La circular de la Fiscalía para evitar pactos que libren de la cárcel a los violadores se retrasa

El reciente pacto firmado entre la Fiscalía y los tres acusados de las violaciones continuadas que sufrió durante seis años una niña de Baleira (Lugo) ha vuelto a poner el foco en los acuerdos de conformidad entre acusaciones y defensas en casos de agresiones sexuales. Dos ejemplos conocidos el pasado verano hicieron saltar las alarmas en el propio ministerio público y llevaron al fiscal general a plantear la elaboración de una circular para impedir que los violadores puedan esquivar la cárcel con pactos entre el agresor y la víctima, que en ocasiones se ve arrastrada a estos tratos para evitar tener que revivir durante el juicio los episodios de violencia sufridos en el pasado. Más de cuatro meses después, sin embargo, ese escrito todavía no se ha publicado. Fuentes de la Fiscalía aseguran que el plan sigue adelante, y alegan que se ha visto ralentizado por las reformas penales aprobadas en los últimos meses por el Gobierno, como la ley del solo sí es sí o la derogación de la sedición y los cambios en la malversación, que han obligado a intervenir al ministerio público para fijar posición, restando atención y medios a otros asuntos.

La intención es que los fiscales defiendan en estos casos que algunas víctimas de agresiones sexuales que se consideren especialmente vulnerables puedan quedar eximidas de declarar en el juicio y que al tribunal le sirva como base la declaración que presten en la fase de instrucción, que sería grabada para poder ser usada como prueba. La ley ya prevé esta opción, a través del Estatuto de la Víctima, para menores y discapacitados, con el objetivo de “evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito”. La idea es que el ministerio público defienda ahora su aplicación también a otras víctimas mayores de edad, y que eso suponga cerrar la vía en esos casos a los acuerdos de conformidad que rebajan sustancialmente la pena.

La Fiscalía pretendía tener lista la circular en diciembre pasado, pero sus responsables argumentan que en medio se han colado las reformas legales aprobadas en la recta final de año. Primero, la ley de libertad sexual, que derivó en un goteo de rebajas de pena a agresores sexuales que obligó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a redactar un decreto de unificación de criterio para acabar con la disparidad de interpretaciones en las distintas fiscalías. Y, después, la eliminación del delito de sedición y las modificaciones en el de malversación, que ha abierto varios frentes de consecuencias todavía imprevisibles. El fiscal general prevé dictar en los próximos días un decreto de unificación de criterio similar al que se hizo con la ley del solo sí es sí, en el que se explique qué postura deben defender los fiscales antes las revisiones de sentencias con condenas de malversación que se van a abrir en tribunales de toda España. Pero además, algunos casos especialmente relevantes se están consensuando también entre la Fiscalía General y los fiscales responsables de ese proceso, como ocurre con los relacionados con el procés.

El ministerio público, según fuentes de este departamento, ha tenido que priorizar el estudio de los cambios legales y sus consecuencias, lo que ha implicado aparcar temporalmente la circular sobre los acusados de agresiones sexuales. Estas fuentes aseguran que los técnicos siguen estudiándola y la intención es que esté cerrada cuanto antes. El alcance de la iniciativa tiene aún que concretarse, lo que determinará si afecta a la mayoría de los acuerdos de conformidad con agresiones sexuales o solo a algunos supuestos.

En los dos casos conocidos este verano, los agresores evitaron cumplir condena en prisión, pese a que se enfrentaban a peticiones de hasta 30 años de cárcel. En el primero, firmado en la Audiencia Provincial de Murcia en mayo del año pasado, un capataz que había agredido sexualmente a una jornalera tras amenazarla y golpearla acordó con la víctima cinco años de libertad vigilada y participar en un curso de educación sexual. En el segundo, dos policías de Estepona que habían violado a una chica de 18 años a la que acababan de dar el alto en un control de carretera evitaron sentarse en el banquillo gracias a un acuerdo con la Fiscalía (que pedía para ellos 30 años de cárcel) y el abogado de la víctima (que pedía 33 años). Aceptaron una condena de dos años, pero previo acuerdo de que se pediría la suspensión de la pena (una opción que la ley prevé en condenas de hasta dos años) y ninguna de las partes se opondría. La Audiencia Provincial de Málaga lo aceptó y los agentes no entraron en prisión.

El caso conocido esta semana no es idéntico porque los condenados sí que van a ser encarcelados, aunque para cumplir una condena de tres años en vez de una de 11, como pedía inicialmente el fiscal. El ministerio público ha optado por aceptar el trato, entre otras razones, porque el proceso, que se abrió en 2016, había acumulado muchas demoras, lo que previsiblemente iba a repercutir en una rebaja de pena. Además, los condenados, que han reconocido los hechos ante el tribunal, han abonado ya a la víctima, que hoy es mayor de edad, 50.000 euros como indemnización. Fuentes fiscales señalan que la futura circular previsiblemente obligará a estudiar caso por caso, para ver si solo se evitan los acuerdos que libren de la prisión a los agresores condenados o también se limitan el resto.