Aprender de ‘Gürtel’ y ‘Malaya’ para combatir mejor la corrupción

A finales de marzo de 2006, la Policía Nacional detuvo a 29 personas tras investigar durante un año una trama de corrupción enraizada en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Era el caso Malaya, la primera gran operación policial contra la corrupción en España que supuso, también, el bautizo mediático de la entonces novel Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), creada un año antes y que hoy cuenta con 750 agentes repartidos por toda España. Tres lustros después de aquella operación, las fuerzas de seguridad continúan desmantelando redes corruptas y deteniendo a empresarios, cargos públicos y funcionarios, pero pocas cosas son como entonces.

“Las tramas eran mucho más burdas. Los implicados hablaban por teléfono sin ninguna precaución y llevaban los billetes en maletines. Ahora, utilizan ingeniería financiera y criptomonedas para ocultar el rastro del dinero y se valen de la última tecnología para encriptar sus mensajes”, destaca una inspectora que participó en aquellas pesquisas y que hoy sigue destinada en la UDEF. Otro policía que intervino en la operación Malaya y en el célebre caso Gürtel recuerda los rudimentarios medios con los que trabajaban: “Los bancos mandaban la documentación el papel y revisábamos a mano uno a uno los movimientos de las cuentas para marcar con rotulador los sospechosos”. Ahora, programas informáticos permiten hacer en una semana lo que entonces llevaba meses.

Esta evolución ha llevado a la Dirección General de la Policía a poner en marcha un curso pionero para formar a 40 de sus agentes en la lucha contra las nuevas formas de corrupción, en el que participarán como docentes, además de policías, jueces y fiscales anticorrupción, expertos de la Agencia Tributaria, de la Intervención General del Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). El curso, que se imparte en Madrid durante una semana desde el pasado lunes, tiene como objetivo “capacitar a los policías para comprender los diferentes problemas que concurren en la investigación de la corrupción”, destaca el actual jefe de la UDEF, el comisario Fernando Moré. Entre estos problemas, el alto mando policial destaca el complejo marco legal para combatirla, la intrincada operativa que exige la obtención de pruebas, la larga duración de las investigaciones y la habitual implicación de personas relevantes. “La exposición mediática de estas operaciones nos complica el trabajo”, reconoce el comisario Moré.

No es el único problema. Para la magistrada María de los Ángeles Villegas, del gabinete técnico del Tribunal Supremo y que imparte una de las clases, el actual proceso penal español [el Gobierno presentó en noviembre el borrador para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo rige] tampoco ayuda en la lucha contra la corrupción. “No es que sea antiguo, es la prehistoria”, señala. Villegas centrará su intervención en “la responsabilidad penal de las personas jurídicas” (empresas y otras entidades con derechos y obligaciones), un concepto relativamente nuevo en el Código Penal, en el que fue introducido en 2010 y reformado profundamente cinco años más tarde. Esta figura es, en opinión de la magistrada, “clave” para combatir la corrupción, aunque aún hay que esperar para que esté plenamente implementado. “Antes se creía que las personas jurídicas no podían delinquir. Tras el cambio, es necesario un periodo de adaptación tanto para las fuerzas de seguridad como para los jueces”, admite.

Proteger al informante

Miguel Ángel Encinar, también magistrado del gabinete técnico del Supremo, explica a los agentes otra figura legal introducida en los últimos años: la corrupción entre particulares. “El cohecho se ha entendido tradicionalmente en nuestra legislación como un delito siempre ligado a funcionarios públicos. Desde 2010 se contempla en el ámbito privado”, aclara. Para Encinar, el principal problema en España es que “no tenemos tradición de perseguir ni de denunciar estos delitos” lo que explica el aún reducido número de causas abiertas por esta figura delictiva. Para incrementar su número, Encinar cree necesario implementar lo antes posible la directiva de la Unión Europea (UE) de 2019 que busca proteger al informante, es decir, la persona que desde dentro de una organización, ya sea una empresa privada o un organismo de la administración, denuncia las irregularidades que conoce. Encinar aclara que esta figura no tiene nada que ver con el “chivato” o con el arrepentido. “Al informante hay que facilitarle un canal para que pueda denunciar ante su superior o las autoridades y evitar que sufra represalias”.

