Obras en la policía destapan pruebas perdidas del caso de la muerte de Déborah Fernández, prescrito y sin resolver

La lista de las chapuzas y agujeros negros del caso de la muerte de Déborah Fernández-Cervera, una joven viguesa asesinada en 2002 cuando estaba a punto de cumplir 22 años, es tan interminable como extraña. La instrucción, que prescribió el pasado mayo para cualquier nuevo sospechoso que surja y solo sigue abierta para el exnovio, imputado in extremis, sigue vomitando pruebas de la causa que durante casi dos décadas latió aletargada sin apuntar a nadie. El nombre rimbombante que al principio recibió esta investigación casi siempre en manos de la Policía Nacional, Operación Arcano, se revela una y otra vez como el más acertado para unas pesquisas en las que se puede decir que la familia de la víctima llevó casi todo el peso. Fue una empresa contratada por los padres de Déborah la que descubrió en el último año que el disco duro del ordenador de la chica había sido formateado durante el tiempo de custodia. También fue la familia la que logró en la recta final exhumar el cuerpo y contrató a un forense que halló fibras y pelos en las uñas, que no se habían revisado hace 20 años. Ahora, según denuncian los letrados, en las obras de reforma de las dependencias de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) en Canillas (Madrid), han aparecido oficios policiales, fotografías, cintas de vídeo y un móvil sin tarjeta SIM vinculados al caso Déborah.

La desaparición, la última tarde de abril de 2002, y el descubrimiento del cuerpo desnudo de la joven en una cuneta a 40 kilómetros de Vigo, 10 días después y con semen inyectado artificialmente en la vagina, fue un suceso que golpeó de lleno al elitista círculo social de la víctima y del ahora único imputado, P. P. S.-LL. El investigado, hoy casado y con hijos, que niega toda implicación, trabajaba ya entonces en los negocios de congelados de su familia, entre Latinoamérica y Vigo, donde frecuentaba el Club de Campo. Cuando falleció Déborah Fernández, él pasaba largas temporadas en el extranjero y la pareja había roto. El hombre nunca fue involucrado formalmente y la cuenta atrás para que expirase un supuesto delito de asesinato no se frenó para él hasta que, a punto de cumplirse los 20 años, la actual jueza instructora (ya ha habido tres magistrados al frente) lo citó a declarar en calidad de investigado.

En el comunicado con el que saca a la luz el nuevo capítulo policial, la familia de la víctima expresa su “incredulidad e indignación” por este esperpento. El oficio de la unidad de la Policía Nacional encargada del caso, fechado el 5 de septiembre, revela que “con ocasión de las obras que se están realizando desde el pasado año en las dependencias de la UDEV Central dentro del Complejo Policial de Canillas”, se ha hallado “un legajo desconocido hasta la fecha que contiene efectos y documentación referentes a la investigación sobre la muerte de Déborah Fernández-Cervera Neira”.

El escrito enviado al juzgado de Tui (Pontevedra) responsable de la causa detalla que en las obras “se han efectuado dos traslados tanto del personal como de la documentación obrante en la Sección de Homicidios y Desaparecidos”. “Aprovechando el final de las obras y el regreso a la ubicación original”, prosigue el oficio, “se ha iniciado un proceso de digitalización de la documentación existente, motivo por el cual se está revisando todo lo archivado”. El legajo perdido ha sido recobrado en el “despacho que ocupa el Grupo I de Homicidios, junto a documentación relativa a otros asuntos antiguos”.

“¿Cómo se puede haber ocultado un teléfono móvil durante todos estos años? ¿Sin tarjeta SIM?”, se preguntan los letrados de la familia Fernández-Cervera Neira. Además, esto “ocurre”, apuntan, justo cuando la magistrada “ha denegado la petición de conocer la cadena de custodia del disco duro del ordenador de Déborah y detalles sobre la naturaleza del acta de recogida” de la siniestrada memoria interna del PC. Aunque en la primavera pasada pidieron al juzgado que abriese una investigación aparte para aclarar cómo se borró el contenido del ordenador, los abogados no lo han conseguido. “A esto se une”, lamentan también en su último comunicado de prensa desde el despacho de Ramón Amoedo, “la negativa reiterada de la juez de incorporar a la causa judicial el contenido de todos los legajos policiales de los que hasta el día de ayer se tenía constancia”.

