Sémper defiende la propuesta para que gobierne la lista más votada tras el aluvión de críticas: “Queremos abrir un debate necesario”
El portavoz de campaña del PP respalda la iniciativa de Feijóo, pese a las reticencias de los barones populares y las dudas jurídicas que suscita. El líder del partido insiste en negociar la propuesta con los socialistas: “Si el PSOE quiere queremos”
Frente a las reticencias de los barones del PP y a las dudas constitucionales que plantea la iniciativa, Borja Sémper ha salido este martes al paso de las críticas que suscita la propuesta de su partido para que gobierne la lista más votada. “A nosotros nos parece que es un debate necesario, que tenemos que abrir y que mejora nuestro sistema de representación. Podemos abrir este debate con normalidad y naturalidad, siendo conscientes de las aristas que tiene y de los puntos complicados que la aplicación conlleva”, ha sostenido el portavoz de campaña del PP durante una entrevista en esRadio. La reforma planteada por los populares, presentada junto a otras 60 medidas dentro de un plan de “calidad institucional” este lunes en Cádiz, incluye una iniciativa para reformar el artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos.
Aunque el documento menciona en concreto a los ayuntamientos, la idea de la dirección nacional del partido es extender la propuesta a los gobiernos autonómicos y a las elecciones generales. Sobre este punto se ha pronunciado el presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, este martes, un día después de entregar su plan en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, sede de las Cortes que redactaron la primera Constitución española en 1812, consciente de la enorme reforma legislativa que supone este cambio. Para poder aplicar la propuesta de la lista más votada en parlamentos autónomos, tendría además que acometerse la reforma de los correspondientes estatutos autonómicos. Y eso, considerando que la fuerza contraria mayoritaria, el PSOE, estuviera de acuerdo. Un extremo que rechazan tanto los socialistas como el resto de fuerzas de la izquierda. “La propuesta sería solo en los ayuntamientos. En los demás habría más dificultades, se puede hacer también por un pacto sin necesidad de reforma legal de que gobierne el más votado en una comunidad autónoma o el Gobierno central”, ha subrayado Feijóo ante los medios.
A ese “pacto de Estado” se ha referido a su vez Sémper durante la entrevista de este martes. La estrategia del PP con esta propuesta busca poder gobernar sin pactar con Vox tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Se trata de un intento de promover la imagen de moderación que precisamente representa la figura de Sémper, cuyo reciente fichaje busca aglutinar votos por el flanco más centrista de su electorado. “España se está polarizando hasta llevarla a niveles de enfrentamiento político. Corremos un grave riesgo de que se llegue al enfrentamiento social y nosotros queremos huir de esto como de la peste. Y, entre esas medidas, está la de la lista más votada, que es un debate extraordinariamente interesante y con sus aristas y sus dificultades”, ha añadido Sémper, en una referencia velada al partido de ultraderecha y mencionando en concreto a los partidos independentistas socios del Gobierno. El portavoz de campaña ha incidido principalmente en su rechazo a Bildu, a los que acusa de “no cumplir con los requisitos éticos, morales, ni democráticos”.
El resto de fuerzas de la derecha, Vox y Ciudadanos, descartan también apoyar una iniciativa que les restaría fuerza en los consistorios. “Hemos abierto un debate que consideramos que abunda en la mejor representación del sentido de voto de los ciudadanos”, ha abundado Sémper. En cualquier caso, la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada habría afectado a una docena de grandes ayuntamientos, incluso a aquellos en los que ahora mismo el PP ostenta el poder. La idea del presidente del PP habría perjudicado a su partido en los consistorios surgidos de las elecciones de 2019 de Madrid, Zaragoza y Cartagena, y lo habría favorecido en los de A Coruña o Badalona.
Bolaños ironiza con la dimisión de Almeida
“¿Va a dimitir Almeida?”, ironizó este lunes Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, en referencia al alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida. La fuerza más votada en las pasadas elecciones locales fue Más Madrid, que obtuvo 19 concejales, frente a solo 15 del PP, segunda formación con mayor representación. En la misma línea de Bolaños se ha mostrado este martes la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ha demandado a Feijóo que para que su plan sea “creíble”, Almeida debería cesar de su cargo como regidor de Madrid. Sobre este extremo, Sémper ha evitado responder directamente: “De las medidas planteadas ayer, una es esta que estamos identificando. No sé si es la más importante, pero es una de las 60, porque nosotros identificamos, y creo que es algo muy compartido, el deterioro institucional, el deterioro de nuestra democracia”. Además de la propuesta sobre la lista más votada, el PP planteó toda una serie de iniciativas, como hacer obligatorios anualmente los debates del Estado de la nación, limitar el mandato del fiscal general del Estado a cinco años o reducir el gasto en los viajes del Gobierno que incluyan actos “partidistas”.
El resto de medidas que plantea el Partido Popular
Además de la propuesta para que gobierne la lista más votada, el PP ha introducido en su plan de “calidad institucional” otra sesentena de iniciativas, entre las que se incluyen:
- Limitar el uso del real decreto ley, que habrá de "fundamentarse" motivadamente y no incorporar "medidas que no vayan a entrar en vigor de manera inmediata". El recurso a esta herramienta legislativa ha sido una constante tanto en los gobiernos socialistas como en los populares durante los últimos años.
- Establecer la celebración anual del debate sobre el estado de la nación. El Congreso celebró a mediados de julio el primer debate en siete años. Esta figura parlamentaria no tiene una regulación específica, ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara baja. Las repeticiones electorales y la pandemia son dos de los factores que impidieron su convocatoria con anterioridad.
- Crear una oficina de "calidad legislativa" para analizar "los fines" e "impacto social" de las leyes.
Regular el traspaso de poderes cuando haya un cambio de Gobierno para que el nuevo Ejecutivo "cuente con información más precisa". Aunque, en cualquier caso, no suelen darse problemas de este tipo.
Un mayor control sobre el gasto de determinados fondos públicos, como limitar el número de asesores políticos o evitar la "celebración de actos partidistas" en viajes institucionales. - El mandato del fiscal general del Estado solo podrá ser de cinco años para que no repita la misma persona en el cargo. Además, se establece una incompatibilidad: no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores. El plan no dice nada sobre la limitación de mandatos para el presidente del Gobierno o dirigentes autonómicos.
- También se impide a los aspirantes a presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) haber ostentado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento, y se designará entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio. Además, se redactarán normas de actuación concretas en el seno del Instituto Nacional de Estadística (INE), RTVE y la agencia de noticias EFE.
- Otras de las propuestas ya habían sido apuntadas anteriormente por el PP, como las que se refieren a las incompatibilidades para ser magistrado del Tribunal Constitucional cuando previamente se hubiera ostentado un cargo político.
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