De un adolescente a una jubilada: la franja de edad de los yihadistas detenidos en España se ensancha

En abril de año pasado, la Policía Nacional detenía en San Antonio de Benagéber (Valencia) a María, una jubilada española de 72 años conversa al islam que presuntamente realizaba labores de proselitismo entre mujeres para que se unieran al Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). Dos meses después, en junio, era detenido en Algete (Madrid) un adolescente de 15 años en cuyo poder se encontró una gran cantidad de material propagandístico del mismo grupo terrorista, incluidos vídeos de atentados y manuales sobre cómo elaborar explosivos. La primera, a la que se considera la presunta responsable de la radicalización de Cristina B., la conocida como la fallera yihadista, aún espera a ser juzgada. El joven, por su edad, ya ha sido condenado por autoadoctrinamiento a permanecer en un centro de menores en régimen cerrado hasta su mayoría de edad, para luego pasar a una situación de libertad vigilada.

Ambos representan los dos extremos de la “enormemente amplia” franja de edad ―57 años de diferencia entre el adolescente y la septuagenaria― en la que se sitúan los 46 presuntos yihadistas detenidos en el transcurso de las 27 operaciones policiales desarrolladas en España el año pasado, según el informe anual del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), presentado este jueves en Madrid. El documento, en el que colabora el Ministerio del Interior, analiza el terrorismo yihadista en el mundo, con un apartado específico para analizar la situación en España. “La edad es uno de los parámetros que plasma por sí mismo la inexistencia de un único perfil de yihadista”, señala el documento tras analizar ocho aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y psicosociales de los arrestados.

Aunque el anuario recalca que estamos “ante un fenómeno que se presenta en constante mutación, evolución y adaptabilidad” en el que no hay un patrón estable, sí recoge algunas características que se repiten. Así, destaca que como “históricamente viene siendo frecuente”, los detenidos de nacionalidad marroquí (18) y española (15, algunos de origen magrebí) siguen siendo la mayoría, representando el 72% del total. No obstante, destaca la novedosa captura de seis ciudadanos paquistaníes, detenidos en dos fases de la Operación Sakina por su presunta adscripción al Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un grupo radical islamista de su país con representación parlamentaria y que aboga por la implantación de la ley islámica y ajusticiar a los que tildan de blasfemos. Además, hubo cuatro nacionales de Argelia, dos de Libia y uno de Albania detenidos.

Respecto al grupo terrorista que les inspiraba, el estudio concluye que solo hay constancia de esta información en 41 de los 46 detenidos, y que, de ellos, la inmensa mayoría (32) se adscribían al Estado Islámico y solo dos a Al Qaeda, una diferencia entre ambos grupos superior a la que ya reflejaba el informe referido a 2021, cuando el primer grupo era la fuente de inspiración de 27 de los arrestados y la organización de Osama Bin Laden, de cinco. El OIET destaca el novedoso protagonismo de Tehreek-e-Labbaik Pakistan tras la detención de seis presuntos simpatizantes, y la presencia de un detenido que se sitúa ideológicamente en sintonía con la rama del ISIS en el Sahel. El informe señala que este último caso “podría explicarse al aumento de la propaganda que desde el núcleo de la organización se lleva realizando durante los últimos meses” en esta zona de África en la que el Estado Islámico “está consiguiendo crecer de forma significativa”.

El informe destaca que el año pasado ha confirmado “el creciente protagonismo” de la mujer en el fenómeno yihadista tras el arresto de cuatro mujeres, entre ellas la septuagenaria de Valencia, cuando en 2021 no había sido arrestada ninguna. “Las detenidas comparten un rasgo común que hace mención al papel activo que la mujer ha adquirido en los últimos años en cuanto a la creación y difusión de contenido propagandístico, así como su implicación en labores de radicalización”, destaca el estudio. Como ejemplo pone a las dos jóvenes de 23 y 29 años de nacionalidad española que fueron detenidas en octubre en Melilla dentro de la Operación Marzu. “A ambas se les asignaban labores relacionadas con la edición de material yihadista que posteriormente era utilizado para labores de captación y adoctrinamiento. También se les atribuían actividades relacionadas con labores de radicalización online y mantenían relación tanto con otros individuos detenidos por terrorismo, como con CTE [Combatientes Terroristas Extranjeros, en referencia a los yihadistas desplazados a zonas de conflicto como Siria]”, añade el documento.

El informe del OIET destaca, precisamente, “las crecientes conexiones y el grado de relación” que ocho de los detenidos habían tenido con estos terroristas desplazados a zonas de conflicto. Los autores del estudio consideran que estos arrestados suponen “un especial riesgo para la seguridad” ya que, incluso en la distancia, pueden haber sido adoctrinados e instruidos por estos combatientes, con un alto grado de extremismo y amplios conocimientos en el manejo de armamento. Por ello, concluye que los detenidos que han mantenido contacto con un CTE pueden mostrar “un grado de radicalización extremo y un odio profundo hacia aquellos que consideraban sus enemigos, tales como los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad”. El estudio destaca que al menos nueve de los detenidos tenían antecedentes por delitos de terrorismo en España o en otros países, y que el 35% contaban con antecedentes por delitos comunes.

La OIET considera también que los datos muestran como “errónea” la idea de que los yihadistas son “personas aisladas de la sociedad y que no ejercen ninguna actividad económica legal”. Según el estudio, de los 36 detenidos sobre los que se ha conseguido documentar este aspecto, 27 tenían un trabajo cuando fueron arrestados. Además, de los nueve restantes, recalca que uno era el adolescente detenido en Algete; otro, la septuagenaria, que era pensionista; y un tercero acababa de ser puesto en libertad tras estar en prisión preventiva por un delito de terrorismo y no le había dado tiempo a reincorporarse a la vida laboral cuando fue de nuevo arrestado.