La Fiscalía se opone a la maniobra de Rajoy para paralizar una investigación de Andorra por la Operación Cataluña
El expresidente quiere impedir una comisión rogatoria enviada por un juez del Principado
La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a una petición de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, para paralizar cautelarmente una comisión rogatoria librada por Andorra para recabar datos sobre las supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) a fin de obtener información de políticos catalanes durante el procés, en el marco de la Operación Cataluña y el chantaje de la “policía patriótica” (el grupo de altos cargos policiales que supuestamente realizó trabajos sucios para el Ministerio del Interior cuando lo gobernaba Jorge Fernández Díaz).
La Fiscalía se ha pronunciado después de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia madrileño acordara conceder la medida cautelarísima solicitada por Rajoy y por el exmimistro Jorge Fernández Díaz (ambos del PP), y diera traslado a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal para que informaran antes del jueves.
La representación de Rajoy había solicitado la medida cautelar de suspensión de la comisión rogatoria expedida por la juez de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, que investiga si Rajoy presionó a las autoridades andorranas para que facilitaran información sobre supuestos depósitos en ese país del entonces presidente del Govern, Artur Mas, y del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. A Rajoy se le atribuye un delito de “coacciones de órganos constitucionales”, que castiga a quienes mediante “intimidación” traten de “influir” en el Govern andorrano para que “adopte una decisión” determinada.
La Fiscalía considera que la maniobra de dilación de Rajoy encubre “realmente un juicio sobre la actuación del juzgado de Madrid y de la sección de la Audiencia Provincial”, que ya rechazaron suspender cautelarmente la ejecución de la comisión rogatoria por la vía penal. El escrito fiscal se opone al “cuestionamiento” que se realiza a la actuación de la Dirección General de Cooperación Internacional, adscrita al Ministerio de Justicia, de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra, que Rajoy califica como trámite, ya que “sería en su caso un examen de legalidad ordinaria” que no vulnera el derecho a la igualdad.
La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d’Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada Operación Cataluña e incluye como investigados al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.
La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada policía patriótica, se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol. Presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, en ella se acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la Policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras y la familia Pujol.
La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid (ambos ya clausurados) si no facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que “intimidaba” al Gobierno andorrano y a sus ministros durante una visita oficial al Principado en enero de 2015 para precipitar el cierre de la entidad.
