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La bronca entre los socios de gobierno causa estupor en sus aliados parlamentarios

“El Gobierno se está haciendo mucho daño”, señala Íñigo Errejón, mientras que Ferran Bel, del PDeCAT, habla de “vodevil” para referirse a los desencuentros por la reforma de la ‘ley del solo sí es sí’

La ministra de Igualdad, Irene Montero, este martes en el Senado. Foto: RICARDO RUBIO (EUROPA PRESS) | Vídeo: EFE

“Esto es un vodevil”, coinciden Cuca Gamarra, portavoz del PP, y Ferran Bel, uno de los más fieles aliados del Gobierno en representación del PDeCAT. “Un despropósito. El Gobierno se está haciendo mucho daño”, se duele Íñigo Errejón, otro apoyo casi inquebrantable del Ejecutivo. Después de Errejón es Joan Baldoví, de Compromís, quien comparece en la sala de prensa del Congreso y el coro de lamentaciones prosigue: “Quiero mostrar mi consternación por lo que está sucediendo con la ley del solo sí es sí. Y después aún llegará Gabriel Rufián, de ERC, para poner distancia con la pelea: “Nosotros no vamos a contribuir al ruido”.

El ruido, cada vez mayor, era lo que se había desatado desde primera hora de la mañana de este martes, en medio del estupor de las formaciones que han sostenido durante los tres últimos años al Ejecutivo de coalición, tras un nuevo y abrupto choque entre dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos. Los reproches sobre la ley del solo sí es sí se volvieron cada vez más ácidos a raíz de una entrevista de Àngels Barceló a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, que soliviantó a destacados miembros de UP y al Ministerio de Igualdad. Los llamamientos a la responsabilidad de los aliados exteriores y las filigranas de otros dirigentes del socio minoritario del Ejecutivo como Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario, para no volcar más gasolina en la hoguera, apenas lograron abrirse paso en medio del barullo que se había organizado con las palabras de Llop. Y, mientras, el PP contemplando con deleite el “espectáculo”. “Sánchez ha dado instrucciones de pasar al ataque contra la otra parte del Gobierno”, se apresuró a interpretar Gamarra.

En la SER, Llop comenzó diciendo que la norma elaborada por su colega Irene Montero “es una gran ley” para a continuación dedicarse a denunciar algunos aspectos “muy graves” de ella. Escuchando a la ministra, cualquiera podría haber olvidado que la parte socialista del Gobierno, sus diputados en el Congreso y sus senadores la respaldaron sin rechistar. Porque esta vez Llop ya no habló de consecuencias “indeseadas”, como han venido haciendo los socialistas. La titular de Justicia se refirió a una cuestión que no estaba escondida entre ningún pliegue oculto de la norma ni dependía de la interpretación particular de un juez, sino que figuraba especificada de forma muy clara en la literalidad de su articulado: las penas establecidas para la agresión sexual con intimidación, que, según ella, son inferiores a las previstas en el Código Penal para el robo con violencia.

“Un robo con violencia o intimidación se castiga con dos a cinco años de cárcel, pero hacer tocamientos a una mujer y darle una paliza se pena con uno a cuatro años de prisión”, ilustró la ministra con timbre denunciador. Llop no contestó a la pregunta de por qué entonces el PSOE no se opuso a ello en su momento y se dedicó a insistir cada vez con mayor énfasis: “¿En qué sistema democrático puede suceder esto?, ¿desde cuándo vale más la propiedad que la libertad sexual?”. Tres horas después de la entrevista a Llop, el presidente del Gobierno acudía al Congreso a aleccionar sobre la cuestión al grupo parlamentario socialista y afirmaba: “Resulta evidente que, transcurridos unos meses de su entrada en vigor, la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo, ni los grupos parlamentarios que la aprobaron, tuvimos como objetivo el que se rebajara la pena a ningún agresor”

Con todo, no fue ese discurso de Llop lo que más indignó en el Ministerio de Igualdad y en el núcleo duro de Podemos. Lo que desató lo más profundo del furor tuitero de los dirigentes de esa formación fue que la ministra afirmase que es “muy sencillo” demostrar que en una violación ha habido violencia. “Con una herida ya se puede probar”, aseguró. Llop tocaba el punto clave de las desavenencias entre la propuesta del PSOE y las tesis de Igualdad. El ministerio de Montero sostiene que establecer un tipo penal para agravar las penas en caso de violencia supondrá que las mujeres agredidas volverán a pasar el “calvario probatorio” de tener que demostrar que opusieron resistencia. Y las redes sociales de los principales dirigentes de Podemos rugieron de inmediato contra la titular de Justicia.

Ni el propio Pablo Iglesias, ese hombre que se decía retirado de la política, faltó a la cita. “De nuevo, las mujeres deben probar que intentaron cerrar las piernas y se resistieron. De nuevo, el modelo penal de La Manada. Gracias, PSOE”, escribió el exvicepresidente. Hasta hace unos días, las dos partes hablaban de que esta debería ser una “discusión técnica”. Ahora, el asunto ha descendido a otros territorios menos sutiles, como tildar a la ley anterior de “Código Penal de La Manada”, un hallazgo semántico que se ha vuelto inseparable del discurso de cualquier dirigente de Podemos. Lo usó, entre muchos otros, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, para insistir en la acusación de que el PSOE quiere recuperar ese modelo.

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La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, así como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, o la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, alimentaron la avalancha de críticas. Rodríguez, número dos de Montero en el ministerio, respondió así en una entrevista en El Salto Digital a la pregunta sobre la tensión dentro del Gobierno: “Llámale tensión, llámale conflicto, llámale política feminista… No podíamos dejar de contestar. Si no, ¿para qué existe un Ministerio de Igualdad?”.

La ley del solo es sí ha acabado monopolizando tanto la actualidad que el PP ya no se ocupa de otra cosa. Se evidenció como pocas veces en el pleno de este martes en el Senado, donde su portavoz, Javier Maroto, obvió por completo la cuestión económica en su pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ni inflación ni previsiones de PIB ni nada que se le parezca: Maroto atacó a Calviño con las rebajas de penas a agresores sexuales. Su compañera Patricia Rodríguez Calleja tuvo la ocasión de preguntar directamente a Irene Montero y trató de comprometerla leyéndole una lista de declaraciones críticas sobre la ley de dirigentes socialistas. La ministra no entró al trapo, aunque se sumó al coro de los que advierten de que no hay que volver al ya bautizado como “Código Penal de La Manada”.

Los senadores socialistas no aplaudieron a Montero. Sí lo hizo su compañera de espacio, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien luego, en unas escuetas declaraciones en los pasillos, esquivó las preguntas sobre Llop e intentó cerrar la borrascosa jornada con un mensaje conciliador. “Cuando el Gobierno trabaja unido y en común, avanzamos en derechos”, subrayó Díaz. “Hago un llamamiento a la serenidad y a encontrarnos, a tender la mano”. Díaz ha evitado en los últimos días tanto las críticas al PSOE como cualquier gesto que se pudiese interpretar como un desmarque de la posición de Podemos y remató con un mensaje a todo el Ejecutivo: “Sigamos trabajando por nuestro país, ensanchando derechos y diciéndole a la sociedad que vamos a cuidar la coalición progresista”.

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