Todos pendientes del testimonio de Dina Bousselham

Dina Bousselham, de 31 años, regresa a la Audiencia Nacional con todas las miradas pendientes de ella. La antigua asesora de Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, vuelve este martes a sentarse ante el juez Manuel García-Castellón para declarar en el enrevesado caso Dina, la investigación que arrancó con la diana fija en el comisario José Manuel Villarejo, pero que acabó con el magistrado señalando a la propia Bousselham y a su exjefe. Según fuentes de su entorno, la exasesora llega a esta cita con la intención de mantener a salvo al exvicepresidente del Gobierno, al que considera una víctima más de la trama de Villarejo. Pese a ello, fuentes de Podemos indican que son conscientes de que un interrogatorio es imprevisible y puede influir en las últimas decisiones que García-Castellón, que ya atribuyó a Bousselham un delito de falso testimonio, tome sobre la causa.

El programa previsto para este martes consta de cuatro capítulos. Según ha acordado el juez, la jornada comienza con la declaración de Bousselham a las 9.30 —es la tercera vez que responderá a las preguntas del magistrado, pero la primera vez después de que el instructor no lograra encontrar pruebas contra Iglesias—. Y sigue con la de su expareja, Ricardo Sa Ferreira, a las 10.00; la del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), el comisario Eugenio Pino, a las 10.15; y la de los peritos de la Sección de Ingeniería Informática Forense que elaboraron uno de los informes clave del caso a las 10.30.

García-Castellón ya da por agotadas estas pesquisas, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia le ordenó que tomase declaración a los tres primeros. El tribunal le indicó algunas cuestiones que todavía quedan pendientes.

¿Cómo se dañó la tarjeta? La intrincada historia del caso Dina comienza en el IKEA de Alcorcón (Madrid). En noviembre de 2015, Bousselham denunció que alguien le había robado el móvil cuando se encontraba con Sa Ferreira en dicho centro comercial. Apenas unas semanas después, en enero de 2016, Iglesias recibió una llamada del presidente del Grupo Z y editor de la extinta revista Interviú, Antonio Asensio, que le comunicó que había llegado a su poder una tarjeta con los datos del teléfono de su asesora —en un sobre anónimo, según los periodistas que la recibieron—. Asensio le entregó entonces el dispositivo al líder de Podemos, que no se lo dio a su subordinada hasta mediados de ese año, cuando varios medios comienzan a publicar su contenido para perjudicarles, según el partido.

La polémica quedó ahí en aquel momento. Pero se reactivó en marzo de 2019, cuando el juez García-Castellón decide abrir una línea de investigación dentro del caso Villarejo centrada en aquel episodio. La Policía había encontrado en casa del comisario otra copia de la tarjeta de Bousselham y el magistrado quería averiguar si Villarejo había cometido un delito de revelación de secretos al filtrar esa información a los periodistas o, incluso, si se encontraba detrás de una supuesta operación para robar el móvil. Pero el juez dio un giro a esa tesis en 2020, después de que la asesora admitiera en una segunda declaración que ella misma hizo algunos de los pantallazos de chats publicados en los medios. Además, aseguró que no pudo acceder al dispositivo que le había dado Iglesias tras recuperarlo de manos de Asensio.

García-Castellón se sintió engañado y cambió el objetivo de sus pesquisas. El magistrado concluyó que Villarejo no era la fuente de los medios y consideró que una “filtración interna del partido” explicaba que esos pantallazos acabasen publicados, ya que la asesora dijo que pudo haberlos reenviado a algunos compañeros. De hecho, además de atribuir a Bousselham un delito de falso testimonio por “faltar a la verdad” en su primera declaración, el juez acusó al ya vicepresidente de inventarse una conspiración para presentarse como víctima del comisario, y pidió su imputación al Tribunal Supremo por delitos de revelación de secretos, denuncia falsa y daños informáticos —pues también consideró que el político había dañado la tarjeta antes de entregársela a su antigua subordinada—.

Pero el Supremo descartó aquella teoría por falta de indicios y le devolvió el caso a García-Castellón, que no desistió y encargó un informe a la Policía para tratar de encontrar pruebas sobre la supuesta destrucción de la tarjeta, que Iglesias siempre ha negado. Una línea de investigación que no ha fructificado, pues los efectivos de la Sección de Ingeniería Informática Forense han concluido que no se podía saber cómo se había roto. Estos agentes se encuentran citados a declarar este martes para “ratificarse” y hacer las “aclaraciones” que se les pidan.

Antes, Bousselham tendrá la oportunidad de salvar a Iglesias. Porque, fracasada la vía de imputarle un delito de daños informáticos por la acusación de destruir la tarjeta, aún queda pendiente el delito de revelación de secretos por guardar el dispositivo un tiempo sin dárselo a su dueña. Pero este requiere una denuncia previa de la víctima y esta ya ha expresado varias veces que no tiene intención de actuar contra su exjefe: “No ha tenido ninguna participación en los hechos investigados más allá de la entrega a mi representada de una tarjeta”, expuso la exasesora en un escrito enviado este febrero a la Audiencia.

¿El origen de la filtración? La Sala de lo Penal ordenó celebrar estos interrogatorios para profundizar también, “en la medida de lo posible”, en el origen de la filtración de otros documentos —ajenos a los pantallazos— que se encontraban en la tarjeta de Bousselham y que también acabaron publicados. Porque, como señaló la Fiscalía, en el domicilio de Villarejo se hallaron otros muchos papeles de la exasesora que procedían de su móvil. En esa línea se enmarca la declaración de Sa Ferreira: “Podrás servir para explicar algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y recuperación de la tarjeta”, expuso el tribunal cuando dio luz verde a esta cita.

¿Actuó la policía patriótica? Podemos defiende la tesis que detrás del robo y la difusión del contenido móvil pudo estar la policía patriótica, el grupo de agentes que actuó en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior de Rajoy y que maniobró contra grupos de la oposición. Entre ellos se encontraba el propio Villarejo, que estaba a las órdenes de Eugenio Pino, al que se considera el muñidor de ese clan que también activó Kitchen, la operación de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas para robarle presuntamente documentos comprometedores de altos cargos del PP.

Durante su declaración ante el juez, Villarejo contó que recibió una copia de la tarjeta de manos de dos periodistas de Interviú y que, entonces, la entregó en la Dirección Adjunta Operativa, que encabezaba Pino. De ahí que la Sala de lo Penal ordene escuchar la versión de este último, citado este martes. Porque, justo en aquella época, se produjeron maniobras desde la Policía contra Podemos. A la policía patriótica se le atribuye el informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un falso documento policial —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al partido y que acabó publicado en varios medios. Además, en abril de 2016, un presunto integrante de la policía patriótica viajó hasta Nueva York, sin aval del juez y la Fiscalía, para reunirse con un exministro chavista a fin de pedirle datos contra la formación de izquierdas a cambio de protección en España, según consta en una grabación.