El PSOE no tiene votos para ascender a Delgado cuando cese de fiscal general

El PSOE parece condenado al fracaso en su pretensión de sacar adelante la reforma exprés que garantizaría a los fiscales generales del Estado una plaza en una sala del Tribunal Supremo cuando abandonen el cargo. De ese modo, la actual jefa de la Fiscalía, Dolores Delgado, lograría un ascenso cuando cese en su puesto, ya que si no tendría que volver a su plaza en la Audiencia Nacional, de rango inferior. El PSOE ni siquiera tiene garantizado el apoyo de Unidas Podemos, incomodado porque sus socios no le informaron de la iniciativa y también por la manera en que se ha presentado, a través de una enmienda a la ley concursal.

Son varios los grupos parlamentarios, sobre todo los de la oposición, los que cuestionan el fondo mismo de la propuesta. Pero la forma también ha levantado ampollas en el socio minoritario del Gobierno y su base parlamentaria, porque los socialistas pretenden introducir esa disposición en una ley que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la Fiscalía, la que regulará los procedimientos de quiebra de las empresas.

Unidas Podemos añade otro agravio: nadie de los socialistas los avisó. Y la primer reacción de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, tras considerar que el PSOE “ha hecho un movimiento, como poco extraño”, fue anunciar: “No la vamos a apoyar”. Fuentes autorizadas del grupo de UP matizaron después ese rotundo anuncio, explicaron que su discrepancia es en la forma, no en el fondo, y se mostraron abiertos a negociar con los socialistas.

Esta fuentes comentaron que están de acuerdo con el objetivo de reservar un puesto en el Supremo a los fiscales generales salientes como un modo de “preservar su independencia”. De ese modo, argumentan, se desvincularía el futuro profesional del máximo responsable de la Fiscalía del Estado de cualquier posible interferencia del Gobierno de turno. UP trasladó su malestar a los socialistas por no haber sido informados, pero las dos partes han quedado en negociar. El PSOE ha expresado a su socio, según las fuentes consultadas, que se ha elegido la ley concursal como la vía más rápida para sacar adelante la medida antes del verano, cuando finalice el actual periodo de sesiones en el Congreso.

Aunque finalmente el PSOE lograse convencer a su socio de Gobierno, le faltan apoyos para sacar adelante la propuesta. La oposición de PP, Vox y Ciudadanos es frontal. Y entre los habituales aliados, dos ya anticiparon su clara negativa, ERC y EH Bildu (13 y 5 diputados, respectivamente). “La formas son lamentables”, deploró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Es una trampa. Y no es la primera vez que lo hacen”, añadió en alusión a otras maniobras del Gobierno para juntar, sobre todo en decretos leyes, asuntos sin ningún relación entre sí.

El otro socio principal del Gobierno, el PNV (seis diputados), tiene una posición más matizada, pero tampoco está por la labor. El grupo vasco defiende la pertinencia de la propuesta “que ya existe en la carrera judicial” y subraya que no quiere participar de “la persecución de la derecha española contra Dolores Delgado”. Pero al mismo tiempo fuentes parlamentarias del PNV consideran que “no debe hacerse ahora y menos de la forma que se ha planteado”. Otro aliado del Gobierno, el líder de Más País, Íñigo Errejón, no entró en el fondo del asunto, pero sí se mostró convencido de que el PSOE no tendrá apoyos suficientes para aprobar la medida por la tortuosa vía legal que ha elegido.

La derecha va más mucho más allá de las formalidades legales e interpreta la iniciativa como un modo de premiar a Delgado, anteriormente ministra de Justicia y diputada socialista. “¿Es esta una norma ad hoc para la señora Dolores Delgado?, ¿la ha dado el Gobierno por amortizada y le está buscando una salida?”, se preguntó el portavoz popular de Justicia, Luis Santamaría, quien exigió al PSOE que retire una propuesta “que ni siquiera se ha consultado con el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial”. Más duro aún, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, calificó de “vergüenza” y “tropelía” la enmienda socialista.

El PP ha negado además que, como dice el Gobierno, la iniciativa venga impuesta por un informe de Greco, el grupo anticorrupción del Consejo de Europa. En la parte del informe de ese organismo al que apela el Ministerio de Justicia, se piden “garantías adicionales” a la Fiscalía española para protegerla de “interferencias indebidas” y se alude genéricamente a los problemas que pueden plantear las “puertas giratorias” entre cargos públicos y privados del mismo ámbito.