La factura del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha: 31 millones en indemnizaciones por obras
Casi una década después del fin del Ejecutivo del PP, su gestión de las infraestructuras regionales sigue provocando choques en las Cortes regionales
“No la pares, Cospedal, no la pares”, vocifera Ángel Tomás Godoy, del PSOE, mientras habla en el debate sobre las inversiones en autovías en la región programado el 17 de febrero de este año en las Cortes de Castilla-La Mancha. Se refiere a las arengas que los presidentes de las diputaciones de Cuenca y Albacete lanzaron a la presidenta manchega cuando se paralizó la autovía entre las dos ciudades. Su intervención destapa un asunto que afecta a los bolsillos de los castellanomanchegos: las indemnizaciones pagadas a empresas privadas por el actual Gobierno del PSOE (en el poder desde 2015) por la paralización o la liquidación de obras sin abonar en carreteras que decidió hace casi un decenio el Gobierno que encabezó María Dolores de Cospedal (PP) entre 2011 y 2015. Unas decisiones que han resultado en un desembolso de 31 millones de euros, según los acuerdos de Gobierno consultados por este diario.
“Para nosotros habría sido más fácil decir: ‘Que el juez decida’. Pero habríamos pagado tres veces más”, dice David Merino, director general de Carreteras y Transporte de la Consejería de Fomento, sobre los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo con 15 compañías afectadas por tres proyectos que no llegaron a ejecutarse, y por otros tres en los que no cobraron tras finalizar las obras. Una situación para nada excepcional: el Gobierno de Castilla-La Mancha ya tuvo que hacer frente al pago de 17,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones por la paralización de siete infraestructuras sanitarias.
¿Por qué Cospedal paralizó esas obras impulsadas entre 2008 y 2011 por el anterior Ejecutivo, del PSOE? Porque la crisis económica azotó las cuentas de la comunidad autónoma, justifica el PP.
“La legislación de 2011 a 2015 fue terriblemente dura por la situación económica,” argumentan desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha. “Las deudas que dejaron los gobiernos socialistas, dejaron atados de pies y manos al Gobierno de Cospedal. Cuando se tiene que hacer frente a una situación económica en la que hay dificultades para pagar las nóminas de los trabajadores públicos, pues como para hacer autovías...”.
A continuación, cuatro ejemplos de los acuerdos consultados:
- 10 de noviembre de 2015. El Consejo de Gobierno aprueba un gasto de 3,4 millones de euros para pagar a las empresas encargadas de construir el primer tramo de la autovía del Júcar, que permitiría la comunicación rápida entre Albacete y Cuenca, pero que nunca llegó a materializarse. “Se han pagado millones de euros, pero no se ha hecho ni un metro de carretera”, explica David Merino, director general de Carreteras y Transporte de la Consejería de Fomento. Lo mismo ocurrió con el segundo tramo, cuya paralización supuso 3,5 millones de euros para los castellanomanchegos. Un proyecto dormido que más de una década después nadie ha recuperado.
- 20 de diciembre de 2016, otro varapalo para las arcas públicas de Castilla-La Mancha. El Ejecutivo autonómico tuvo que indemnizar a la empresa con 309.000 euros, porque uno de los tres ejes de la autovía de La Sagra, en Toledo, se había paralizado. “Ya se habían pagado tres millones por liquidación, pero la empresa no estaba de acuerdo con la cifra y siguió reclamando”, detallan en el Gobierno castellanomanchego.
- A las indemnizaciones por paralizar obras se le suman aquellas por discrepancias en la liquidación de las obras acabadas. Es el caso del primer tramo de la autovía del IV Centenario, de Ciudad Real al municipio de Granátula de Calatrava, terminada en 2011. La empresa pedía 16 millones de euros. Cuatro años después, llegaron a un acuerdo de 6,9 millones de euros. “El mayor problema fue que el PP no quiso llegar a ningún tipo de negociación con las empresas”, dice Merino.
- Suma y sigue. En 2016, tres reclamaciones de las empresas constructoras de la Ronda Sur de Talavera de la Reina: liquidación, exceso de obra ejecutada e intereses de demora por el pago tardío de las certificaciones, que acabaron en una indemnización de 8,9 millones de euros. Las consecuencias se alargaron hasta 2019, cuando la Junta autorizó un pago de 7,8 millones para suscribir la liquidación del primer tramo de la autovía de La Sagra, que en mayo de 2011 abrió al tráfico.
Un lustro después, la polémica sigue presente en el día a día de la política castellanomanchega. Solo hace falta volver al citado pleno de febrero de este año en las Cortes regionales: “Venga proyectos de carreteras que son carísimos, y que se deja caducar, y que hay que volver a hacer. En eso sí se gasta dinero, mucho dinero, pero, en hacer carreteras, pocas”, se quejó en uno de ellos Javier Sevilla, de Ciudadanos. “Con mucho dolor, se tuvo que decidir no seguir con muchas de las infraestructuras, incluso algunas ya adjudicadas, que, en esta tierra, no se podían pagar”, manifestó María Roldán, del PP, a lo que Ignacio Hernando, consejero de Fomento (PSOE), respondió irónico: “Ya llegará Emiliano García-Page [el actual presidente, del PSOE] y los indemnizará después, ya llegará Page y pagará lo que debemos”.
