Transparencia Internacional critica el retraso del Gobierno en adoptar las medidas de la UE contra la corrupción

Transparencia Internacional criticó este martes, un año más, al Gobierno por su falta de iniciativas legislativas contra la corrupción, esta vez por el retraso en trasponer, entre otras, la directiva europea que exige crear canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de las personas que alertan sobre posibles infracciones, que debía formar parte del ordenamiento español desde el 17 de diciembre. Este organismo independiente lanzó su advertencia durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, en el que España obtiene 61 puntos en una escala de 100 en la que a mayor puntuación menos presencia de corrupción. Es un punto menos que el año pasado.

Los autores del estudio consideran que este “estancamiento” refleja “un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas”. España se sitúa en el puesto 34º en una clasificación de 180 países, dos puestos por debajo del informe relativo a 2020 y cuatro con relación a 2019. España se sitúa en 14º lugar entre los 27 Estados de la Unión Europea. Transparencia Internacional considera que “para mantener la imagen y competitividad” de la economía española, el índice debería situarse por encima de 70.

España sigue muy lejos de los tres países que encabezan el listado con 88 puntos: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Las grandes potencias de la UE también se sitúan muy por encima de España. Alemania recibe 80 puntos y Francia, 71. Portugal, que hasta el año pasado figuraba por detrás de España, le saca un punto en esta ocasión (62). Italia se mantiene por detrás, con 56 puntos. El índice, que se elabora desde 1995, emplea 13 encuestas y evaluaciones elaboradas por especialistas, que luego se unifican.

Transparencia Internacional pidió este martes al Gobierno de Pedro Sánchez a que acometa de manera urgente diversas reformas. “La agenda legislativa no puede esperar más y debe ser un compromiso político sin excepción”, recalcó su presidenta en España, Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre esas medidas se sitúa la urgente trasposición de la directiva de filtradores, cuyo proyecto está elaborando aún el Gobierno. Cuando entre en vigor, toda la Administración pública y las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a tener canales de denuncia como las que hizo Edward Snowden, el consultor que reveló el alcance del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés) de EEUU, o José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó el caso Gürtel.

Este retraso ha causado, en opinión de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de Transparencia Internacional en España, que hasta la fecha siga sin haber “ninguna garantía de protección al denunciante”. El abogado Jesús Sánchez Lambás, integrante del mismo comité, destacó que solo cinco de los 27 miembros de la UE han desarrollado hasta ahora la directiva sobre los denunciantes. Sánchez Lambás alerta de que la situación puede empeorar este año por culpa de la crisis energética y la tensión internacional en torno a Ucrania.

Los expertos del organismo independiente achacan parte de este retraso a la pandemia. Además, según Villoria, esta circunstancia ha motivado “despilfarro, corruptelas” que explican que en España “en parte, se haya retrocedido” en la lucha contra la corrupción. No obstante, las críticas a España no se ciñen al retraso en la adecuación de esta directiva europea. Bacigalupo reclamó también al Ejecutivo de Sánchez otras reformas legislativas que ayuden a prevenir la corrupción y favorezcan el buen gobierno y la transparencia y que permitan salir del “estancamiento” en el que lleva instalada el país, según el índice de Transparencia Internacional.

Villoria insistió en la necesidad de hacer frente mediante leyes a los grupos de presión y al clientelismo político, donde España no ha mostrado en estos últimos años “cambios importantes”. Y puso como ejemplo el reciente nombramiento de los nuevos magistrados del Constitucional y del Tribunal de Cuentas, en los que “los partidos se ponen de acuerdo y nombran a personas muy cercanas a sus intereses”. “En España no conseguimos avanzar de manera suficiente”, se lamentó e insistió en que este es un momento clave con la llegada de 69.000 millones de los fondos para los que la UE exige “controles serios”.