El presidente del Constitucional se reserva el control de los proyectos de sentencia

El Constitucional va a tratar de acelerar sus tareas celebrando plenos cada 15 días, a partir del que tendrá lugar la última semana de este mes. Los planes del tribunal de garantías para este primer trimestre del año pretenden cerrar la fase de aterrizaje de los nuevos magistrados —tras la polémica renovación de noviembre último—, con el fin de entrar ya en materia sin prisa pero sin pausa.

Después del pleno de enero, por tanto, habrá dos más en febrero y otros dos en marzo. En total, cinco durante todo el trimestre, un promedio de actividad superior al de los dos últimos años de pandemia. El objetivo es abordar los recursos pendientes con el propósito de resolverlos por mayorías lo más amplias posibles, evitando la guerra de trincheras en que se convirtieron los plenos durante el último tramo del mandato anterior.

No hay todavía un orden del día preestablecido para dichas reuniones plenarias, en parte debido a que el plan acordado va a suponer a este respecto una novedad importante, consistente en el reforzamiento de las atribuciones del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, del sector conservador. Trevijano se ha reservado la facultad de incluir o no en la agenda de cada pleno los proyectos de sentencia que se vayan elaborando.

Sin el nihil obstat del presidente ningún borrador de sentencia accederá a las sesiones plenarias, ni se votará en ellas sin dicha luz verde. Hasta ahora, en cambio, lo más habitual era que el ponente proponía el momento en que un asunto debía darse como suficientemente deliberado y, por tanto, podía someterse a votación en el pleno. Ello había dado lugar en ocasiones a la aparición de cierto factor sorpresa.

No será posible, por ejemplo, que un proyecto de fallo relevante, como el de la ley Celáa, que figuró entre los propuestos en el último pleno del anterior Constitucional —y no se aprobó por falta de tiempo—, se someta a deliberación formal sin una discusión anticipada sobre su contenido. Lo que se pretende es alejar la perspectiva de fallos aprobados por seis votos a cinco, con exhibición de las divisiones y luchas intestinas entre los magistrados. No se trata de que un resultado de este tipo —como el que se produjo en la sentencia sobre el primer estado de alarma, de la que fue ponente el propio Trevijano— sea irrepetible. Pero tanto el presidente del tribunal como su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, quieren evitar la reedición de las tensiones que estallaron entonces.

En este contexto, fuentes del tribunal explican que algunos fallos importantes —como el relativo a la ley del aborto— podrían quedar pendientes hasta la próxima renovación del tribunal, prevista para junio de este año. Tal hipótesis se produciría si en los contactos previos entre los componentes del tribunal se pone de manifiesto que no hay consenso o una amplia mayoría para aprobar el texto que ha empezado a elaborar el nuevo ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, quien tiempo atrás se mostró crítico con la legislación vigente.

Estas medidas se trataron y acordaron en una reunión informal del pleno que tuvo lugar en el Constitucional antes de Navidad, tras la toma de posesión de los nuevos magistrados. En aquel encuentro —descrito en la propia institución como “charla de café”— se acordó iniciar una etapa de “recogimiento benedictino”, en expresión de las citadas fuentes. La finalidad de tanta reserva fue que el tribunal de garantías desapareciera durante un tiempo de los principales titulares de los medios de comunicación.

La prioridad tras el parón navideño estribará en responder a los recursos de súplica presentados por los condenados en la causa del procés contra la denegación de las recusaciones que plantearon contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, argumentando su afinidad con el PP, partido que les propuso para acceder al tribunal en su reciente renovación. En los dos casos se alegaba falta de imparcialidad, mientras en una iniciativa paralela se recusaba también al presidente del tribunal —nombrado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP)— si no se abstenía de participar en la impugnación dirigida contra Arnaldo, por la amistad existente entre ambos.

El Constitucional respondió a estas recusaciones —que habrían dejado al tribunal sin quórum— con un auto muy rotundo, aprobado por unanimidad, en el que se subraya que “nadie puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas”. En la resolución —que implica un cambio de doctrina en esta materia— se añade que “la afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación”.

El auto supuso un volantazo del tribunal en esta cuestión, por la facilidad con que hasta ahora habían prosperado los intentos de apartar a magistrados, como en el caso de Pablo Pérez-Tremps, recusado por el PP en el caso de la sentencia del Estatut en 2010, o más recientemente en los de Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido, cuestionados por los líderes independentistas para alejarles de las sentencias del procés, por haberse manifestado críticamente, aunque con distinta intensidad, sobre el 1-O.