Las “marionetas” de Villarejo se desmarcan de su trama

A falta de escuchar todavía a la defensa de José Manuel Villarejo, acusado de comerciar con información confidencial a cambio de cantidades millonarias, buena parte de los procesados se esfuerza en desmarcarse de la trama en la fase final del primer gran juicio que se celebra contra él en la Audiencia Nacional. Frente a los indicios que la Fiscalía ha puesto sobre la mesa, los abogados de los principales colaboradores del antiguo policía —incluidos su mujer, Gemma Alcalá; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; y su socio, Rafael Redondo— han aprovechado las dos últimas sesiones de la vista oral para dibujar un escenario en el que ninguno participó o sabía de los tejemanejes. “Éramos tontos útiles, marionetas de Villarejo”, ha llegado a decir otro acusado.

El juicio ha enfilado esta semana su recta final. Después de que la Fiscalía y el resto de acusaciones expusieran a principios de mes sus conclusiones, las defensas comenzaron a hacerlo este lunes. El abogado de Rafael Redondo, principal colaborador del comisario, abrió la veda: “Villarejo era el jefe supremo, era el jefe todopoderoso. Ejercía un control férreo y absoluto”, dijo el letrado, que desechó cualquier responsabilidad de su representado: “Redondo es abogado y estaba contratado por Villarejo para prestar servicios jurídicos en sus empresas [...] Seguía en todo momento las consignas que Villarejo le daba”.

Una vez abierto ese camino, muchos otros han seguido la misma senda. La defensa de Antonio Bonilla y David Macías, dos de los presuntos colaboradores del comisario, ha expuesto que Villarejo se dedicaba a “colocar peones” para lograr así la información que necesitaba; y que ideó, incluso, un sistema de “departamentos estancos” que él controlaba y que le permitía saber todo, mientras el resto no eran más que “tontos útiles, marionetas”. Al igual que Redondo, Macías ha insistido en que era un simple empleado del agente de policía, según la agencia Efe.

La mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, ya desplegó una estrategia similar cuando declaró en diciembre en el juicio. Ella también se definió como “otra empleada”, pese a que figura en la estructura societaria del grupo empresarial de Villarejo. Según dijo, solo constaba allí porque su marido se lo pidió por si le pasaba algo, y que ella no participó ni tomó ninguna decisión en los presuntos proyectos de espionaje. Precisamente, su defensa recogió esa tesis en su exposición final de esta semana, cuando ha calificado los indicios contra ella como un “globo” inflado “artificialmente”. “La acusación responde más a la intención de alterar vida personal y familiar que a los criterios de legalidad”, dijo su abogado.

En la misma línea se ha movido José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario, que ha asumido la mayor parte del protagonismo en la sesión de este martes. Su abogado ha echado balones fuera y ha defendido que “no participó” en el Proyecto Pintor, por el que la Fiscalía le pide pena de cárcel. Según el ministerio público, el hijo del policía estuvo en reuniones con el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando, que ficharon a la trama para obtener ilegalmente datos de un exsocio al que reclamaban el pago de una deuda. El abogado del hijo niega, en cambio, esa versión.

Según la defensa de Villarejo Gil, pese a que un audio lo sitúa en uno de los encuentros con los clientes, solo entró a esa reunión porque su padre lo llamó para intentar conectar el cable de un monitor. ”[Fue] entrar, enchufar un cable y salir”, ha dicho el abogado del vástago del comisario, que ha insistido en que no se le puede pedir responsabilidad por acciones “neutras” como esta.

La vista oral continuará este miércoles con las conclusiones de más defensas que aún quedan por intervenir. Entre otros, aún falta por exponer el abogado de Villarejo, que se espera que se prodigue más de una jornada. Pese a ello, el tribunal ya ha fijado el próximo martes como el día previsto para que acabe el juicio, al que se pondrá punto final tras casi un año de sesiones —arrancó en octubre de 2021—. El propio comisario tendrá la oportunidad de poner la guinda a este largo proceso: ese mismo martes podrá usar su derecho a la última palabra.