El Gobierno y sus socios asumen que a la legislatura le quedan solo tres meses de la fase de “descuento”
Tras la falta de acuerdo para reformar ‘la ley del solo sí es sí’, el PSOE y sus aliados en el Congreso se ponen como objetivo cumplir las promesas pendientes antes de la campaña del 28-M
La XIV legislatura entra en “la hora de la verdad” o en “el tiempo de descuento”. Así definen varios portavoces de los socios preferentes del Gobierno este momento crítico del inicio del nuevo periodo de sesiones en el Congreso y de larga precampaña electoral. Un miembro socialista del Ejecutivo lo resume así: “Hemos hecho mucho, pero quedan varios proyectos simbólicos pendientes, que podrían y deberían salir, pero todo lo que no se haga antes de que empiece la campaña de las elecciones locales del 28 de mayo ya luego no saldrá”. Tras el fracaso por la falta de acuerdo en la reforma de la ley del solo sí es sí, los aliados de la coalición gubernamental conformada por el PSOE y Podemos se disponen a presionar para escorar más hacia la izquierda esta fase crucial del mandato.
La Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso aprobaron el pasado martes su calendario de trabajo para el nuevo periodo de sesiones que se estrena este martes 7 de febrero y que debería concluir oficialmente el jueves 29 de junio. Tras el verano, formalmente se abrirá otra fase de funcionamiento en las Cámaras que tendría que llegar hasta las elecciones generales, previstas para diciembre. Responsables del PSOE, del Gobierno y de su grupo en el Congreso reconocen, sin embargo, que los proyectos pendientes hay que acelerarlos en las próximas semanas: “Todo lo que no salga ahora, antes de que empiece la campaña de las locales de mayo, ya luego no prosperará”.
Los problemas sufridos en estas semanas para intentar consensuar con el socio de la coalición, Unidas Podemos, la reforma de la ley del solo sí es sí han acentuado la percepción en La Moncloa y el PSOE de que estamos ante una larga y compleja precampaña. Y lo explican con realismo: “Tras los comicios de finales de mayo se tardará todo junio en formalizar gobiernos locales, con distintos tipos de pactos, y así se llegará al verano y para cuando volvamos en septiembre, y se retomen las actividades, llegará el momento de convocar las generales y disolver las Cortes”.
La campaña de las elecciones del 28-M comenzará el viernes 12 de mayo, y justo hasta esa semana dará tiempo para 10 sesiones plenarias completas en el Congreso. Tres meses reales de actividad. El presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya había dado instrucciones antes de navidades para impulsar varios de los proyectos más simbólicos, y también muchos de los conflictivos o problemáticos, para liberarse de situaciones críticas en este periodo de sesiones. El primer escollo que se salvó sin excesivos problemas fue la aprobación de los terceros Presupuestos Generales del Estado, luego también llegaron las diferencias públicas sobre la ley trans, la ley de familias y aún quedan por solventar dos de las promesas más simbólicas del acuerdo de investidura: la ley de vivienda y la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza. En esos dos proyectos se habían producido avances notables, que ahora vuelven a tropezarse con la mala sintonía mostrada con los cambios de la ley del solo sí es sí.
El PSOE no quiere asumir públicamente que viene una etapa de muchos baches parlamentarios, especialmente con sus socios. Cuando se le pregunta a su portavoz en la Cámara baja, Patxi López, por cómo se plantea esta etapa y sus prioridades, contesta: “El compromiso del PSOE ha sido, es y será el de impulsar una agenda legislativa que ha modernizado y está construyendo un país mejor, que nos está permitiendo afrontar situaciones complejas con unas perspectivas razonablemente buenas. Hemos de diferenciar los procesos electorales de las medidas que se están aprobando en el Congreso. Hemos visto los beneficios que las más de 190 normas aprobadas están teniendo en la ciudadanía. Las prioridades no han cambiado y no deberían cambiar durante las elecciones, la ciudadanía no lo entendería”.
Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, reconoce de partida que el curso se abre marcado por las campañas electorales y “el consiguiente aumento de la tensión política entre partidos no es el mejor escenario para posibilitar que las iniciativas legislativas que siguen pendientes puedan abordarse con serenidad”, pero se niega a “dar por perdidos” los meses que quedan. La dirigente abertzale remarca que aunque se ha “entrado ya en el plazo de descuento para la agenda de avances que el Gobierno se comprometió a cumplir, aún hay tres grandes asignaturas pendientes, la ley de seguridad ciudadana, la reforma de las pensiones y la ley de vivienda, y dos retos que afrontar: el control de precios en los alimentos, fijando unos topes máximos, y hacer frente a la subida creciente de las hipotecas, para paliar dos graves problemas que están empobreciendo a la ciudadanía”.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC y socio preferente en el Congreso y en Cataluña, abunda: “Nos planteamos lo que viene y lo que queda como siempre. Nuestra obligación es utilizar nuestra fuerza parlamentaria para mejorar la agenda legislativa del Gobierno y para avanzar en la agenda nacional. Y lo haremos día a día como desde el primer día. Un año electoral no debe ser un año perdido. Como le dijimos al presidente, por qué trabajar para nuestros partidos, pudiendo trabajar por nuestros países”.
Aitor Esteban, portavoz del PNV, hace meses que lleva advirtiendo de que “la coyuntura electoral de este año 2023 podía impactar negativamente en la actividad legislativa y en el cumplimiento de los acuerdos pendientes”, particularmente con su formación y con transferencias por completar como los cercanías. Pero Esteban cree que la asignatura por aprobar sigue siendo afrontar “el debate territorial, un mejor encaje de Euskadi y Cataluña” y lamenta que no se haya aprovechado para incluirlo en la reforma en marcha para cambiar el artículo 49 de la Constitución que sustituirá el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Esteban puntualiza, en cuanto a la actividad legislativa, que ahora se verá cómo se define el Gobierno sobre la ley mordaza ya en trámite tras muchos problemas previos: “¿Van a impedir mejorar la ley vigente y garantizar un mejor ejercicio de los derechos y libertades o, por el contrario, primarán los intereses partidistas y optarán por mantener la del PP?”.
El portavoz del PNV es persistente en demandar al Gobierno, en general, que cuide más a sus socios, y para este curso remarca que debería impulsar más medidas “para hacer frente a la inflación, en un año clave para garantizar la ejecución de los fondos europeos”, y con más cogobernanza real con las autonomías.
Íñigo Errejón, portavoz de Más País, aboga por profundizar en el giro progresista hacia la izquierda que observó en el presidente tras el debate del estado de la nación de julio: “Ese es el rumbo correcto, priorizar la justicia social y un reparto equitativo de las cargas de una situación complicada”. Errejón insiste en que el Gobierno debe aprovechar que tiene esa mayoría en el Congreso, que “le acompaña un nuevo consenso internacional favorable al regreso de un Estado emprendedor y responsable” y que cuenta con recursos económicos y políticos. Y vaticina: “La suerte del Gobierno en lo que queda de legislatura depende de que no se quede a medias, de que no se plante, de que no se conforme”. Y avisa de que “si no hace eso, la izquierda siempre será inquilina en el Estado”.
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