Interior contesta a la Audiencia Nacional que no ha dado ninguna orden de devolución de menores marroquíes
El ministerio descarga la responsabilidad de la iniciativa en Ceuta y alega que ese tribunal no es competente para resolver sobre el conflicto
El Ministerio del Interior sostiene que de ese departamento no ha salido ninguna orden ni acto administrativo sobre la devolución supuestamente irregular de los 700 menores marroquíes de Ceuta que pueda ser recurrido ante los tribunales. Así lo afirma en su respuesta a la Audiencia Nacional, que, tras un recurso de una ONG, había dado 24 horas al departamento de Fernando Grande-Marlaska para que entregara una copia certificada del documento que dio inicio el pasado viernes a las devoluciones, supuestamente sin las debidas garantías jurídicas. En su respuesta al tribunal, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, sostiene que “no existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido” ante la Audiencia Nacional y que el escrito cuya copia se reclama simplemente “se limita a poner de manifiesto que el ministro del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos”.
El Ministerio del Interior ha descargado en el Gobierno autónomo de Ceuta la responsabilidad de la iniciativa y la fórmula jurídica elegida para devolver a Marruecos a los 700 menores que entraron irregularmente en la ciudad el 17 y 18 de mayo, durante la avalancha migratoria propiciada por Marruecos para forzar un cambio en la posición española sobre el Sáhara Occidental. En un escrito a la Audiencia Nacional, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska afirma que “desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha venido solicitando la aplicación del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había solicitado a Interior, tras el recurso de la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que entregara en 24 horas una copia del documento que dio inicio a las devoluciones, que arrancaron el viernes a razón de 15 diarias y, según la Fiscalía y distintos organismos, sin cumplir las mínimas garantías jurídicas de protección de los menores. Además, en sus alegaciones, Interior afirma que el recurso de la ONG se interpone contra el acuerdo por el que se ordena la devolución de los menores y este “no ha sido dictado por el Ministerio del Interior” y al no tratarse de un acto dictado por el ministro o el secretario de Estado, “la Audiencia Nacional no sería competente para conocer del recurso”.
En su contestación a la Audiencia Nacional, Interior recuerda, además, que los acuerdos de retorno de los menores “están siendo enjuiciados” por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta, por lo que si el tribunal central siguiera adelante con el recurso “vulneraría la litispendencia”, es decir, el principio de no juzgar dos veces el mismo asunto. También sostiene que en la causa abierta en Ceuta, el pasado lunes 16 se acordó como medida cautelar la suspensión del retorno de los menores, por lo que la medida cautelar de suspensión solicitada a la Audiencia Nacional por la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado “carece de sentido y eficacia”.
Tanto el ministerio público como las organizaciones de apoyo a los menores consideran que el plan de devoluciones vulnera al menos la Convención de Derechos del Niño de la ONU, ratificada por España en 1990, que exige que el niño sea “escuchado” en “todo procedimiento judicial o administrativo” que le afecte, y la Ley de Extranjería de 2000, que impone como requisito que para cualquier devolución de menores tanto la Fiscalía como los servicios sociales emitan un informe previo, cosa que no consta que haya sucedido en este caso.
El Gobierno de Ceuta admitió este martes que no contaba con ningún documento escrito que informase de forma individual sobre las circunstancias de cada uno de los 45 menores que han sido devueltos a Marruecos y que entraron en la ciudad entre el 17 y 18 de mayo durante la crisis fronteriza. No obstante, Marlaska ha ofrecido numerosas entrevistas para justificar lo sucedido en los días pasados: “Lo que se determina es reagruparlos de manera asistida, para volver a su entorno social y con su familia, tal y como recoge la Convención del Niño”, defendió el ministro, asegurando que “se ha respetado el ordenamiento jurídico en su conjunto”.
Tras conocer el escrito de Interior, la ONG que solicitó a la Audiencia Nacional la paralización urgente (cautelarísima, sin escuchar a la otra parte) de las devoluciones de menores ha manifestado que las alegaciones del Gobierno son “extemporáneas” y “no pueden ser tenidas en cuenta por el tribunal”, ya que el Ejecutivo todavía no tiene consideración de parte en el procedimiento. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado rechaza también que Interior sostenga que el escrito que dio inicio al proceso sea un “ruego” y no un acto administrativo formal. “Es evidente (por no decir palmario) que el ministerio es el único capaz de activar tratados, no es competencia delegable que un tratado internacional se pueda activar unilateralmente por un organismo inferior”, como el Gobierno autónomo de Ceuta, afirma la ONG en un comunicado.
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