La justicia europea revisa la pugna entre Bélgica y el Supremo por las euroórdenes de los fugados del ‘procés’

La justicia europea examina este martes las preguntas planteadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que pueden marcar el futuro judicial de Carles Puigdemont. Tras el rechazo de Bélgica a entregar a España por un delito de malversación al exconsejero de la Generalitat Lluís Puig —fugado, como el expresidente catalán, de la justicia española—, Llarena elevó al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una cuestión prejudicial para que determinase si los jueces belgas están interpretando correctamente el derecho comunitario al resolver las euroórdenes de detención de los prófugos. La intención de Llarena es que el TJUE limite las posibilidades de Bélgica de rechazar la euroorden por sedición y malversación dictada contra Puigdemont y el exconsejero Toni Comín y contra la exconsejera Clara Ponsatí (solo por sedición), que están paralizadas a la espera de lo que responda Europa. Este martes se celebra la vista con la presencia de todas las partes, y la sentencia llegará en unas semanas.

En el escrito enviado al TJUE, Llarena planteó siete preguntas. Unas buscan respuestas sobre cómo debe actuar él como juez que emite la euroorden, mientras que otras van dirigidas a que el tribunal europeo concrete el papel de la justicia belga. Entre las primeras, Llarena pregunta al TJUE si Bélgica puede denegar la entrega “sobre la base de causas de denegación previstas en su derecho nacional, pero no contempladas como tales en la Decisión Marco” que regula las euroórdenes. Esta es una de las quejas principales del instructor del Supremo respecto a los argumentos esgrimidos por Bélgica para denegar la entrega del exconsejero Puig.

El instructor pregunta también si la justicia belga “puede cuestionar la competencia” del Supremo para juzgar este caso; es decir, rechazar la entrega por entender que no es competente, como ocurrió con Puig. Esta tesis es uno de los principales puntos de confrontación entre la justicia de ambos países, ya que Bélgica sostiene que los fugados del procés deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero el Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, defiende su competencia, que fue ratificada por el Tribunal Constitucional.

En la vista de este martes en Luxemburgo no declarará Lluís Puig. La previsión es que los abogados de las dos partes —el exconseller y el Estado español— expongan sus argumentos ante los jueces en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE. No está previsto que la vista se prolongue más allá de un día, informa Manuel V. Gómez.

Las respuestas del TJUE a Llarena determinarán en gran medida las posibilidades de prosperar de otra euroorden, la dictada contra Puigdemont, que tramita Bélgica. La justicia comunitaria tiene pendiente también de resolver el recurso del expresident contra la decisión del Parlamento de la UE de levantarle su inmunidad como eurodiputado. A la espera de ambas resoluciones está no solo la justicia belga sino también la italiana, que debe decidir sobre la petición de entrega formulada por Llarena el pasado septiembre después de que Puigdemont fuera detenido —y después puesto en libertad— en Cerdeña.