“Ante este nuevo varapalo, los letrados de la familia van a pedir que se depuren responsabilidades, sin descartar la presentación de reclamaciones judiciales”, advierten los abogados. Los padres, las dos hermanas y el hermano de la chica fallecida creen que, a pesar de las décadas de insistencia, todavía hay ángulos ciegos y mucha información que no conocen sobre el crimen que rompió sus vidas. De momento, tampoco saben qué pueden aportar las fotos, los vídeos, los documentos policiales y el terminal móvil ahora descubiertos. “No sabemos si las nuevas pruebas afectarán o no” a la única vía que sigue abierta, contra la expareja, comenta Rosa Fernández-Cervera, hermana de Déborah. En un oficio policial, los agentes indicaban a la juez que un antiguo inspector jefe y un comisario del caso habían asegurado que el móvil de la víctima no había sido entregado por la familia. Supuestamente, es el que ha sido encontrado ahora en el despacho del equipo de homicidios.

“Siento vergüenza ajena por el sistema de justicia que tenemos, si así se le puede llamar”, ha escrito abrumada en sus redes sociales, por este enésimo disparate en la investigación, la hermana de la víctima que lleva años haciendo de portavoz de la familia. “¿A esto le llaman un sistema garantista?”, se pregunta Rosa Fernández; “todos sabemos que Déborah no es la única que sufre esta humillación. Cuando crees que ya no hay más errores todavía te sorprenden con otro más gordo que el anterior”. “Siento rabia, impotencia, frustración”, lamenta. “Tu muerte, Deboritah, no ha servido para nada, y esto solo demuestra que a nadie más le ha importado ni le importa que un asesino campe a sus anchas y disfrute de la vida que a ti te robó”.

Un disco duro borrado, sobreescrito y humeante

Al disco duro del ordenador de la víctima no le pudieron pasar más cosas, si de lo que se trataba era de destruir información. Cuando la familia —después de una campaña de recogida de apoyos en las redes sociales y el hallazgo de nuevos testigos— logró que se reabriera el caso que había permanecido archivado durante años, los padres de la víctima contrataron los servicios de criminólogos, forenses y una conocida empresa de peritaje informático, Lazarus Technology. La firma, que había trabajado para los cuerpos de seguridad del Estado en casos como el de Diana Quer y Marta del Castillo, descubrió que alguien con grandes conocimientos en la materia había accedido al disco duro, borrado y sobreescrito información. Pero esa no fue la única desgracia padecida por el aparato.

Durante la investigación, la madre de Déborah entregó el disco duro, que permaneció custodiado años por la policía. Cuando el caso fue reabierto en 2019, los abogados supieron que estaba guardado como prueba en el juzgado y solicitaron una copia para ponerla en manos de Lazarus. El día fijado por la juez para llevar a cabo el trasvase de datos en presencia de la Guardia Civil, recuerda la familia, “aparentemente, al menos una parte ardió”.

Tras el accidente, los agentes se lo llevaron para tratar de recuperar el contenido y después de unos meses lo devolvieron sin lograrlo. Los letrados pidieron una vez más que fuese entregado a Lazarus y la empresa sí consiguió hacer el volcado. A partir de ahí, y ya cuando el caso expiraba, aportó una copia al juzgado y se quedó con otra para el peritaje privado. El resultado de este, cuenta Rosa Fernández-Cervera, es “demoledor”: “El disco estaba manipulado, habían borrado un montón de datos” y había también señales de “sobreescritura”, que denotan que pasó por las manos de “alguien con muchos conocimientos de informática”.

El hallazgo del legajo desconocido y del teléfono sin SIM ha hecho estallar a la hermana, que critica a la fiscalía, al juzgado y a los agentes encargados de esta investigación sin frutos. Rosa Fernández describe a “un fiscal apocado y sin sangre, que en vez de velar por el bien esconde la cabeza y no se molesta ni en hacer una pregunta” en los interrogatorios. También se refiere a la magistrada, “a la que le mienten en reiteradas ocasiones y no es capaz ni de plantar cara a cosas que están probadas y corroboradas por testigos e incluso policías”. Sobre los ya seis grupos de especialistas en homicidios que se sucedieron en la investigación, la portavoz familiar señala que obviaron “recogidas de pruebas necesarias” o que en las tomas de declaraciones “omitieron información” que se les trasladaba. Fueron “tan incompetentes”, afirma sobre los policías, “que en los primeros años no interrogaron ni a nuestra familia ni a nuestros amigos”. “Pero es que ni siquiera saben dónde guardan las pruebas de un caso de esta gravedad”, reprocha Fernández-Cervera, “y las presentan 20 años más tarde, con todo su cuajo, cuando la mayor parte de la causa está prescrita”.