El Gobierno intenta parar una nueva guerra del agua a cinco meses de las autonómicas

El escenario es políticamente explosivo. A cinco meses de unas elecciones autonómicas y municipales decisivas, en las que el PSOE se juega casi todo su poder territorial, y en la autonomía más importante, porque es la más codiciada por el PP, la Comunidad Valenciana, se abre el riesgo de una nueva guerra del agua con el siempre polémico trasvase Tajo-Segura como centro de la disputa entre dos autonomías socialistas que se la juegan el 28 de mayo, Castilla-La Mancha, dirigida por Emiliano García-Page, y la valenciana, liderada por Ximo Puig. El Gobierno intenta a toda costa evitar que estalle esta guerra y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la máxima autoridad del Ejecutivo en este delicado asunto, hizo un ejercicio de pedagogía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que llamó a la calma y pidió expresamente evitar “una nueva guerra del agua” como las que partieron al PSOE y al PP en los años noventa y 2000.

Lo cierto es que la Comunidad Valenciana mantiene las espadas en alto y ha presentado alegaciones ante el Consejo de Estado para intentar frenar los planes de Teresa Ribera, consensuados con otras autonomías y apoyados expresamente por Castilla-La Mancha, a la que le avalan varias sentencias del Supremo que obligan a fijar un caudal ecológico para el Tajo. Los tiempos apremian porque el Gobierno quiere aprobar el nuevo plan para el Tajo-Segura en este mes de enero, y tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, dirigida por los populares y con fuerte presencia de Vox, o en Almería, también en manos de la derecha, insisten en que tal como está el plan no pueden aceptarlo, porque supone una reducción muy fuerte y rápida del trasvase que es clave para regar estas provincias a partir de 2025. Mientras, en Castilla-La Mancha insisten en que hay cinco sentencias del Supremo que les avalan y ellos han optado por el acuerdo con este nuevo decreto en el que está trabajando el Gobierno, en vez de pedir la ejecución de esas sentencias y paralizar de forma rápida el trasvase. En el fondo del debate está el cambio climático, el aumento de la temperatura y la sequía, que hacen cada vez más difícil de mantener el volumen del trasvase histórico, algo que aceptan casi todas las partes, aunque lo que está en discusión es la velocidad a la que se reduce el caudal trasvasado y se multiplican las obras necesarias para buscar una alternativa. El Gobierno asegura que ha elaborado un plan de inversiones de hasta 8.000 millones de euros en el periodo 2022-2027.

Por debajo de las declaraciones públicas hay mucho trabajo político para intentar llegar a un acuerdo. El Gobierno ha tomado su decisión, y Ribera fue muy clara al defenderla en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero la vicepresidenta también es consciente de lo delicado que es políticamente para Puig una situación así, y por eso ambos llevan semanas hablando, según coinciden fuentes de los dos gobiernos, para intentar encontrar una solución política.

Alicante, en el centro del debate

La cuestión afecta en especial a la provincia de Alicante, una de las más pobladas y decisivas de España en cualquier elección. En las generales, por ejemplo, Alicante reparte 12 escaños, tantos como Sevilla, de la que siempre se habla mucho más políticamente, y solo tres menos que Valencia. Además, la más afectada es una zona, la de la Vega Baja, en la que la derecha es fuerte y Vox está entrando en el mundo de los regantes, como lo hace en Murcia o en Almería. Alicante es una provincia estratégica para el PSOE, no solo el de la Comunidad Valenciana sino el nacional, y ahí la pelea con el PP es voto a voto para lograr la primacía. Además, Alicante viene de otro reciente chasco al perder con A Coruña la disputa para albergar la nueva Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

El PP y Vox están subidos al carro del agua y buscarán su protagonismo este miércoles en la manifestación que se ha convocado frente al ministerio de Ribera. Pero de la complejidad de la situación política que genera el agua da cuenta el dato de que no solo se manifestarán líderes de la oposición del PP y Vox y de asociaciones agrarias normalmente muy opuestas al Gobierno como Asaja, sino que también acudirán dirigentes socialistas murcianos —lo confirmó el secretario general de este partido en la región, José Vélez, aunque dijo que no irán “contra nadie”— y representantes de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, como la consejera de Agricultura, Isaura Navarro, de Compromís.

