Las exhumaciones del Valle de los Caídos, paralizadas por el PP de San Lorenzo de El Escorial y grupos profranquistas

Las 104 familias que llevan años peleando para recuperar los restos de represaliados del franquismo enterrados sin su consentimiento en el Valle de los Caídos no dan crédito al último impedimento: el rechazo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por el PP, a conceder la licencia de obra necesaria para empezar los trabajos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a las familias el pasado junio, al levantar las medidas cautelares que habían impedido ejecutar el plan de exhumaciones en el mausoleo, pero el Consistorio se niega ahora a facilitar ese último trámite administrativo con el argumento de que cabe recurso contra la decisión del TSJM. Los familiares, muchos de ellos ancianos, preparan una querella contra la alcaldesa, Carlota López Esteban.

El informe jurídico de San Lorenzo de El Escorial admite que el 21 de junio fue notificada al Ayuntamiento la sentencia del Tribunal Superior de Madrid levantando las medidas cautelares, pero sostiene que “no es firme” porque contra la misma cabe recurso de casación. La sentencia del TSJM afirmaba que la licencia se concede para un proyecto técnico que facilite los accesos a las criptas, “manteniendo el uso del resto del complejo” sin que suponga “una transformación urbanística”. Al no provocar “situaciones irreversibles”, los magistrados concluían: “No concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística”. La sentencia anulaba así la decisión previa del juzgado contencioso-administrativo número 10 de Madrid, que había atendido los recursos presentados por grupos profranquistas y antimemorialistas. El informe del Ayuntamiento lo firma Concepción Garrido Pineda, secretaria municipal, tras solicitarlo el concejal delegado de Urbanismo. La abogacía del Estado planteó el pasado julio un incidente ante el juzgado de lo contencioso para que el Ayuntamiento levante la suspensión de la licencia, según explican desde Patrimonio Nacional.

Familiares afectados por este nuevo retraso han enviado cartas a la alcaldesa, Carlota López Esteban, del PP. En las misivas, le explican cómo llegaron los restos de sus familiares al Valle de los Caídos, “tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver”; recuerdan que Patrimonio Nacional reconoció en noviembre de 2020 su derecho a recuperar los restos y que una sentencia de 2016 autorizó a una de las familias, la de Manuel Lapeña, a hacerlo. “Nuestros derechos no se están haciendo efectivos por actuaciones de muy dudosa legalidad, pues en estos momentos no existe disposición judicial alguna que impida la concesión de la licencia [de obra]”, afirman. La carta concluye asegurando que no piensan rendirse y solicitando que no se pongan más obstáculos “en cumplimiento estricto de la ley”.

En el primer aniversario de su victoria en la Guerra Civil, en 1940, Franco explicó a sus hombres de confianza y a embajadores de la Alemania nazi y la Italia fascista el proyecto del Valle de los Caídos. Entonces no tenía intención alguna de incluir a los muertos del bando enemigo, pero tampoco contaba con que la construcción fuera a prolongarse casi 20 años. Cuando llegó el momento, muchas viudas de soldados franquistas no autorizaron el traslado de los restos al mausoleo. El régimen necesitaba cuerpos para alimentar aquella enorme cripta y el Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a los Ayuntamientos de toda España. Muchos municipios contestaron que no tenían muertos franquistas, pero sí “fosas del ejército rojo”. Así fue cómo, sin que sus familias lo supieran, cientos de cadáveres de republicanos fueron trasladados al Valle de los Caídos.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió la licencia de obra para iniciar las exhumaciones en el mausoleo hace más de un año, el 24 de junio de 2021, pero, siguiendo la misma táctica empleada por los descendientes de Franco para tratar de frenar el traslado de los restos del dictador, grupos profranquistas y antimemorialistas presentaron una cascada de recursos para suspender la licencia. En su día, el abogado Francisco Javier Zaragoza logró suspender cautelarmente las actuaciones al atender el juez José Yusty su recurso, pero el Tribunal Supremo aprobó finalmente el procedimiento y la exhumación de Franco se realizó en octubre de 2019 con el aval de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El abogado es hijo de Pedro Zaragoza Orts, falangista y miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco hasta su fallecimiento, en 2009. El juez Yusty, hijo y nieto de almirantes franquistas.

Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle, explica que ahora “concurren exactamente las mismas condiciones y circunstancias que en el momento en que se concedió la licencia”, y recuerda la avanzada edad de muchos de los descendientes. Manuel Lapeña, que consiguió en 2016 una sentencia que autorizaba la exhumación de su padre y de su tío en el Valle de los Caídos, murió en septiembre del año pasado, a los 97, sin haber visto cómo se ejecutaba. Mercedes Abril y Fausto Canales, hijos de fusilados trasladados sin consentimiento familiar al mausoleo, tienen 88. El hijo de uno de los hermanos Cansado, también enterrados en el Valle, ya ha cumplido los 100. Esta espera, repite Navarro, “es una tortura psicológica”.

El interior de las criptas donde yacen los restos de los represaliados, al menos 33.833 personas, según las cifras oficiales (el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel), se ha deteriorado con los años y la humedad. El forense Francisco Etxeberria —que trabajó en Chile en el examen de los restos del cantautor Víctor Jara, los del expresidente Salvador Allende y los del poeta Pablo Neruda— diseñó hace meses la intervención en las criptas para tratar de devolver a sus familias los restos que reclaman. El plan contempla adecentar las criptas y el Consejo de Ministros aprobó una partida de 650.000 euros en marzo de 2021 para todo el proceso.