La distancia entre Podemos y otros socios con el PSOE se enquista en varias leyes simbólicas
Los aliados del Gobierno refuerzan sus críticas sobre los proyectos de ley de Vivienda, ‘mordaza’, ‘trans’ y la comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla, pero dejan a salvo los Presupuestos
La situación de “enquistamiento” reconocida por los distintos socios de la coalición en el Gobierno y los aliados parlamentarios sobre el presente y el futuro de la llamada ‘ley trans’ en el Congreso se podría extender ahora a otros proyectos igualmente simbólicos. El PSOE, Unidas Podemos y otros partidos que apoyan habitualmente al Ejecutivo en el Parlamento admiten que el atasco se produce igualmente sobre la ley de Vivienda y la ‘ley mordaza’ (de Seguridad Ciudadana). Esas formaciones, además, acaban de apoyar conjuntamente la creación de una comisión de investigación sobre la tragedia ocurrida en Melilla, con la muerte el 24 de junio de varias decenas de personas, iniciativa que molesta sobremanera al sector socialista del Gobierno y al Ministerio del Interior. El PSOE va a intentar en los próximos días varias reuniones bilaterales al máximo nivel con Unidas Podemos para desatascar esos conflictos y comprobar si hay alguna opción real de superarlos. Han recibido mensajes de UP sobre que, en cualquier caso, los Presupuestos para 2023 están a salvo.
La coalición de Gobierno no atraviesa por uno de sus mejores momentos políticos, aunque acaba de superar holgadamente de nuevo y por tercera vez en este mandato la fase de oposición global al proyecto de Presupuestos del Estado para 2023. Unidas Podemos y otros partidos de la mayoría progresista que sostiene normalmente al Ejecutivo en el Parlamento son conscientes de que se entra en un momento decisivo de la legislatura, y que será muy difícil que algunas leyes y compromisos que se plasmaron en su acuerdo de Gobierno salgan adelante durante 2023, un año muy electoral. Por eso están apretando al máximo ahora, para que varios de esos proyectos se discutan y aprueben antes de que acabe el año, en este periodo de sesiones que terminará en la tercera semana de diciembre. Y así, con los formalismos y cupos previstos para los distintos grupos, el calendario apremia. Y mucho.
Los partidos están muy concentrados ahora en el Congreso con el trámite de las cuentas públicas para 2023, que tiene prioridad sobre otras iniciativas y que tras salvar el espolón del debate de las enmiendas de totalidad el 26 de octubre, tendrá que sobrepasar la discusión y votación en la ponencia, que se llevará al pleno el 24 de noviembre. A partir de ese momento quedarán tres semanas de actividad real en la Cámara baja hasta el final de estas sesiones antes de las vacaciones de Navidad. El Gobierno y el PSOE trabajan contra reloj para incluir en los pocos plenos que se fijarán hasta entonces la ratificación y validación de varias normas, pero se ha tropezado con “divergencias duras e intransigentes” justo ahora de Unidas Podemos y otros socios, según fuentes de su dirección.
Lo sucedido con la ley trans, el proyecto estrella en marcha del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, es el exponente claro de esas diferencias aparentemente irreconciliables. La ley se aprobó por el Consejo de Ministros en junio pasado, ya tras algunas discusiones internas, pero ahora se ha atascado en su trámite parlamentario. El PSOE, que entonces la respaldó, ahora ha encontrado varios escollos jurídicos y políticos, tras constatar la enorme división que generaba ese proyecto dentro del partido y en colectivos feministas clásicos. Los socialistas han registrado incluso hasta 37 enmiendas para corregir algunos aspectos jurídicos y de fondo, como por ejemplo al introducir mayores controles para la autodeterminación de género entre los jóvenes de entre 12 y 16 años. La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la dirección de Unidas Podemos han reafirmado pública y tajantemente que no aceptarán “ningún retroceso” y se han confabulado con otros nueve grupos para firmar sus propias 11 enmiendas en las que se mantienen en sus tesis, en consonancia con lo que les reclaman algunos movimientos LGTBI.
En la cúpula del PSOE entienden que asegurar por parte de Unidas Podemos y su ministra que no aceptarán ninguna corrección a su ley trans “no es la mejor forma de aproximarse a una negociación”, y constatan que así es más que probable que el proyecto, al final, no prospere. Esos grupos de presión al Ejecutivo socialista suman en total solo 72 escaños, el PSOE dispone de 120 y la oposición de derechas se niega a facilitar, en este caso, una salida alternativa. Los 10 grupos que normalmente respaldan al Ejecutivo en muchos proyectos esperan que el PSOE acabe por rectificar y retire sus enmiendas. El PSOE lo descarta, pero su portavoz en la Cámara baja, Patxi López, ha lanzado estos días un mensaje a la ministra Montero y su partido para encontrarse “en un punto intermedio, centrado y negociar sus diferencias”. Ese primer intento de acercamiento tampoco ha sido bien acogido. Los socialistas van a desplegar en los próximos días citas bilaterales al máximo nivel, entre ministros afectados y portavoces de ambas formaciones, para superar ese escollo, pero el PSOE también avisa: “Todos tendríamos que estar dispuestos a ceder algo”. Incluso sobre las edades para proceder a la autodeterminación libre o supervisada de género.
Con la ley de Vivienda, que ya fue el gran conflicto entre los partidos de la coalición en el debate para los Presupuestos del año pasado, tampoco se ha recorrido mucho camino y lleva atascada desde hace siete meses en el Congreso por la tramitación de 866 enmiendas parciales de distintos grupos. El Ministerio de Transportes observa en algunas de ellas problemas de constitucionalidad: “El proyecto plantea poner topes a los precios de los alquileres en zonas tensionadas solo para aquellos grandes propietarios con más de 10 inmuebles. Antes, estos grupos nos pedían que fuera para todos los propietarios, grandes y pequeños. Nosotros entendemos que solo hay que aplicarlo a los grandes tenedores, que son el 15% del total. El resto son pequeños propietarios que en muchos casos viven de ese alquiler o a los que esta renta les completa el sueldo”.
“A puerta cerrada”
La tensión de los socios sobre esa iniciativa se plasmó el jueves en el Congreso, muy a primera hora. La Mesa de la Comisión convocó la noche anterior una sesión a las 7.30 para analizar una serie de enmiendas y allí el PSOE y el PP, que tienen mayoría, las bloquearon aludiendo a que podían afectar aspectos presupuestarios. El PSOE se ha armado para sostener su tesis en informes técnicos de los propios letrados. La diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, los ha acusado de impedir “a puerta cerrada” que “el Parlamento se exprese democráticamente”. La sesión se retomará la semana que viene.
