La UE respalda a España en su pugna con Bélgica por las euroórdenes del ‘procés’
El tribunal europeo presentará sus conclusiones el 14 de julio
La Comisión Europea ha apoyado este martes, a través de sus servicios jurídicos, la posición del Tribunal Supremo español en la pugna que mantiene con Bélgica para hacer cumplir las euroórdenes de arresto de los líderes independentistas catalanes del procés fugados desde 2017. Durante la vista celebrada ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, Julio Baquero, representante del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, expuso su convicción de que España no registra problemas sistémicos en su sistema de justicia, por lo que no cabe alegar una posible vulneración de derechos para no entregar al exconsejero catalán Lluís Puig.
El TJUE examinaba en esta sesión la cuestión prejudicial planteada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena tras la negativa de la justicia belga a entregar a Puig a España, en una causa que puede marcar también el futuro judicial del expresident catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont, y de otros líderes independentistas prófugos.
Tras la vista, que se ha alargado durante seis horas, el Abogado General del TJUE, Jean Richard de la Tour, ha anunciado que presentará sus conclusiones sobre el alcance de las euroórdenes el próximo 14 de julio. Ese dictamen no será vinculante, pero en la mayoría de casos sirve de orientación para la sentencia final del tribunal europeo.
La entrega de Lluís Puig a España fue rechazada en enero de 2021 por los tribunales belgas alegando una posible vulneración de sus derechos fundamentales en España. El magistrado Pablo Llarena elevó entonces una cuestión prejudicial, preguntando al TJUE si un Estado miembro de la UE podía entrar a cuestionar la competencia de un tribunal de otro Estado miembro para cumplir una euroorden.
El letrado de la Comisión Europea Julio Baquero ha afirmado este martes en la vista: “En la medida en la que no hay deficiencias sistémicas o generalizadas [en la justicia española], tampoco habrá riesgo futuro”. Y ha apuntado que, al no existir esos riesgos sistémicos, no es necesario examinar el riesgo particular que hipotéticamente podrían sufrir Puigdemont y los exconsejeros a la hora de aplicar una euroorden de arresto.
“Confianza mutua quiere decir confianza entre sistemas equivalentes. Si no hay deficiencias, el sistema de confianza debe mantenerse”, ha defendido, en referencia a que el modelo de las euroórdenes —órdenes de detención que emite la justicia de un país para arrestar a un fugado que se encuentra en otro país de la UE— se apoya en un principio de confianza entre los Estados miembros que debe respetarse.
En representación de España, la abogada del Estado Andrea Gavela ha coincidido en que la deficiencia que justifique no cumplir una petición de entrega debe ser generalizada, “porque una falla puntual se salva con los mecanismos del propio sistema”, y ha recalcado que se debe demostrar el riesgo real de que las vulneraciones se materialicen en caso de entrega. Gavela ha avisado a los miembros del TJUE de que con este caso “está en juego que una situación excepcional se aquilate y haga inoperante la herramienta” de las euroórdenes.
El Abogado General del TJUE, Jean Richard de la Tour, ha centrado sus preguntas a las partes —la defensa de los líderes independentistas, los representantes de España y la Comisión Europea— en dirimir la cuestión de la vulneración de derechos y cómo se verifica el riesgo que corre una persona de no tener un juicio justo, principal argumento de la defensa de Puigdemont y los exconsejeros.
El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena ha considerado “ilógico y absurdo” que Bélgica pueda cuestionar la competencia de Llarena de emitir las euroórdenes, y ha sostenido que esto supondría que el país receptor de una petición de extradición pudiera controlar las normas procesales del país emisor. La defensa de Puig y Puigdemont ha acusado a Llarena de usar las euroórdenes de forma política. El abogado Gonzalo Boye ha afirmado que los líderes independentistas sufren una “persecución infame” por motivos políticos.