En similares términos se expresa Fernando Bermejo, fiscal Anticorrupción que participa, entre otras, en la investigación del caso del 3% que ha destapado la trama de comisiones ilegales a Convergència a cambio de contratos públicos: “La ley cojea en la protección tanto de los informantes como de los arrepentidos”, señala. “Nosotros recibimos muchas denuncias, pero son anónimas precisamente por esa falta de protección. ¡Ojalá viniera el denunciante en persona a contarnos los detalles!”, se lamenta Bermejo. No obstante, el fiscal cree que las carencias legales en la lucha contra la corrupción van más allá. “Falta introducir la figura del enriquecimiento ilícito, que existe en otros países europeos y, sobre todo, reformar el sistema procesal”, en línea con lo que defiende la magistrada Villegas. Para el fiscal, cuando son imputados, estos delincuentes aprovechan los recovecos legales para dilatar los procedimientos durante años. “Presentan recurso tras recurso, que tardan meses en resolverse. Ellos ganan tiempo y nosotros lo perdemos”, señala.

El comisario Moré también alerta de la dificultad añadida que supone el despliegue de juristas que utilizan los delincuentes para torpedear los casos: “Nos vemos obligados a poner el foco de la investigación en el futuro juicio oral, ser muy escrupulosos en no caer en defectos formales en la obtención de las pruebas o su custodia que pueda arruinar todo el trabajo. También analizamos las sentencias que dictan los tribunales de los casos que hemos llevado para saber qué hemos hecho bien y qué debemos mejorar”, señala el mando policial. A ello se añade la ingente cantidad de documentación, en papel y soporte informático, que se interviene en los registros. “Muchas de las herramientas tradicionales de investigación policial, como los pinchazos [intervenciones telefónicas] o los seguimientos, sirven de poco contra la corrupción. Aquí prima la captura y tratamiento de información, y eso son muchos terabytes [unidad de medida de almacenamiento de datos que equivale al espacio que ocupan más de un millón de documentos]. Ahí dependemos de la tecnología”, señala el comisario.

Recuperar el dinero

No obstante, Moré insiste en que las pesquisas tienen que ir más allá de la detención y condena de los corruptos, y abarcar también la localización y recuperación del dinero y los bienes que estos tengan ocultos. El problema surge que muchas veces estos se encuentran en paraísos fiscales o, como él prefiere denominarlos, “países que no cooperan”. El fiscal Bermejo también lamenta las trabas a la hora de investigar más allá de las fronteras: “Hay países que cumplimentan las comisiones rogatorias [procedimiento de auxilio judicial entre estados] tarde y mal. Otros, ni eso”.

Este problema también lo percibe Iñaki Arbea, policía en excedencia que participó, en 2015, en la investigación del caso Osasuna que llevó por primera vez a los tribunales las primas ilegales en fútbol español, y que en la actualidad es el responsable de Integridad de la LFP. Arbea vincula la corrupción en el deporte y, sobre todo, en el futbol al amaño de partidos para el fraude en las apuestas y, con ellas, a “grandes organizaciones criminales” asentadas fuera de España. “Son capaces de provocar un tsunami de apuestas en casas de juego de todo el mundo en aquellos partidos en los que consiguen predeterminar el resultado”, destaca. Como ejemplo pone el encuentro que disputaron, en mayo de 2018, entre el Huesca y el Nàstic, y que desembocó en la Operación Oikos en la que fueron detenidos futbolistas en activo y retirados de Primera. “Es muy difícil llegar hasta la cúspide de estas tramas, que pueden estar en cualquier otro lugar del mundo”, admite.

Pese a todo, el comisario Moré no considera España un país corrupto: “Tenemos casos [en el momento de la entrevista asegura que la UDEF tiene abiertas cerca de 300 investigaciones], pero la corrupción no es sistémica como en otros países”. Arbea considera que en el deporte “va en retroceso, pero es más sofisticada”. El fiscal Bermejo cree posible que “en el futuro haya más casos Malaya, Gürtel o Púnica” y defiende que para luchar contra ellos serán necesarias “más herramientas legales”. La magistrada Villegas apunta en la misma dirección: “Hace falta un cambio importante en el ordenamiento que permita afrontar esta forma de criminalidad”. 40 agentes de la UDEF han tomado nota de todo ello durante los últimos días.