Fuentes tanto del Gobierno como de la Generalitat valenciana confirman que hay conversaciones para intentar buscar una solución y que a nadie le interesa en este momento una guerra del agua a cinco meses de las elecciones. Puig está reclamando una solución intermedia en la que se apruebe la reducción del caudal a partir de 2025, pero siempre que se haga una revisión en ese momento para ver cómo está el caudal en ese año y también que se estudie el impacto económico en la zona de las decisiones. La Generalitat sí apoya todo el resto del paquete de medidas que promueve Ribera y que incluyen un importante conjunto de obras para buscar sustitutos, como desaladoras.

Además, se ha propuesto la creación de una comisión bilateral para estudiar el posible impacto. El acuerdo no parece del todo imposible, pero la tensión ha subido alrededor de la inminente decisión —el Gobierno ya ha enviado un borrador de decreto al Consejo de Estado, que ahora está recibiendo alegaciones de todas las autonomías afectadas— y también de la manifestación de este miércoles. A última hora de la noche de este martes, fuentes del Ejecutivo recordaron que de junio de 2017 a marzo de 2018 hubo una reducción a cero del trasvase, y que el ministerio ha elaborado un plan de inversiones de 8.000 millones, “sustentado sobre el objetivo de dotar a la cuenca demandante de un escenario de estabilidad hídrica, que pasa por un compromiso de ejecución de infraestructuras de producción y gestión de agua desalada y de agua regenerada, que equilibre las posibles mermas de aguas superficiales o subterráneas que tanto los impactos del cambio climático como las exigencias ambientales puedan ocasionar, junto con la mejora de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, para el período de planificación 2022-2027″.

“Tacto político”

En algunas zonas, y después de más de 40 años de trasvase, el agua se ha convertido en una cuestión que escapa a las ideas políticas y que es casi identitaria, y es muy difícil de gestionar. Castilla-La Mancha cuenta además con el respaldo de las sentencias del Supremo a su favor. “Esto no es solo agua, son emociones, esto desborda el ámbito agrícola, solo pedimos un poco de tacto político”, señalan fuente del PSOE de la Comunidad Valenciana. “Nosotros hemos sido generosos, podíamos haber ido a una ejecución de las sentencias y, sin embargo, hemos buscado un acuerdo, la realidad es que hace años que Europa dice que los trasvases no sirven”, contestan desde el PSOE de Castilla La Mancha.

En el ministerio señalan que hay que pensar también en el ecosistema del Tajo, que no se puede quedar sin agua, y sobre todo en la prioridad absoluta que es el llamado “agua de boca”, esto es, la que beben las personas. Además, recuerdan que el PP, que ahora lidera la protesta, fue quien llevó las cosas con su política de no hacer nada al peor momento, en 2017, cuando se tuvo que cortar por completo el trasvase durante nueve meses por la sequía, algo que no ha sucedido en ningún momento con el actual Gobierno porque ha logrado mejorar la planificación, según explican. Entonces, el actual presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, se manifestó contra el Gobierno de Mariano Rajoy por ese corte del trasvase.

Ribera fue clara en la rueda de prensa: “Muchas de las alegaciones de las autonomías tienen un componente emocional. El Gobierno debe preservar el interés nacional. Lo peor es no ver la realidad de los años de sequía que sufrimos. Hemos hecho muchas obras. En estos cuatro años hemos trasvasado más agua que en los cuatro anteriores. Vamos a hacer un esfuerzo de diálogo, pero no nos gusta mucho que se tergiverse la realidad en favor de algunas pancartas. No debemos ir a una nueva guerra del agua donde, se invierta lo que se invierta, siempre hay una diana a la que disparar”.