La coalición PP-Vox en Castilla y León gasta un 12,5% más en altos cargos que la anterior del PP con Ciudadanos

El organigrama de altos cargos de la Junta de Castilla y León desmonta la reducción de gasto político que Vox tiene como mantra. La formación de extrema derecha, que en abril entró en su primer gobierno autonómico junto al PP, integra una coalición que ha aumentado un 12,5% el gasto en altos cargos fijos y eventuales respecto a la suscrita en 2019 entre PP y Ciudadanos. De 93 puestos de estas características se salta a 99 y a su vez se aumenta de 41 eventuales a 44 actuales. El desembolso para ello pasa de 7,13 millones de euros en los presupuestos de 2021, a 8,02 millones en las cuentas previstas para 2023. El vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), cobrará 80.741,24 euros anuales pese a no dirigir ninguna consejería, algo inédito en la comunidad, y pese a apenas disponer de competencias.

Los Presupuestos trazados por PP y Vox y que se aprobarán, salvo sorpresa en las Cortes de Castilla y León, el 23 de diciembre, incluyen 8.026.150 euros destinados a “altos cargos” para las consejerías de la Junta. El esquema sigue incluyendo 10 departamentos, el máximo permitido por el Estatuto, misma cantidad que en 2019. El total se divide entre 6.236.262 euros para retribuir a esas 99 personas, divididas entre 67 hombres y 32 mujeres, y otros 1.789.888 para los 44 contratados como eventuales, de los cuales hay 19 hombres y 25 mujeres con sueldos entre 35.000 y 58.000 euros anuales. La extrema derecha cuenta con 26 de los 99 altos cargos entre la vicepresidencia, sin apenas funciones, y las tres áreas que gestiona (Industria, Comercio y Empleo, Agricultura y Ganadería y Cultura y Deportes) sobre las 10 del Ejecutivo autonómico. Asimismo, de los 44 eventuales hay nueve que se corresponden con Vox. Los más de ocho millones de euros destinados a este cometido suponen un 12,5% más que los 7.136.285 que pactaron PP y Ciudadanos para 2021 y que se mantuvieron hasta que a finales de ese año el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), rompió con Ciudadanos y convocó las elecciones que lo empujaron a Gallardo. Entonces había 5.539.320 euros para pagar a los 93 altos cargos, y otros 1.596.965 para los 41 eventuales, 28 correspondientes al PP y 13 a Ciudadanos. Este aumento en inversión se explica por el mayor número de puestos y porque se han actualizado los sueldos un 2%.

El Portal de Transparencia de Castilla y León ha publicado, a petición de EL PAÍS, la relación de personal eventual disponible en la anterior legislatura, pues esa información había desaparecido con la nueva coalición en el poder, datos que permiten realizar ahora esta comparación. El aumento de los altos cargos se replica también con los eventuales, entre los cuales destaca la consejería de la Presidencia, liderada por Jesús Julio Carnero, del PP. A ella se corresponden los directores de comunicación y los jefes de prensa de cada una de las consejerías, sean del PP o de Vox, pero entre estos nombramientos se encuentran muchas figuras relacionadas con el PP o con Mañueco. Fuentes de su partido critican el “escándalo” de determinados casos “metidos como si la Junta fuese una agencia de contratación” y que achacan a “favores o cuentas pendientes”. Hay perfiles muy dispares entre los más controvertidos. Uno de los más cuestionados es el de Daniel Llanos, asesor del mandatario y exconcejal en Salamanca, bastión del PP y donde Mañueco fue alcalde. Llanos, que también fue cesado de Nuevas Generaciones, ha sido recolocado después de ser forzado a dimitir tras un accidente de tráfico provocado por ir bebido al volante.

También destaca Carlos Paramio, concejal de los conservadores en el ayuntamiento de Valladolid y que lleva varias legislaturas encadenando puestos de libre designación. Entre el personal eventual elegido por la extrema derecha se halla Alfonso Javier Sánchez-Guijo Acevedo, con 43.000 euros anuales de salario, como asesor del director general de Deportes, su hermano Enrique. García-Gallardo justificó la contratación de este familiar porque el alto cargo tiene una discapacidad visual, pues incluso fue medallista paralímpico en atletismo. Vox también fichó primero como personal eventual a Montserrat Lluís, directora de coordinación e interacción social, y a José María Barrio Gil-Fournier, director de gabinete del vicepresidente y primo del padre de Gallardo. Ambos, al redefinirse como directores, pasaron de ganar de 52.000 euros a 76.000 anuales.

Mayor gasto proporcional en vicepresidencia

La vicepresidencia de García-Gallardo cuenta con cuatro altos cargos, incluido él mismo, pese a que no ostenta apenas responsabilidades administrativas. El discurso de Vox reitera su supuesto afán por “recortar gasto político” y evitar lo “superfluo”. Su predecesor, Francisco Igea, de Ciudadanos, asumió además la cartera de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, así como la portavocía de la Junta. El departamento del líder de Vox tiene asignado para 2023 un gasto de 1.194.770 euros en personal, de los cuales 299.899 se corresponden con los cuatro altos cargos antes citados, un 25%. El área tiene asociados 127.600 euros en gastos corrientes y solamente gestiona 112.504 euros, lo cual significa que por cada euro administrado se desembolsan otros 10 en personal para ejecutarlo.

Esta proporción se contrapone con lo ocurrido en 2021, cuando a la vicepresidencia de Igea se adhería la consejería de Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior. Transparencia y Acción Exterior se han recolocado en Presidencia y Ordenación Territorial ha acabado en Medio Ambiente. Aquella vicepresidencia requería un gasto en personal de 4.925.931 euros, de los cuales 493.785 remuneraban a siete altos cargos, un 10% del total. Esos departamentos disponían de 14.202.340 euros para sus inversiones, lo cual implica que por cada euro administrado se gastaban 0,35 euros en la plantilla, incluyendo tanto funcionarios como altos cargos o trabajadores eventuales.