. Así evitaríamos este espectáculo del PP y Feijóo, que solo acepta un debate de los siete que tenía sobre la mesa, y además propone fórmulas extravagantes para despistar y no sentarse a debatir”, comentan fuentes de la Ejecutiva. En el PP, precisamente durante esta precampaña, Feijóo ha hecho hincapié en que pretende impulsar la regulación de estos combates electorales televisados en caso de llegar a La Moncloa. Tras la invitación de Pedro Sánchez a seis duelos, el presidente de los populares cargó contra el jefe del Gobierno por no haber querido debatir con su antecesor, Mariano Rajoy, y aseguró que desarrollará una “disposición legal” para establecer un marco en el que ya no dependan de “cuando interesa al PSOE”.