El ‘caso Primarias de Salamanca’ compromete a Mañueco en periodo de investidura

La sombra de la corrupción interna persigue el PP de Castilla y León en pleno proceso de la todavía incierta investidura de Alfonso Fernández Mañueco. El presidente en funciones tiene abierto un frente judicial en Salamanca, que evalúa si existió “financiación ilegal” del PP en sus elecciones primarias de 2017 al ingresar en el banco dinero para abonar cuotas impagadas de militantes. El partido recaudó más de 60.000 euros procedentes de cargos públicos para financiar deudas de afiliados y que estos pudieran votar a Mañueco, entonces alcalde salmantino, en el proceso interno para elegir candidato a la Junta. Mañueco arrasó en su provincia y salió ganador, siendo a la postre dirigente autonómico. El juez ha imputado al PP como persona jurídica, al presidente provincial de la formación, Javier Iglesias, que se negó a declarar en plena precampaña, y a la gerente del partido, Isabel Sánchez, citada para declarar como investigada este jueves y que se ha acogido a su derecho a no declarar, según fuentes cercanas al caso. El objetivo es aclarar el origen de 24.140 euros que el magistrado aprecia “sin justificar” y que el PP trata de explicar con declaraciones juradas como las del propio Mañueco, que admitió haber aportado 1.000 euros de su patrimonio para contribuir a saldar deudas de los militantes.

El goteo de informaciones sobre el caso ha ido cayendo sobre el PP en periodo electoral. Hace unas semanas se confirmó que la Fiscalía ha llevado al PP ante el Tribunal de Cuentas por ocultar dichas aportaciones en su proceso de primarias de 2017. El 17 de enero el coronavirus libró al PP de la imagen del presidente provincial de la formación, Javier Iglesias, entrando en sede judicial. Iglesias esgrimió dolores por la vacuna para no acudir al tribunal y cuando intervino por videoconferencia, también rehusó declarar. El presidente en funciones y líder del PP en Castilla y León insiste en el “pleno respeto a la justicia” cuando se le pregunta por este caso. Aquellas elecciones primarias las ganó Mañueco sobre el entonces regidor de León, Antonio Silván, ahora senador, al lograr el 67% de los votos. El apoyo fue masivo en Salamanca, con un 97% de los sufragios, y mayoritario en Zamora, Segovia, Burgos o Ávila. Solo se pronunció el 13,31% de los afiliados, 6.047 sobre un total de 51.191 inscritos entonces. De esos 6.047 votos, 1.212 votos venían de la provincia charra.

El juez ha apreciado “indicios racionales” de posible delito de financiación ilegal, tipificado desde 2015, pues de los 62.000 euros recaudados hay 24.140 euros “sin justificar” para pagar cuotas de afiliados, lo que supondría una “donación anónima ilegal”.

Entre los recibos investigados figuran dos resguardos bancarios del presidente Mañueco, de 600 y 300 euros, extraídos el 20 y 27 de febrero de 2017. Hasta al menos 10 días después de estos movimientos bancarios no se supo que el expresidente Juan Vicente Herrera (que presidió el Partido Popular en Castilla y León entre 2001 y 2019) renunciaría a la reelección y que Mañueco aspiraría a relevarlo.

Iglesias, presidente provincial de la formación, afirmó que la decisión de Herrera de no volver a presentarse, hecha pública el 9 de marzo de 2017, “les pilló por sorpresa”. El fiscal no entiende que el PP salmantino comenzara antes de esa fecha el proceso para poner al día las cuotas de los afiliados con retraso en los pagos.

Además de los extractos de Mañueco, se investigan entre 27 y 30 aportaciones económicas y “otras 39 declaraciones juradas”. En total, suman 17.350 euros de los 61.937,65 que ha reconocido la gerente como suma amortizada. La ley orgánica sobre la financiación de partidos, de 2015, establece que las aportaciones, individuales o acumuladas, de más de 25.000 euros deberá fiscalizarlas el Tribunal de Cuentas. Esta norma, aprobada durante la presidencia de Mariano Rajoy, prohíbe también las aportaciones finalistas, en este caso destinadas según el PP a cubrir las cuotas de los afiliados.

Según el representante del ministerio público, el presidente del PP salmantino presentó “de manera desordenada, sin ningún criterio y con absoluta dejadez, documentos bancarios donde figuran reintegros de cajero de diversas fechas, con los que pretende justificar las aportaciones de otras personas para pagar cuotas”.

El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, elegido por Salamanca, reconoció haber dado 1.000 euros “en metálico” de su “patrimonio personal” con la “finalidad exclusiva del pago de cuotas adeudadas de afiliados del PP de Salamanca para facilitar que pudieran participar en dicho procedimiento electoral interno”, según consta en una declaración jurada incorporada al sumario del caso.

Bermúdez de Castro fue ponente de la ley orgánica de financiación de partidos, que exige que las aportaciones no sean en efectivo, para impedir el blanqueo de dinero negro, sino “mediante domiciliación bancaria”.

La acusación particular, que ejerce la asociación popular Los Verdes Salamanca, considera que, al destinar todo el dinero a Salamanca la formación quebrantó el principio de igualdad porque se ayudó exclusivamente a los votantes favorables a Mañueco en perjuicio de Silván.