La frustrada reconstrucción de Fraguas, una pedanía abandonada en la España vacía: multa y cárcel para los repobladores

Acaban de recolectar las patatas y los ajos. Gonzalo Aracil lleva nueve años reconstruyendo y habitando las casas abandonadas de Fraguas, una antigua pedanía del municipio de Monasterio (Guadalajara), que fue expropiada en 1968 para plantar pinos en el monte. Era un lugar vacío y deshabitado cuando llegaron en 2013. Junto a cinco compañeros se enfrenta ahora a un grave problema: un proceso judicial en el que pueden ir a la cárcel por usurpación y delito contra la ordenación del territorio. Y deben hacer sus cálculos sobre cómo asumir las costas de demolición incluidas en la condena y valoradas en 109.841 euros, tras la sentencia, el pasado junio, del Juzgado de lo penal 1 de Guadalajara.

Un grupo de 15 personas llegó en 2013 al despoblado. La Asociación Fraguas Revive presentó varios proyectos a la Junta de Castilla-La Mancha sobre apicultura, agricultura y ganadería ovina para la prevención de incendios. Ninguno fue aprobado. Aun así, siguieron. “Sabíamos que no teníamos los permisos, pero pensábamos que nos verían con buenos ojos”, reconoce Aracil. No era ingenuidad, habían estudiado la zona: a 40 kilómetros al norte, una entidad similar tenía cedido el uso de pastos, cultivos, y edificios. Allí un grupo de arquitectos se rebeló hace más de 40 años contra la desaparición de los pueblos de la serranía de la provincia. Sin embargo, los de Fraguas no han conseguido la simpatía de las instituciones.

De las 50 casas que había en Fraguas, han rehabilitado dos para viviendas, otra como almacén y un antiguo gallinero, respetando la metodología tradicional y los diseños originales: “Solo hemos añadido elementos de seguridad a las estructuras”.

Un año después de su llegada, la Junta de Castilla-La Mancha —bajo el mando de Dolores de Cospedal (PP)— los denunció por usurpación de monte público. Los agentes forestales identificaron a 50 personas en el enclave. Llegaron a ser enjuiciadas, aunque solo seis fueron condenadas. En ellas recae el peso de la ley. Tras nueve años de proceso judicial, se ha ratificado la sentencia, condenándolos por este delito, y otro contra la ordenación del territorio que interpuso el siguiente equipo de Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE).

Mercedes Álvarez, que coregenta una casa rural, única oferta de pernocta en los alrededores, comprende su estado de ánimo: “Son buena gente, generosa. Estas cosas queman, empiezas con mucha ilusión con un proyecto de vida y te encuentras que igual vas a la cárcel. Es un sinsentido”. Su marido y socio, Miquel Jiménez, les sintió vecinos desde el primer momento: “Venían aquí, les comprábamos sus productos artesanales (mermeladas, cremas…). Han bajado alguna vez, les hemos dado un caldito y cuando les hemos ido a visitar nos acogen”.

Aunque las denuncias han sido interpuestas por la Junta de Castilla-La Mancha, el matrimonio de hoteleros, que apoya desde su llegada al grupo, acusa también al Consistorio por su resistencia al cambio: “El Ayuntamiento podría hacer mucho más. Tendría que haberles empadronado”.

En una entrevista de Cuatro Al Día, la alcaldesa María Victoria Delgado aseguró que “ellos [los pobladores de Fraguas] saben que no se les ha podido empadronar porque el pueblo no existe”. Fuentes del Instituto Nacional de Estadística, entidad encargada del empadronamiento, corrigen a Delgado: “De acuerdo a la Ley, el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino. En consecuencia, incluso la ausencia total de techo puede y debe figurar como domicilio válido en el padrón”.

