Los casos de acoso sexual crecieron un 36% en las Fuerzas Armadas en 2021

Los procedimientos por acoso sexual en las Fuerzas Armadas crecieron un 36% en 2021, cuando se presentaron 39 denuncias por parte de 46 víctimas, según el informe anual del Observatorio de la Vida Militar. En concreto, se tramitaron 13 procedimientos penales (tres más que en 2020) y 36 disciplinarios (10 más), lo que da un total de 49 (una denuncia puede dar lugar a varios expedientes), frente a 36 del año anterior.

El mayor número de investigaciones se abrieron en el Ejército de Tierra (33), seguido de lejos por el Ejército del Aire (6) y el órgano central del Ministerio (5). En los últimos años se aprecia una ligera reducción de los procedimientos penales (en 2018 y 2019 fueron 15 anuales), pero un crecimiento constante de los disciplinarios (13 en 2018 y 23 en 2019), inicialmente de menor gravedad.

El documento refleja también que todos los presuntos acosadores son varones (salvo uno, que no ha sido identificado por la víctima); mientras que 44 de las 46 víctimas son mujeres. De los 53 denunciados, 26 son cuadros de mando (oficiales o suboficiales); en cambio, 37 de las víctimas pertenecen a la escala de tropa y marinería, la más baja. Los tribunales militares dictaron 13 sentencias condenatorias por delitos de abuso sexual y una por acoso sexual, así como una absolución. Defensa dispone de un protocolo frente al hostigamiento sexual y de unidades de apoyo contra el acoso (UPAs), que desarrollan campañas de formación, sensibilización y difusión en los ejércitos.

El informe ha sido elaborado por el Observatorio de la Vida Militar, un órgano consultivo dependiente de las Cortes que estudia las condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y presenta recomendaciones. Desde diciembre de 2018 hasta junio de 2021, el Observatorio estuvo vacante al no elegir el Parlamento a sus vocales, por lo que este es su primer informe en la nueva etapa.

El documento señala que las Fuerzas Armadas cuentan con 16.022 mujeres, el 12,90% del total, un porcentaje que se mantiene estable en los últimos años y se sitúa casi un punto por encima de la media de la OTAN (12%). En 2021, el 18,6% de los oficiales y el 9,7% de los suboficiales que salieron de las academias militares fueron mujeres. En total, el número de militares en activo ascendía el 1 de enero pasado a 118.670, lo que supone 11.369 menos de los que había en 2010, cuando se alcanzó la cifra máxima. El 62% de los efectivos forman parte del Ejército de Tierra, mientras que el Aire y la Armada tienen el 17% cada uno.

El informe analiza las medidas de conciliación (flexibilización o reducción de jornada) para el cuidado de hijos o dependientes a las que se acogen las militares en mucha mayor proporción que sus compañeros varones (37,1% ellas, frente a 18,3% de ellos) y se hace eco de las quejas de los ejércitos, que consideran que estas medidas implican una “sobrecarga” de trabajo para el resto del personal, pueden afectar al espíritu de compañerismo y merman el adiestramiento. “Tras años de experiencia en la implementación de las medidas de conciliación, estas empiezan a provocar a los que se acogen a ellas más perjuicios que beneficios. Además, el pretendido objetivo de igualdad se deja de alcanzar cuando el resto del grupo constata que [...] gozan de los mismos privilegios sin haber realizado el mismo sacrificio”, asegura sobre la Armada.

El Observatorio dedica atención especial al problema de la movilidad, subrayando que en 2021 un total de 26.550 militares (el 22,3% del total) cambiaron de destino, de los que 5.582 (4,7%) lo hicieron con carácter forzoso, por lo que “cada cuatro años y medio se desplazaría el equivalente al total de efectivos de todas las Fuerzas Armadas”. Entre otros problemas, el informe denuncia la insuficiente compensación económica para atender a las necesidades de vivienda y la falta de alojamiento en residencias militares.

A ello se suman las dificultades de escolarización, por hacerse el traslado fuera del periodo de solicitud de plaza o por acudir a comunidades autónomas que imparten la enseñanza en una lengua distinta al castellano. “El 75% del personal militar ha tenido problemas relativos a la escolarización en la lengua vehicular en Baleares; un 61,4% en la Comunidad Valenciana, un 48,7% en Cataluña; un 40% en Navarra; un 28,6% en el País Vasco y un 22% en Galicia”, asegura el informe.

Entre otras medidas, el Observatorio propone aprobar una ley integral de Movilidad Geográfica de las Fuerzas Armadas, pendiente desde hace años; eximir de pagar IRPF por las ayudas económicas a los traslados; reservar o garantizar plazas escolares para los hijos de militares y “valorar el establecimiento de excepciones vehiculares lingüísticas”; es decir, que se les exima de recibir la enseñanza en una lengua distinta al castellano, especialmente cuando ya se les haya escolarizado en otra comunidad.

Según el informe, 13 militares fallecieron en tiempo de servicio en 2021, tres más que en 2020, y 120 resultaron heridos, 21 más que el año anterior. Durante el año pasado se concedieron 22 cruces al mérito militar con distintivo rojo, lo que implica un acto de heroísmo, la mayoría ligadas a la evacuación de Afganistán.

En materia de sueldos, el Observatorio recomienda la creación de un nuevo concepto que tenga en cuenta el coste de la vida en la comunidad de residencia; una revisión de las indemnizaciones por razón del servicio; un incremento del complemento de dedicación especial; y, en general, una actualización de las retribuciones militares “con el fin de equiparar las retribuciones de las Fuerzas Armadas a las de los empleados públicos”, en especial las del personal en reserva.