La Junta de Castilla-La Mancha incluyó en octubre de 2021 al municipio de Monasterio —donde se encuentra el despoblado de Fraguas— entre los que tienen “riesgo de extrema despoblación”. No es una excepción: la situación es dramática, con el 93% de los municipios de la provincia afectados. El colectivo no entiende cómo no ven con buenos ojos su propuesta, como sí se hace en otras regiones como Navarra, donde el Gobierno foral ha desarrollado un proyecto junto a la Red Ibérica de Ecoaldeas para recuperar pueblos abandonados, o en Aragón, donde la comunidad ha cedido municipios a colectivos para su repoblación, como Artosilla, Ibort y Huesca.

Jóvenes que no quieren ser urbanitas

Andrea Martín (23 años) lleva más de un año conviviendo en Fraguas. Es informática y teletrabaja desde el poblado. Se molesta cuando le dicen que ahí no hacen nada. “A veces se nos ve como personas que queremos huir y que hemos venido a sentarnos en el monte sin oficio ni beneficio. Este es un trabajo duro, hay que creer en el proyecto”. Siente que, en un contexto grave de despoblación y de falta de acceso a la vivienda, no se les deja vivir en el campo: “Somos gente joven que no queremos ser urbanitas. Si quieren que vengamos al campo, tenemos que poder vivir del campo. ¿Qué queréis, un hotel, un spa?”.

Desde hace años reforestan la zona con especies autóctonas, asesorados por asociaciones especializadas. La última replantación ha sido de robles, bellotas y encinas. En su defensa de la vuelta del ecosistema original han encontrado unos aliados de excepción. Se refieren a ellos con tono reverencial, como Los Antiguos. Son aquellos vecinos y vecinas que fueron expropiados en 1968 y que aún hoy vuelven al pueblo de visita, y hasta han declarado en los tribunales a su favor.

El colectivo Fraguas Revive se ha enfrentado a tres gobiernos regionales. Entre 2017 y 2019, hubo cierto acercamiento durante el mandato conjunto de PSOE y Podemos. Tras la primera sentencia condenatoria, en junio de 2018, se puso la cosa complicada, pero se presentó ante el juzgado un acuerdo entre las partes que los jueces rechazaron. Un portavoz de la Administración regional reconoce que en dicho acuerdo se proponía “explorar la puesta en valor de usos y actividades permitidas en la normativa del parque natural. Pero, fue desestimado por el juzgado. Y aunque no compartimos la decisión judicial, hay que asumir que existe una sentencia judicial firme que se debe cumplir”.

“Desde que el juzgado no la aceptó, la Junta ha ido a por nosotros, se añadieron los delitos contra la ordenación del territorio y daños medioambientales”, asegura Aracil. El Gobierno regional afirma haber retirado el segundo de ellos. “Se retiró la acusación por delito de daños, evitando que pesara el ingreso en prisión sobre las personas condenadas”, explica un portavoz.

“Eso es una mentira horrorosa, es que me hierve la sangre”, rebate Aracil. “Lo retiró la Fiscalía y la Junta lo aceptó en sala durante el juicio porque los agentes forestales y del Seprona declararon que no había impacto medioambiental apreciable”.

El desencuentro es total. Desde el Ejecutivo de García Page aseguran que “solo una de las seis personas implicadas permanece allí y algunas viven en pueblos de la comarca donde se les había ofrecido vivienda”. Pero, Isabel Turina, otra de las condenadas, lo niega: “Cada uno nos hemos buscado la vida, no nos ofrecieron nada”.

Ella, Lalo Aracil y cuatro compañeros se enfrentan ahora a una pena de cárcel que sobrepasaría los cuatro años si no abonan, cuando el juzgado lo dictamine, los 110.000 euros por las demoliciones de las cinco reconstrucciones, según el cálculo de TRAGSA. Aracil aún espera un milagro: “Nos queda el último rayito de esperanza, hemos puesto el último recurso, a ver qué pasa”, explica mientras retira unos rastrojos de la calle principal del antiguo pueblo.